Chile no eligió un gobierno para que aprendiera a gobernar mediante ensayo y error. Eligió autoridades para tomar decisiones, administrar recursos públicos, enfrentar crisis y responder ante la ciudadanía. Sin embargo, la sucesión de anuncios, rectificaciones, proyectos retirados y controversias comunicacionales que ha acompañado a la administración del presidente José Antonio Kast obliga a formular una pregunta incómoda: ¿quién está asesorando realmente al Presidente de la República?
La pregunta no es retórica. En La Moneda existe un segundo piso, un círculo de confianza cuya razón de ser es anticipar problemas, revisar antecedentes, evaluar riesgos y evitar que el mandatario termine defendiendo decisiones que todavía no están suficientemente preparadas. Cuando ese filtro falla reiteradamente, deja de ser un asunto menor de comunicaciones y se convierte en un problema de funcionamiento institucional.
Un segundo piso que debería evitar los errores, no explicarlos después
Los asesores presidenciales no están para aplaudir cada ocurrencia ni para confirmar lo que el Presidente desea escuchar. Están para decirle cuándo una cifra es incorrecta, cuándo una propuesta presenta dificultades legales, cuándo un anuncio puede generar una crisis y cuándo una decisión requiere más estudio antes de hacerse pública.
En abril de 2026, Emol ya informaba sobre cuestionamientos desde el oficialismo al núcleo asesor de Kast, encabezado por Alejandro Irarrázaval. Entre los episodios mencionados figuraban las controversias por la expresión «Estado en quiebra», actividades en La Moneda y antecedentes presupuestarios que generaron críticas políticas.
Han transcurrido meses desde aquellas advertencias. El problema es que los nuevos episodios hacen necesario preguntarse qué cambió efectivamente en los procedimientos de revisión y coordinación.
Un asesor que solo explica los errores después de cometidos llega tarde a su principal responsabilidad.
No se trata de exigir infalibilidad. Ningún gobierno está libre de equivocaciones. Se trata de exigir profesionalismo, preparación y capacidad de anticipación. Gobernar no puede consistir en anunciar primero, descubrir los problemas después y confiar en que una nueva conferencia de prensa resuelva las consecuencias.
El proyecto de combustibles: legislar no es entregar un borrador escolar
El episodio del proyecto destinado a limitar las alzas de los combustibles constituye un ejemplo especialmente preocupante.
El Presidente anunció una iniciativa para impedir que los incrementos de las bencinas y el diésel superaran los 20 pesos por litro durante 90 días. La propuesta fue presentada como una respuesta urgente a las dificultades de transportistas y consumidores.
Sin embargo, el 11 de noviembre, después de ingresar al Congreso con discusión inmediata, el Ejecutivo retiró el texto para introducir correcciones. Emol informó que el documento habría contenido un error; otros medios señalaron que se realizarían ajustes técnicos antes de reingresarlo.
La intención de corregir una iniciativa no es reprochable por sí misma. Lo cuestionable es que una propuesta anunciada con urgencia presidencial necesitara ser retirada antes de iniciar efectivamente su tramitación.
¿Quién revisó el proyecto? ¿Quién examinó su viabilidad jurídica? ¿Quién comprobó que el texto coincidiera con lo anunciado públicamente?
Estas preguntas deberían tener respuestas claras dentro del Ejecutivo.
Un proyecto de ley no es una tarea universitaria que puede devolverse al profesor para corregir errores de última hora. Involucra decisiones económicas, expectativas ciudadanas, trabajo parlamentario y credibilidad institucional.
Cuando un gobierno anuncia una solución para una crisis nacional, los ciudadanos tienen derecho a esperar que la propuesta haya sido revisada antes de convertirse en noticia.
«Yo Elijo Mi PC»: primero se elimina, después se reconsidera
El mismo 11 de noviembre, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abrió la puerta a reponer durante la discusión presupuestaria en el Senado los recursos del programa «Yo Elijo Mi PC».
La iniciativa había quedado sin financiamiento en la propuesta de Presupuesto 2027, decisión que provocó cuestionamientos desde la oposición y sectores del oficialismo.
El Ejecutivo argumentó que debía considerar las evaluaciones del programa y mejorar sus resultados educativos. Es una discusión legítima. Las políticas públicas deben evaluarse y los recursos fiscales deben utilizarse responsablemente.
Pero existe una diferencia fundamental entre evaluar un programa y presentar su eliminación sin una alternativa suficientemente explicada a las familias.
Si el objetivo era mejorarlo, ¿por qué no se presentó desde el comienzo una propuesta de rediseño con financiamiento, cobertura y resultados esperados?
¿Por qué esperar a que estallara la controversia para reconocer la necesidad de mantener la entrega de computadores?
