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title: "Operación Código Infancia: Desarticulan red transnacional de trata de personas en el norte de Chile"
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description: "La PDI desarticuló una red transnacional de trata de personas liderada por una mujer en el norte de Chile. Diez imputados en prisión preventiva."
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date_published: "2026-08-10T05:10:00-04:00"
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tags:
  - "Iquique"
  - "Menores de Edad"
  - "PDI"
author_name: "Diego Arenas"
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author_bio: "Contacto darenas@thetimes.cl"
category_name: "Chile"
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# Operación Código Infancia: Desarticulan red transnacional de trata de personas en el norte de Chile

![Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI realizando operativo  / The Times Latino](/download/multimedia.normal.9da922a5ab818265.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

*Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI realizando operativo / The Times Latino*

Una indagatoria de la **Policía de Investigaciones** de Chile desarticuló una organización criminal transnacional dedicada a la trata de personas y explotación sexual en Iquique y Alto Hospicio. La operación, bautizada como Código Infancia, permitió el rescate de menores y la detención de diez imputados tras una denuncia anónima inicial.

## Radiografía de una estructura criminal transnacional en la frontera norte

La investigación que culminó en el operativo policial comenzó a estructurarse a partir de una denuncia anónima recibida en diciembre del año pasado. Los reportes iniciales alertaban sobre un flujo inusual y nocturno de personas en un inmueble ubicado en el sector céntrico de Iquique.

Tras meses de diligencias encubiertas, interceptaciones y seguimientos dirigidos por el Ministerio Público, los equipos especializados establecieron la existencia de una red estructurada jerárquicamente para operar en la zona norte del país.

La organización operaba mediante una cadena logística perfectamente sincronizada que abarcaba desde la captación internacional hasta la explotación comercial en recintos clandestinos.

Las indagatorias revelaron que la red se enfocaba principalmente en captar a mujeres y adolescentes en situación de vulnerabilidad económica en Bolivia.

El punto neurálgico de ingreso se situaba en las inmediaciones del complejo fronterizo de Colchane.

Una vez que las víctimas cruzaban la frontera, distintos operadores de la agrupación se encargaban de recibirlas y transportarlas en vehículos particulares hasta la región de Tarapacá.

El uso de rutas secundarias y pasos no habilitados buscaba evadir los controles migratorios y policiales vigentes en las carreteras del norte grande chileno.

Este modus operandi evidencia los desafíos estructurales que enfrentan las fiscalías regionales en materia de seguridad fronteriza y control del crimen organizado transnacional.

## El rol de la cabecilla y la logística de los recintos clandestinos

El liderazgo de la agrupación recaía en una ciudadana boliviana con residencia regular en Chile, identificada en los registros judiciales como **Marlene Galvis**.

Según la carpeta investigativa, Galvis coordinaba de manera directa a los captadores en el país vecino y definía los perfiles de las mujeres que serian trasladadas hacia el territorio nacional.

La estructura contaba con colaboradores encargados de la logística terrestre y la administración de los inmuebles donde se consumaban los delitos.

Entre los detenidos figura su pareja, un ciudadano chileno identificado como Carlos Aguirre, quien prestaba apoyo operativo y gestionaba los recursos financieros de la organización.

Los recintos utilizados como centros de explotación se ubicaban estratégicamente en zonas urbanas de alta densidad en Iquique y Alto Hospicio.

Llamó particularmente la atención de los investigadores que uno de los inmuebles operaba a escasos metros de un establecimiento educacional, exponiendo la vulnerabilidad del entorno.

Los locales disponían de sistemas de cámaras de seguridad y circuitos cerrados para monitorear los accesos y restringir cualquier intento de fuga por parte de las víctimas.

La retención de documentos personales y la limitación de la libertad de movimiento eran prácticas sistemáticas para asegurar el sometimiento de las mujeres afectadas.

Caja de cita - Rojo suave del sitio

**Ministerio Público • Operación Código Infancia**  
  
"La investigación permitió establecer que detrás de estos inmuebles clandestinos operaba una organización estructurada bajo roles definidos, dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y asociación criminal."

## El impacto sociojurídico y la aplicación de la legislación vigente

El despliegue nocturno de la **Policía de Investigaciones** permitió irrumpir en los domicilios vigilados, logrando el rescate efectivo de al menos dos menores de edad que se encontraban atrapadas en las redes de la organización.

Las adolescentes rescatadas fueron derivadas de inmediato a programas especializados de protección de la infancia bajo la tutela del Estado.

Durante los allanamientos, los efectivos policiales incautaron vehículos, documentación contable, registros digitales y cerca de 19 millones de pesos chilenos en efectivo, además de evidencias vinculadas al uso de criptomonedas para blanquear los capitales ilícitos.

En el marco de la audiencia de formalización de cargos, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los **diez imputados** detenidos durante el operativo.

A los integrantes se les imputaron delitos de carácter grave, incluyendo trata de personas con fines de explotación sexual y asociación ilícita bajo el amparo de la legislación nacional.

En Chile, el marco normativo sanciona severamente estas conductas a través de cuerpos legales específicos, contemplando agravantes estrictas cuando las víctimas pertenecen a sectores vulnerables o son menores de edad.

El fenómeno delictivo pone de relieve la urgencia de fortalecer la cooperación internacional entre los ministerios públicos de la región andina para frenar las redes de suministro ilícito.

La fiscalía continúa con las diligencias para determinar la extensión total de la red y esclarecer si existen más inmuebles operativos en el norte del país.

La protección integral de las víctimas sigue siendo el eje prioritario de las instituciones involucradas en este complejo caso judicial.

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