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  - "Michael Clark"
  - "Universidad de Chile"
author_name: "Javier Saldívar Flores"
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# Clark niega participación en operaciones clave de Sartor

![Michael-Clark](/download/multimedia.normal.9c11ae3726f9e2da.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

*Clark niega participación en operaciones clave de Sartor*

El 10 de agosto de 2026, en la octava jornada de formalización ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, los abogados de Michael Clark expusieron durante cuatro horas que el expresidente de Azul Azul no formó parte del núcleo decisorio de Sartor ni participó en las operaciones de 2023 y 2024. El empresario enfrenta cargos que, según querellantes, podrían sumar hasta 40 años de presidio. El Ministerio Público cifra el perjuicio a inversionistas en cerca de 191 millones de dólares.

## Argumentos de la defensa sobre el rol limitado

Los abogados Bernardo Rosenberg y Karen Clark, esta última hermana del imputado, centraron su exposición en separar a Michael Clark del grupo financiero. Rosenberg señaló que Clark no es socio de ninguna sociedad del grupo, no contó con poderes de administración, ni dispuso de teléfono o correo corporativo. Las facultades para suscribir contratos, comprometer activos y ejecutar transferencias residían en los apoderados clase A: Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Alfredo Harz, Óscar Ebel, Rodrigo Bustamante y Miguel León.

La defensa enfatizó que el origen de las irregularidades se remonta a 2016 y 2017, cuando desaparecieron 30 mil millones de pesos vinculados a Emprender Capital. En ese periodo, según Rosenberg, operaba un círculo de confianza del cual Clark no formaba parte. “La participación penal no se presume por el cargo. El dolo no se construye por pertenencia orgánica”, afirmó el abogado.

**Bernardo Rosenberg** Michael Clark no es Sartor, no es socio de ninguna de las sociedades del grupo, no tiene ni ha tenido poderes de administración de ninguna clase dentro del grupo, no aprobó operaciones en el año 2023 y 2024, jamás ha adquirido una acción de Azul Azul.

Karen Clark presentó datos concretos sobre las operaciones. Entre 2020 y 2021 el 62 por ciento correspondían a operaciones nuevas. En 2023 y 2024 predominaron las prórrogas, con un 60 por ciento y un 67 por ciento, respectivamente. De las 90 operaciones de 2023, Pedro Pablo Larraín aprobó 88, Alfredo Harz 87, Óscar Ebel 52 y Miguel León 62. En 2024 se registraron 164 operaciones. “En ninguna de esas operaciones participó Michael Clark”, subrayó la abogada.

## Perjuicio estimado y cargos imputados

El Ministerio Público estima el perjuicio en 78,5 millones de dólares más 104.640 millones de pesos, lo que equivale a aproximadamente 191 millones de dólares. Los cargos contra Clark incluyen administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, fraude por omisión de oferta pública de adquisición de acciones, lavado de activos y contrato simulado.

La Fiscalía solicitó prisión preventiva para Clark junto a Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Rodrigo Bustamante y Sergio Yáñez. Querellantes proyectaron penas de entre 21 y 40 años bajo la Ley de Delitos Económicos. Clark respondió días antes que “falta mucho para eso” y que se trata de una etapa preliminar.

En paralelo, el mismo 10 de agosto la Corte Suprema declaró ilegal la revocación de la autorización de existencia de Sartor Administradora General de Fondos dictada por la Comisión para el Mercado Financiero en diciembre de 2024. El máximo tribunal resolvió que la medida se adoptó “sin haber tramitado el procedimiento sancionatorio formal que exigía la naturaleza de la medida adoptada, vulnerando con ello las garantías esenciales del debido proceso administrativo”. La resolución deja sin efecto la Resolución Exenta N° 12.118, sin perjuicio de procedimientos posteriores de la CMF.

La CMF había aplicado en noviembre de 2025 sanciones administrativas por un total inicial de 367.500 unidades de fomento a exdirectores y al exgerente general. A Clark le correspondieron 65.000 unidades de fomento e inhabilidad por cinco años para cargos de director o ejecutivo principal en entidades fiscalizadas. Tras recursos de reposición, el total de multas se ajustó a 337.500 unidades de fomento, manteniéndose la sanción de Clark.

