La Comisión de Economía del Senado aprobó dos indicaciones que buscan prohibir las plataformas de apuestas online en Chile, en una votación que modificó el rumbo del debate legislativo sobre el negocio del juego por internet. Las propuestas recibieron tres votos favorables, uno en contra y una abstención durante la sesión del 9 de noviembre de 2026. El resultado profundiza las diferencias entre parlamentarios que defienden una prohibición y el Gobierno de José Antonio Kast, partidario de establecer licencias, impuestos y mecanismos de fiscalización.
La decisión se adoptó en el marco del proyecto identificado con el Boletín N.º 14.838-03, cuya discusión consta en el registro oficial de TV Senado. La iniciativa permanece en segundo trámite constitucional, por lo que las indicaciones aprobadas todavía no constituyen una prohibición legal definitiva.
El cambio legislativo tiene implicaciones que superan el funcionamiento de las empresas de apuestas. También alcanza a los sistemas de pago, los proveedores de internet, la publicidad digital, el financiamiento deportivo y las políticas de prevención de la adicción al juego.
Dos propuestas para prohibir las casas de apuestas online
La Comisión de Economía respaldó dos indicaciones de objetivos similares, pero con diferencias en su diseño sancionatorio.
Una de ellas fue impulsada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, de Renovación Nacional. La otra fue presentada por Gastón Saavedra, del Partido Socialista, y Diego Ibáñez, del Frente Amplio.
Según informó T13 el 10 de noviembre, ambas propuestas buscan impedir el funcionamiento comercial de las plataformas privadas de apuestas en línea.
El acuerdo constituye un hecho políticamente relevante porque reúne a parlamentarios de distintas corrientes ideológicas en torno a una restricción más severa que la contemplada originalmente por el proyecto.
El presidente de la comisión, Gastón Saavedra, anticipó que ambas indicaciones serán unificadas en una próxima sesión, de acuerdo con La Tercera.
Qué actividades quedarían prohibidas
La indicación presentada por Saavedra e Ibáñez establece una prohibición sobre la explotación, administración, oferta y publicidad directa o indirecta de plataformas de apuestas en línea.
La norma propuesta considera que una plataforma opera en Chile cuando permite realizar apuestas desde el territorio nacional, independientemente de la ubicación de sus servidores o del registro de su dominio.
Este criterio busca impedir que los operadores eludan las restricciones mediante sociedades constituidas en otros países o infraestructura tecnológica alojada en el extranjero.
La propuesta también contempla medidas dirigidas a proveedores de acceso a internet, tiendas de aplicaciones y empresas de medios de pago, que deberían impedir el acceso, las descargas o las transacciones relacionadas con plataformas infractoras.
La eficacia de estas disposiciones dependería de su redacción definitiva, de las atribuciones otorgadas a las autoridades y de la cooperación de los intermediarios tecnológicos y financieros.
Las penas de cárcel y las multas contempladas
Uno de los elementos centrales de la discusión es el endurecimiento de las sanciones contra quienes obtengan beneficios económicos mediante plataformas prohibidas.
La indicación de Saavedra e Ibáñez contempla penas de presidio menor en su grado medio a máximo, equivalentes a 541 días hasta cinco años de privación de libertad, además de multas de 200 a 1.000 unidades tributarias mensuales.
Por su parte, la propuesta asociada a Paulina Núñez considera penas de hasta 15 años de prisión para determinadas conductas agravadas y mecanismos de bloqueo judicial permanente.
De acuerdo con CNN Chile, los supuestos agravados incluyen situaciones vinculadas con la captación de menores y la intervención de organizaciones criminales.
Es fundamental precisar que estas penas forman parte de propuestas legislativas. No constituyen sanciones actualmente aplicables por el solo hecho de haberse aprobado las indicaciones en comisión.
Las excepciones: loterías, hipódromos y casinos autorizados
La prohibición propuesta no alcanzaría indiscriminadamente a todas las modalidades de juego existentes en Chile.
Según los antecedentes difundidos por T13, quedarían exceptuadas las actividades desarrolladas por la Polla Chilena de Beneficencia, la Lotería de Concepción, los hipódromos autorizados y los casinos regulados por la Ley N.º 19.995.
Esta distinción responde a la existencia de regímenes legales específicos para determinadas actividades de juego y apuestas.
