La Cámara de Diputados aprobó el 9 de septiembre de 2026, por 125 votos a favor y sin votos en contra, el informe de la comisión mixta que modifica el Código Procesal Penal. El plazo de flagrancia pasa de 12 a 24 horas para Carabineros y la Policía de Investigaciones, y a 48 horas cuando actúa la Autoridad Marítima. Es el primer texto de la Agenda ACOT que queda listo para convertirse en ley.
Contexto y desglose del hecho principal
El Senado había aceptado el martes el mismo informe. Quedaba solo la ratificación de la Cámara. La votación fue unánime. El proyecto nació como moción de senadores de Renovación Nacional en 2023, cuando ese sector era oposición. El Ejecutivo le puso urgencia en 2026 y lo integró al paquete anunciado por el presidente José Antonio Kast el 5 de agosto.
La norma no se limita a alargar el reloj. Autoriza a las policías a pedir de forma voluntaria registros audiovisuales y otros antecedentes en las primeras horas. El Fiscal Nacional podrá dictar instrucciones generales sobre esas diligencias. La Autoridad Marítima queda reconocida de manera expresa como auxiliar del Ministerio Público.
Kast encargó al ministro de Seguridad, Martín Arrau, y al titular de la Segpres, José García Ruminot, sacar adelante más de 30 iniciativas antes de Navidad. La reforma constitucional de seguridad quedó en segundo plano. El Gobierno bajó su urgencia a simple y concentró las discusiones inmediatas en leyes ordinarias.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, acompañó a García Ruminot en la sesión. Ambos presentaron el despacho como el primer resultado concreto de la agenda legislativa de seguridad de este año.
Análisis de datos y cifras clave
En cadena nacional del 5 de agosto, Kast citó cifras preliminares al 26 de julio de 2026: los homicidios habían bajado 18,7 por ciento, con 112 víctimas menos que un año antes. Los secuestros confirmados por la PDI cayeron 45 por ciento. Los robos violentos disminuyeron en más de 7.000 casos.
- Plazo general de flagrancia: de 12 a 24 horas para Carabineros y PDI.
- Plazo excepcional marítimo: 48 horas, por tiempos de traslado en alta mar.
- Votación en la Cámara: 125 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
- Proyectos ACOT con algún grado de urgencia a fines de agosto: 23.
- Meta gubernamental: aprobar el grueso del paquete antes de diciembre de 2026.
La ampliación duplica el margen temporal que tenían las policías desde la reforma procesal penal de principios de siglo. En delitos de crimen organizado, las primeras 12 horas suelen ser insuficientes para asegurar escenas, testigos y dispositivos electrónicos. El nuevo plazo busca cerrar esa brecha operativa sin alterar el control judicial posterior de la detención.
Comparado con la reforma de seguridad que el Gobierno enfrió, este texto avanzó porque no exigía quórum constitucional. La unanimidad refleja un consenso puntual sobre la flagrancia que no se replica en reglas de uso de la fuerza ni en la detención de migrantes.
Impacto a nivel institucional o gubernamental
El Ministerio Público deberá emitir instrucciones generales para que las policías sepan qué diligencias pueden ejecutar sin autorización previa caso a caso. Carabineros y la PDI tendrán que ajustar protocolos de cadena de custodia y de solicitud de videos a privados. La Dirección General del Territorio Marítimo gana rango explícito de auxiliar fiscal.
La Segpres reordenó urgencias a fines de agosto: diez proyectos con discusión inmediata y diez con suma urgencia. El estipendio de Carabineros ya va a segundo trámite en la Cámara. La ley antibarricadas 2.0 y la reforma que amplía la detención de migrantes llegaron a Sala. Las reglas de uso de la fuerza siguen en comisión mixta y en carácter secreto.
Perspectiva técnica y reacciones de expertos
La flagrancia no es una condena. Es una ventana para detener, registrar e incautar sin orden judicial previa cuando el delito se está cometiendo o acaba de cometerse. Alargar esa ventana reduce la necesidad de formalizar de inmediato para no perder prueba. También aumenta el riesgo de detenciones prolongadas si no hay control estricto del juez de garantía a las 24 o 48 horas.
El crimen organizado opera con células móviles, comunicaciones cifradas y testigos intimidados. Doce horas suelen agotarse en el traslado desde zonas rurales o portuarias hasta un recinto policial. El plazo de 48 horas para la autoridad marítima responde a esa geografía concreta del Pacífico y de los fiordos.
«He instruido al ministro de Seguridad para que junto al Congreso saquen adelante esta Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo en el menor tiempo posible. Espero que antes de Navidad aprobemos todas las herramientas.»
La unanimidad de la Cámara no anticipa el mismo destino para el resto del paquete. El proyecto que sanciona la explotación de servicios sexuales remunerados sigue en la comisión de Seguridad. La responsabilidad penal adolescente se vota en particular en el Senado. Cada texto toca equilibrios distintos entre eficacia policial y garantías.
Lo que revelan los documentos oficiales
El anuncio fundacional está en el comunicado de la Presidencia del 5 de agosto de 2026. Allí el Ejecutivo fijó la meta de Navidad y enumeró más de 30 proyectos. La Biblioteca del Congreso Nacional publicará el texto definitivo una vez que el Ejecutivo lo promulgue y se publique en el Diario Oficial.
El seguimiento de urgencias se consulta en el sitio de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado. La Dirección de Presupuestos ha advertido que el estipendio de Carabineros implica un esfuerzo fiscal plurianual, detallado en los informes de finanzas públicas del segundo trimestre de 2026.
«Amplía el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas cuando la detención es realizada por Carabineros o la Policía de Investigaciones, y a 48 horas en el caso de la Autoridad Marítima.»
Proyección a corto y mediano plazo
La promulgación debería ocurrir en los próximos días. El efecto práctico se verá en las estadísticas de detenciones en flagrancia del último trimestre de 2026. Si las policías usan el nuevo plazo para asegurar más prueba digital y testimonial, el Ministerio Público podrá formalizar con mejor base. Si el control judicial se relaja, aumentarán los recursos de amparo.
El Gobierno necesita más de un éxito simbólico. El estipendio policial, la expulsión administrativa y las reglas de uso de la fuerza concentran el costo político y fiscal. La meta de Navidad choca con el calendario presupuestario de 2027 y con la oposición de sectores que ven en cada ampliación de facultades un retroceso de garantías.
¿Bastará duplicar las horas de flagrancia para sostener la baja de homicidios ya registrada en 2026, o el resto de la ACOT se estancará en las mismas comisiones que frenaron la reforma constitucional?
Nuestras redes Sociales