La Contraloría Regional de O’Higgins cerró en septiembre de 2026 una investigación especial sobre la oficina de Nancagua y, el 9 de octubre, informó que ordenará un sumario y enviará el informe al Ministerio Público.
La reconstrucción usa el comunicado institucional del 9 de octubre de 2026 y la ficha del Informe Final N° 429/2026, fechada el 30 de septiembre. No se incorporaron cifras que solo aparecen en medios.
El 9 de octubre de 2026 la Contraloría General de la República advirtió una entrega irregular de cédulas a personas extranjeras en la oficina de Nancagua, en la región de O’Higgins. El examen, a cargo de la Contraloría Regional, revisó 50 de los 136 documentos entregados a extranjeros en esa sede. El periodo principal va de noviembre de 2021 a diciembre de 2022, con algunos tramos posteriores.
Hecho
La investigación especial apuntó a la Dirección Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación. Según el comunicado, se abrió en el contexto de antecedentes judiciales ligados a una presunta red dedicada a obtener documentos de identificación para extranjeros. El organismo no publicó en esa nota el rol de la causa ni el tribunal.
El hallazgo central del Informe N° 429 de 2026 recae en la entonces oficial civil adjunta de Nancagua. Tramitó y otorgó cédulas aunque la documentación adjunta no era válida: los papeles correspondían a otra persona o el antecedente migratorio no servía. Tampoco pudo verificarse la existencia o la autenticidad de estampados electrónicos que debían respaldar la situación migratoria. Algunos carecían del código QR de verificación.
La ficha del informe, de nivel regional y tipo investigación especial, fija la fecha del documento en el 30 de septiembre de 2026. Su objetivo fue verificar eventuales irregularidades en los procedimientos administrativos de tramitación de cédulas de identidad a personas extranjeras por parte de la dirección regional.
Se advirtieron irregularidades relacionadas con la tramitación de cédulas de identidad a personas extranjeras, por cuanto se constataron documentación adjunta que no correspondía a la persona que indica, documentación no válida, estampados electrónicos no encontrados y un estampado sin código QR.
Cifras y comparación
La única muestra cuantificada en el comunicado institucional es la de 50 de 136 documentos entregados a extranjeros en la sede de Nancagua. Esa proporción equivale a poco más de un tercio del universo revisado en esa oficina. El organismo no publicó cuántos de esos 50 casos quedaron observados uno a uno, así que la cifra usable es el tamaño de la muestra, no una tasa de rechazo.
La comparación temporal disponible en la fuente es de periodo, no de volumen. El núcleo del examen son trámites de noviembre de 2021 a diciembre de 2022. El comunicado agrega “algunos períodos posteriores”, sin desglosar cuántas solicitudes ni cuántas observaciones corresponden a cada año. No hay, en la ficha visible, una serie regional de cédulas emitidas en 2026 con la que cruzar ese hallazgo.
La medida observable queda, por ahora, en el procedimiento y no en un recuento de documentos anulados. La Contraloría constató, además, que no había controles adecuados para validar la documentación migratoria presentada por extranjeros. También observó que investigaciones disciplinarias anteriores del propio servicio terminaron sin determinar responsabilidades, pese a los hallazgos descritos. No entregó en el comunicado el número ni el año de cierre de esos sumarios.
Instituciones
La Contraloría General instruirá un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados. En paralelo, remitirá copia del informe final al Ministerio Público. La ficha repite ambas salidas: sumario a cargo de la Contraloría Regional y copia del Informe Final para los fines que resulten pertinentes.
El servicio fiscalizado es la Dirección Regional del Registro Civil e Identificación del Libertador General Bernardo O’Higgins. La oficina singularizada es la de Nancagua. El comunicado no identifica a la funcionaria por nombre y la ficha deja ese espacio en blanco, de modo que la responsabilidad individual queda sujeta al sumario y no a una nómina publicada.
El ajuste que pide el informe es inmediato en el plano administrativo: la entidad debe, en lo sucesivo, adecuar su actuación a la normativa citada. Eso separa dos carriles. Uno es el disciplinario, dentro de la administración. El otro es el penal, que depende de lo que el Ministerio Público resuelva con la copia del informe.
Lectura técnica
La ficha ancla el reproche en el numeral 5 del artículo 33 de la ley N° 19.477, orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación. Esa norma obliga a los oficiales civiles a intervenir en la filiación civil y penal y a supervisar el correcto otorgamiento de cédulas, pasaportes y demás documentos que se tramiten en su oficina. La consulta de la ley orgánica del Registro Civil corresponde a la Biblioteca del Congreso Nacional.
El mismo texto invoca los principios de responsabilidad, control, eficiencia y eficacia de los artículos 3°, 5°, 11 y 53 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado. Bajo esa lectura, autoridades y funcionarios deben velar por la administración idónea de los recursos públicos y por el cumplimiento de la función pública. El informe concluye que las inconsistencias detectadas no se avienen a ese marco.
El detalle verificable de las inconsistencias, en la ficha, es de cuatro tipos: documentos que no correspondían a la persona indicada; documentación adjunta no válida; estampados electrónicos no encontrados; y un estampado adjunto sin código QR. En todos esos supuestos, el informe confirma el otorgamiento de la cédula pese a la inconsistencia. El texto completo del informe está en la ficha del Informe Final N° 429 de 2026.
Qué sigue
En los próximos días el indicador observable es la notificación del procedimiento disciplinario y el ingreso de la copia del informe en el Ministerio Público. El comunicado del 9 de octubre ya fijó ambas órdenes; falta la constancia de que cada destinatario recibió el expediente. El resumen público está en el aviso de la Contraloría sobre las cédulas de Nancagua.
Si el sumario se abre sobre la entonces oficial civil adjunta y sobre quienes debían controlar la validación migratoria, el expediente tendrá que distinguir el trámite de 2021-2022 de los periodos posteriores que el comunicado menciona sin cuantificar. ¿Alcanza la muestra de 50 documentos para sostener una corrección de controles en toda la dirección regional, o el ajuste quedará limitado a la oficina de Nancagua?
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