Una rectificación puede ser señal de apertura al diálogo. Sin embargo, cuando las rectificaciones se acumulan, corresponde examinar si las decisiones iniciales están siendo suficientemente estudiadas.
La política pública no debería construirse a partir del rechazo que genera cada anuncio.
Las cifras presidenciales también deben pasar por un filtro
Otro aspecto delicado es la información económica que llega al mandatario.
En medio del debate sobre los combustibles, Kast sostuvo que Chile tenía precios inferiores a los de la mayoría de los países americanos. La comparación publicada por CNN Chile cuestionó esa afirmación respecto de la gasolina, cuyos valores sitúan a Chile entre los mercados más caros de Latinoamérica.
La comparación exige distinguir entre gasolina y diésel, así como entre precios finales, subsidios e impuestos. Precisamente por eso resulta indispensable que el Presidente disponga de antecedentes completos y metodológicamente comparables.
No sabemos qué funcionario preparó esa información ni si existió un informe específico que respaldara la declaración. Atribuir el error a una persona sin pruebas sería irresponsable.
Pero la falta de identificación pública de un responsable no elimina la pregunta institucional.
¿Quién verifica las cifras antes de que el Presidente las utilice para defender una política económica?
Un mandatario puede equivocarse al citar un dato. Lo que no debería ocurrir es que su equipo carezca de mecanismos eficaces para prevenir errores previsibles o corregirlos con rapidez y transparencia.
La credibilidad presidencial no se protege ocultando discrepancias. Se protege entregando información precisa.
Las bromas fuera de lugar y la banalización de la comunicación oficial
También merece atención el tono de la comunicación gubernamental.
La Presidencia no es un escenario para improvisaciones permanentes, bromas inoportunas o frases diseñadas únicamente para producir titulares. El humor puede tener espacio en la vida pública, pero nunca debería desplazar la seriedad que exige comunicar decisiones sobre seguridad, educación, economía o gasto fiscal.
No corresponde afirmar que cada intervención informal constituya una falta. Sí corresponde exigir que quienes preparan las pautas presidenciales evalúen el contexto, la oportunidad y las posibles interpretaciones de los mensajes.
Cuando un gobierno enfrenta controversias simultáneas, la comunicación requiere todavía mayor precisión.
Un comentario mal situado puede distraer del problema principal. Una frase económica imprecisa puede instalar confusión. Un anuncio sin sustento suficiente puede generar expectativas que luego deben corregirse.
El segundo piso no está para celebrar las frases del Presidente: está para impedir que una frase innecesaria termine convirtiéndose en una crisis.
¿Un gobierno profesional o una escuela de aprendizaje?
La expresión «Gobierno de practicantes» es dura. También es deliberada.
No pretende desconocer la experiencia de todos los funcionarios ni convertir cada equivocación en prueba de incapacidad general. Es una crítica editorial a una forma de gestionar en la que demasiadas decisiones parecen requerir correcciones posteriores.
Chile necesita autoridades capaces de anticipar consecuencias, no equipos que descubran los problemas cuando ya ocupan las portadas de los medios.
Necesita ministros que lleguen al Congreso con propuestas sólidas, asesores que cuestionen las cifras dudosas y responsables políticos que expliquen oportunamente por qué cambian las decisiones.
Un gobierno puede modificar sus políticas. Puede reconocer errores. Puede negociar con el Parlamento. Todo eso forma parte de una democracia.
Lo que no debería normalizarse es la ausencia de explicaciones sobre cómo se produjeron las equivocaciones y qué medidas concretas se adoptaron para impedir su repetición.
La pregunta no es cuántas veces puede rectificar una administración. La pregunta es cuántas de esas rectificaciones pudieron evitarse mediante un trabajo previo más riguroso.
El problema de los cargos y los premios políticos
Existe, además, una preocupación que trasciende los episodios de esta semana: la responsabilidad de los funcionarios que dejan cargos y posteriormente reciben nuevas designaciones dentro del aparato estatal.
Una salida del gabinete, un cambio de funciones o un nombramiento diplomático no constituyen automáticamente un premio político. Cada caso debe examinarse según sus antecedentes, atribuciones, requisitos y resultados.
Pero tampoco resulta aceptable que las designaciones públicas se conviertan en mecanismos para evitar evaluaciones de desempeño.
Si una autoridad sale de un cargo por errores de gestión, el país merece conocer qué criterios justifican entregarle nuevas responsabilidades.
No basta con invocar la confianza presidencial. La confianza es necesaria en determinados puestos, pero no sustituye la competencia profesional, la experiencia ni la rendición de cuentas.
El Estado no puede funcionar como una oficina de recolocación para integrantes de un círculo político.
Y si un nombramiento está plenamente justificado por méritos y capacidades, corresponde explicarlo con transparencia.