En el centro del desarrollo de la causa aparece el vínculo con la concesionaria de Universidad de Chile. Clark asumió el control de Azul Azul a través de Inversiones Antumalal y el Fondo de Inversión Privado Tactical Sport. La defensa sostuvo que se adquirieron cuotas de un fondo privado, no acciones, por lo que no correspondía una oferta pública de adquisición. “No se puede sancionar a nadie por no haber ejecutado lo que la ley le prohíbe ejecutar”, argumentó Rosenberg al citar el artículo 93 de la Ley Única de Fondos.

El contrato de compraventa permanece sin pago debido al embargo de las acciones. Clark declaró previamente ante Fiscalía que, con los antecedentes actuales, “jamás hubiera realizado esta operación”. Las acciones podrían volver al fondo Tactical Sports si se deja sin efecto la operación.

[caso Sartor](https://thetimeslatino.com/buscar?q=caso-sartor)

concentra la atención no solo por el monto del perjuicio, sino por su aplicación temprana de la Ley de Delitos Económicos. Esta normativa, vigente desde 2024, establece un régimen especial de determinación de penas que reduce las posibilidades de sustitución de la privación de libertad en casos graves y obliga a multas proporcionales al beneficio o daño.

Una comparación temporal muestra que el daño principal se concentró en 2023 y 2024, periodos en los que, según actas del expediente de más de 80.000 documentos, Clark no participó en el Comité de Crédito. El origen de la crisis, sin embargo, se sitúa entre 2016 y 2017 con el deterioro de Emprender Capital, ocultado según la defensa hasta 2018. Credicorp Capital, una de las principales afectadas, reportó que no ha recuperado ni un dólar de los más de 45 millones de dólares invertidos.

[Universidad de Chile](https://thetimeslatino.com/buscar?q=universidad-de-chile)

enfrenta incertidumbre sobre la estabilidad de su concesionaria. El embargo de acciones y la posible nulidad del contrato de control afectan la planificación deportiva y financiera del club, en un contexto donde la propiedad de las sociedades anónimas deportivas ya ha mostrado vulnerabilidades en otras instituciones del fútbol chileno.

## Impacto para inversionistas y el sector financiero

El caso involucra a aportantes que incluyen personas naturales, muchos de ellos jubilados, que destinaron ahorros de larga data a fondos administrados por Sartor. La recuperación depende de los procesos de liquidación y de las acciones civiles y penales en curso. La anulación de la revocación de la AGF por la Corte Suprema introduce un elemento de complejidad adicional en la administración de los activos remanentes.

Para el mercado de fondos de inversión, la formalización de 11 personas y la aplicación de la nueva ley marcan un precedente. Las penas efectivas de cárcel, si se confirman, podrían elevar el costo de las infracciones fiduciarias y reforzar los controles internos en administradoras. La defensa de Clark insistió en que el imputado confió en una estructura auditada por firmas externas y supervisada por la CMF, sin alertas de las áreas de riesgo, legal o cumplimiento.

Rosenberg comparó esa confianza con la de un cirujano que ingresa a un pabellón asumiendo que el instrumental está esterilizado. Según la defensa, nadie alertó sobre provisiones insuficientes ni sobre el verdadero estado patrimonial de las sociedades relacionadas.

La audiencia de formalización continúa con el debate de medidas cautelares. La resolución sobre prisión preventiva o alternativas determinará el escenario inmediato para Clark y los demás imputados. El expediente sigue abierto y las partes mantendrán presentaciones en las jornadas siguientes.

El volumen de documentación y la complejidad de las operaciones trianguladas, incluyendo transferencias vinculadas a fondos en Perú por montos cercanos a 49 millones de dólares, según antecedentes de la investigación, obligan a un análisis caso por caso de la participación de cada imputado. La defensa de Clark apuesta a demostrar que su rol se limitó a la dirección sin facultades ejecutivas en los periodos de mayor perjuicio.

La resolución de la Corte Suprema sobre la revocación de la CMF y los datos de participación en operaciones aportan elementos que no se limitan a la repetición de los cargos formales. El impacto medible se observa en la liquidez pendiente de los aportantes, la estabilidad de la concesionaria de un club de Primera División y la señal que envía el sistema de justicia económica a las administradoras de fondos en el país.

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