El presidente José Antonio Kast se dispone a emprender una gira por Vietnam, China y Japón acompañado por ministros, dirigentes empresariales y una figura que merece especial escrutinio: el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Su incorporación como embajador en misión especial para Asia puede aportar experiencia diplomática, pero también obliga a examinar los límites entre representación del Estado, redes comerciales y eventuales intereses privados.
El problema no es que un expresidente viaje con otro mandatario, ni que Chile promueva inversiones en el extranjero. El problema aparece cuando una misión financiada o respaldada institucionalmente por el Estado reúne a autoridades y empresarios sin que la ciudadanía conozca con suficiente detalle sus costos, sus participantes y los compromisos que pretenden alcanzar.
Eduardo Frei: experiencia diplomática y antecedentes que no pueden ignorarse
Frei no es un recién llegado a las relaciones con Asia. Ejerció como embajador en misión especial para Asia-Pacífico entre 2014 y 2022, durante las administraciones de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. En mayo de 2026, Kast volvió a designarlo para una función de representación internacional.
El exmandatario ha defendido su participación como una contribución al desarrollo económico de Chile y ha señalado que el cargo es ad honorem. Eso significa que no recibe remuneración por esa función, pero no aclara automáticamente quién financia pasajes, alojamiento, traslados, personal de apoyo y otros gastos asociados.
Su trayectoria también presenta antecedentes que merecen una revisión pública. En 2016 y 2018, investigaciones de CIPER examinaron las relaciones entre su labor diplomática en Asia, personas de su entorno y actividades vinculadas a la Fundación Frei.
Una de esas investigaciones documentó que la fundación había recibido ingresos por un acuerdo relacionado con la comercialización de vino en China. También recogió la posición de personas cercanas al expresidente, quienes negaron que Frei realizara negocios personales en Asia.
Estos antecedentes no demuestran que el expresidente mantenga actualmente empresas en Vietnam, China o Japón, ni que utilice la gira de noviembre para beneficiarlas. Pero sí justifican una exigencia de transparencia: ¿qué vínculos empresariales, patrimoniales o contractuales mantiene hoy Frei con personas y organizaciones que podrían participar en la agenda?
No se trata de condenarlo por relaciones comerciales pasadas. Se trata de impedir que la representación del Estado opere sin controles suficientes sobre posibles conflictos de interés.
¿Por qué Kast necesita llevar a Frei?
La decisión tiene una explicación diplomática plausible. Frei posee relaciones construidas durante años con autoridades y empresarios asiáticos, y su participación podría facilitar reuniones y fortalecer la continuidad de la política exterior chilena.
Sin embargo, una relación personal con inversionistas extranjeros no puede sustituir la institucionalidad de Cancillería.
Chile cuenta con embajadas, funcionarios especializados, agregadurías comerciales y organismos dedicados a promover exportaciones e inversiones. Por eso, el Gobierno debería explicar qué función específica cumplirá Frei que no pueda desempeñar la estructura diplomática permanente.
¿Abrirá reuniones? ¿Participará en negociaciones? ¿Representará posiciones oficiales? ¿Intervendrá en conversaciones sobre proyectos empresariales determinados?
Son preguntas relevantes porque un expresidente, incluso sin remuneración, puede ejercer una influencia considerable cuando participa en una misión respaldada por la Presidencia de la República.
Una comitiva donde los empresarios tienen un papel central
La delegación prevista incluye al canciller Francisco Pérez Mackenna, al ministro de Agricultura Jaime Campos, al biministro de Economía y Minería Daniel Mas y a la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales Paula Estévez.
Desde el sector privado se ha informado la participación de Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio; Rosario Navarro, presidenta de la Sofofa; Gina Ocqueteau, presidenta de SQM y representante empresarial ante APEC; e Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile.
También se contemplan representantes de la minería, los alimentos, el sector forestal, la salmonicultura, la energía, la logística y otras industrias.
La presencia empresarial no es improcedente por sí misma. Promover exportaciones y atraer inversiones forma parte de la diplomacia económica. Pero el Gobierno tiene la obligación política de explicar cómo se seleccionó a los participantes y bajo qué condiciones intervienen en una gira presidencial.
Una misión de Estado no debe convertirse en una plataforma exclusiva para quienes tienen mejores relaciones con las autoridades.
Si se utilizan recursos públicos para facilitar encuentros comerciales, debe existir una justificación de interés nacional, condiciones transparentes de participación y mecanismos para evaluar los resultados.
Vietnam: una visita que necesita objetivos concretos
La primera escala será Hanói, capital de Vietnam, uno de los mercados más dinámicos del Sudeste Asiático.
Según antecedentes de Cancillería, el intercambio bilateral superó los US$2.100 millones en 2025 y creció cerca de 39% respecto del año anterior.
Es un mercado relevante para diversificar las exportaciones chilenas, desarrollar relaciones tecnológicas y promover inversiones.
Pero la visita presidencial debe producir algo más que fotografías con autoridades y empresarios.
Chile necesita saber qué sectores se beneficiarán, qué acuerdos se esperan y si existen proyectos con efectos verificables sobre empleo, productividad o infraestructura.
En este punto vuelve a surgir la pregunta sobre Frei: ¿qué responsabilidades concretas tendrá en Vietnam y qué vínculos actuales mantiene con actores económicos de ese país?