La administración pública debe premiar resultados, no cercanía. Debe reconocer la preparación, no la lealtad incondicional. Debe exigir responsabilidad, no ofrecer refugios administrativos frente a las controversias.
El Presidente no puede delegar su responsabilidad
Sería demasiado sencillo atribuir todos los problemas al segundo piso.
Los asesores aconsejan, preparan antecedentes y anticipan escenarios. Pero quien gobierna es el Presidente.
José Antonio Kast tiene la responsabilidad de seleccionar a sus colaboradores, exigirles resultados, escuchar advertencias y adoptar las decisiones finales.
Si un proyecto llega mal preparado al Congreso, corresponde revisar el procedimiento completo. Si una cifra presidencial resulta cuestionada, corresponde aclarar su origen. Si un programa social se elimina y después se reconsidera, corresponde explicar qué cambió.
Y si los mismos problemas de coordinación reaparecen, el mandatario debe evaluar si su estructura de asesoría está cumpliendo la función para la cual fue creada.
La lealtad de un asesor no se demuestra diciendo siempre que sí. Se demuestra teniendo el valor de advertirle al Presidente cuando está a punto de equivocarse.
Un equipo que nunca contradice al mandatario puede ofrecer comodidad política, pero no necesariamente buen gobierno.
La función del segundo piso no es proteger egos. Es proteger la calidad de las decisiones presidenciales.
Chile no está para experimentos
Los problemas que enfrenta el país son demasiado importantes para tratarlos como ejercicios de aprendizaje.
Las familias necesitan certezas sobre el costo de la vida. Los estudiantes requieren políticas educativas estables. Los transportistas necesitan respuestas técnicamente viables. Los contribuyentes tienen derecho a saber cómo se utilizan los recursos públicos.
Cada anuncio improvisado puede producir consecuencias. Cada proyecto retirado consume tiempo institucional. Cada información económica imprecisa debilita la calidad del debate.
Es legítimo que el Gobierno tenga prioridades distintas de las administraciones anteriores. También es legítimo que busque reducir gastos, modificar programas o impulsar reformas.
Pero ninguna orientación política exime de preparar adecuadamente las decisiones.
La eficiencia del Estado comienza por la eficiencia del propio Gobierno.
No se puede exigir disciplina a los servicios públicos mientras se toleran errores reiterados en la conducción política. No se puede pedir responsabilidad fiscal sin aplicar el mismo rigor a los proyectos que se presentan al Congreso. No se puede hablar de excelencia mientras se evita discutir la calidad del trabajo de los equipos de confianza.
La Moneda necesita menos complacencia y más profesionalismo
El presidente Kast todavía puede exigir una revisión profunda de sus mecanismos de asesoría, coordinación legislativa y control de calidad de la información pública.
No se trata necesariamente de reemplazar personas para producir una señal mediática. Se trata de establecer responsabilidades, mejorar procedimientos y comprobar resultados.
El segundo piso debería ser capaz de responder quién revisa los discursos, quién valida los datos, quién supervisa los proyectos de ley y quién advierte los riesgos antes de que una decisión se anuncie.
Si esas funciones ya están asignadas, corresponde evaluar por qué los controles no evitaron determinadas controversias.
Si no están claramente definidas, el problema es todavía más serio.
Un país no necesita un Presidente rodeado de aduladores. Necesita un mandatario acompañado por profesionales capaces de decirle la verdad, incluso cuando resulte incómoda.
Y un Presidente que no escucha advertencias tampoco puede descargar toda la responsabilidad sobre sus colaboradores.
Editorial: gobernar no es practicar
Chile no puede acostumbrarse a que la política pública funcione como una sucesión de pruebas, correcciones y explicaciones posteriores.
No puede aceptar que la responsabilidad desaparezca entre ministerios, asesores y oficinas mientras los errores se atribuyen a simples problemas de comunicación.
Tampoco debería conformarse con que los cambios de cargos sustituyan la evaluación de resultados o que la cercanía política se convierta en una credencial suficiente para nuevas responsabilidades.
El presidente José Antonio Kast debe comprender que la autoridad no se fortalece rodeándose de personas que jamás lo contradicen. Se fortalece construyendo equipos que impiden errores, entregan información confiable y asumen las consecuencias de sus decisiones.
La Moneda no es una sala de clases. El Congreso no es una oficina de corrección de borradores. Y los ciudadanos no son espectadores obligados del aprendizaje de quienes llegaron al poder prometiendo estar preparados.
Gobernar exige carácter, pero también método. Exige convicciones, pero también evidencia. Exige confianza política, pero sobre todo competencia.
El país no necesita más explicaciones ingeniosas después de cada tropiezo.
Necesita menos improvisación, más rigor y responsabilidades claramente establecidas.
Porque los errores de un gobierno no los pagan solamente quienes ocupan los despachos de La Moneda.
Los termina pagando Chile.