No corresponde afirmar que viaja para revisar empresas propias sin pruebas. Sí corresponde exigir una declaración que permita descartar posibles conflictos de interés.
China: APEC y la dimensión política de la gira
El momento central del viaje será la cumbre APEC 2026 en Shenzhen, prevista para el 18 y 19 de noviembre.
China es el principal socio comercial de Chile y un destino decisivo para las exportaciones nacionales. La participación del Presidente en este encuentro tiene una justificación estratégica que no debería minimizarse.
Está previsto que Kast mantenga un encuentro con Xi Jinping y participe en actividades relacionadas con la promoción comercial chilena.
La agenda incluye la Chile Week China, con actividades en distintas ciudades, entre ellas Beijing, Shenzhen, Shanghái y Hangzhou.
La pregunta relevante no es si Chile debe mantener relaciones con China. Debe hacerlo. La pregunta es cómo garantizar que los beneficios de esa relación lleguen a la economía nacional y no queden concentrados en un número limitado de empresas.
La diplomacia comercial necesita resultados medibles: inversiones efectivas, acceso a mercados, acuerdos tecnológicos y oportunidades para pequeñas y medianas empresas.
Los anuncios y memorandos de entendimiento pueden ser pasos útiles, pero no deben confundirse con inversiones ejecutadas ni con empleos ya creados.
Japón: inversiones y compromisos verificables
La gira concluirá en Japón, donde se contemplan reuniones con autoridades e inversionistas.
Japón mantiene una relación económica histórica con Chile y representa oportunidades en infraestructura, tecnología, minería y transición energética.
La visita podría contribuir a ampliar inversiones, pero el Gobierno debe evitar presentar como logros definitivos iniciativas que todavía se encuentren en etapas preliminares.
Cada anuncio debería identificar responsables, plazos, montos comprometidos y mecanismos de seguimiento.
Solo así podrá determinarse si la gira generó resultados que justifican el esfuerzo diplomático y presupuestario.
¿Quién paga el viaje de Frei y de los empresarios?
Esta es una de las preguntas que La Moneda debería responder antes de que despegue la comitiva.
El Gobierno tendría que publicar el número de funcionarios que viajan, sus gastos estimados, el mecanismo de transporte utilizado y las condiciones financieras de la participación de representantes privados.
También debería aclarar si Frei recibe viáticos, reembolsos, alojamiento, transporte o apoyo logístico financiado por organismos públicos.
Su condición de embajador ad honorem no permite concluir que todos los gastos asociados a su misión sean privados.
Del mismo modo, no puede afirmarse que los empresarios viajarán a costa del Estado sin conocer los convenios y registros presupuestarios correspondientes.
La transparencia exige publicar esos antecedentes y permitir que sean examinados.
El país enfrenta problemas urgentes mientras el Presidente viaja
La gira se desarrollará en un momento de tensión económica y política interna.
El Gobierno enfrenta protestas por el precio de los combustibles, movilizaciones de transportistas y cuestionamientos sobre la consistencia de sus propuestas legislativas.
La coincidencia plantea una exigencia adicional: explicar cómo se garantizará la continuidad de la gestión gubernamental durante la ausencia presidencial.
Un viaje internacional puede ser legítimo y necesario incluso en medio de una crisis. Pero su realización exige planificación, coordinación ministerial y una agenda pública que permita evaluar prioridades.
La ciudadanía tiene derecho a preguntar si una comitiva extensa resulta indispensable, qué beneficios se esperan y cómo se justificará cada gasto.
La respuesta no puede limitarse a señalar que se busca atraer inversiones. Ese objetivo debe traducirse en resultados concretos.
Frei y Kast deben rendir cuentas
La experiencia internacional de Eduardo Frei puede ser un activo para Chile. Sus antecedentes de relaciones comerciales y diplomáticas con Asia no lo inhabilitan automáticamente para representar al país.
Pero precisamente porque se trata de una figura influyente, su participación merece mayor transparencia, no menor.
Kast tiene la responsabilidad de establecer reglas claras para separar los intereses públicos de los privados. Frei, por su parte, debería informar voluntariamente los vínculos económicos relevantes que pudieran relacionarse con los sectores o empresas presentes en la misión.
Si no existen conflictos de interés, la publicidad de esos antecedentes fortalecería la legitimidad del viaje.
Si existen relaciones que requieren abstenciones o medidas preventivas, corresponde identificarlas antes de que puedan influir en decisiones oficiales.
La ciudadanía no tiene por qué aceptar que las giras internacionales se evalúen únicamente por el número de empresarios invitados o las fotografías con mandatarios extranjeros.
Chile no necesita viajes que produzcan solamente titulares. Necesita una diplomacia que entregue resultados y pueda demostrar a quién benefician.
El verdadero examen de esta gira comenzará cuando el Presidente regrese: cuánto costó, qué se acordó, quiénes participaron y qué resultados concretos podrán verificarse.
Y, sobre todo, qué garantías ofreció el Gobierno para asegurar que los contactos y oportunidades facilitados por la Presidencia se utilizaron en beneficio del país.
Una gira de Estado debe servir a Chile. Esa obligación está por encima de cualquier expresidente, empresario o gobierno de turno.