Sin embargo, también abre un debate sobre la coherencia regulatoria: si el objetivo es prevenir la ludopatía, las políticas de protección deben examinar los riesgos de todas las modalidades de juego, incluso aquellas que operan legalmente.
La discusión parlamentaria deberá determinar si las excepciones mantienen obligaciones suficientes de transparencia, publicidad responsable y protección de usuarios.
El Gobierno de Kast defiende la regulación en lugar de la prohibición
La votación provocó diferencias con el Ejecutivo, que había trabajado en una propuesta orientada a establecer un mercado regulado de plataformas de apuestas online.
El modelo gubernamental considera autorizaciones, fiscalización, obligaciones tributarias y restricciones publicitarias.
Según Radio Bío Bío, el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, defendió el trabajo técnico desarrollado por el Ejecutivo y cuestionó las propuestas que reemplazan la regulación por una prohibición general.
El desacuerdo plantea dos estrategias diferentes para enfrentar un mercado que ha operado sin un régimen general de licencias específico.
Quienes apoyan la regulación consideran que un sistema autorizado permitiría controlar a las empresas, exigir impuestos, establecer límites y sancionar incumplimientos.
Los partidarios de la prohibición sostienen que permitir nuevas licencias normalizaría una actividad asociada con adicciones, endeudamiento y riesgos para niños y adolescentes.
El costo fiscal de prohibir o regular las apuestas
El proyecto gubernamental contempla un impuesto específico del 3%, además de otras obligaciones tributarias y aportes relacionados con el juego responsable.
La Tercera informó que el diseño incluye una carga efectiva estimada del 22% bajo los supuestos utilizados en la propuesta, una contribución adicional para juego responsable y pagos asociados a las licencias.
También se considera un aporte fiscal de 60.000 UTM anuales durante tres años para un fondo destinado a enfrentar la ludopatía.
Estos antecedentes muestran que la regulación busca incorporar al sistema tributario una actividad económica que actualmente carece de un marco general de autorización.
Sin embargo, no es posible calcular la recaudación que Chile dejaría de percibir bajo una prohibición sin conocer el tamaño verificable del mercado, el grado de cumplimiento tributario y la capacidad de fiscalización.
Tampoco corresponde asumir que la prohibición eliminaría completamente la actividad. Parte de la demanda podría desplazarse hacia operadores clandestinos o plataformas extranjeras de difícil control.
El análisis económico debe considerar tanto la eventual recaudación como los costos de fiscalización, prevención sanitaria, persecución de delitos y protección de consumidores.
La ludopatía y el endeudamiento en el centro del debate
El presidente de la Comisión de Economía, Gastón Saavedra, argumentó que la discusión responde al aumento de los problemas relacionados con la adicción al juego y el endeudamiento.
La preocupación parlamentaria se concentra especialmente en los efectos sobre familias, jóvenes y comunidades vulnerables.
Las plataformas digitales presentan características que pueden aumentar la exposición al juego, como disponibilidad permanente, pagos electrónicos, promociones y mecanismos diseñados para mantener la interacción del usuario.
Sin embargo, evaluar la magnitud de estos efectos en Chile requiere estudios epidemiológicos y datos comparables que permitan distinguir entre juego recreativo, comportamiento de riesgo y trastorno por juego.
La protección de menores exige controles efectivos de edad, restricciones de publicidad y mecanismos para impedir el acceso no autorizado.
El desafío es establecer medidas cuya eficacia pueda medirse y no limitar la respuesta pública a declaraciones generales sobre el problema.
El fútbol chileno enfrenta un posible impacto financiero
La discusión también tiene consecuencias para los clubes profesionales que mantienen contratos de patrocinio con empresas de apuestas.
Estas compañías han adquirido una presencia importante en camisetas, estadios, transmisiones y campañas comerciales.
Según antecedentes publicados por Mi Radio, una proporción considerable de los equipos de Primera División mantiene vínculos publicitarios con operadores de apuestas.
Una prohibición amplia podría obligar a revisar contratos y buscar nuevas fuentes de financiamiento.
Sin embargo, el impacto económico real dependerá de las cláusulas contractuales, los plazos de transición y la legislación que finalmente apruebe el Congreso.
El fútbol profesional enfrenta así una pregunta relevante: cómo diversificar sus ingresos sin depender excesivamente de actividades que pueden generar controversias regulatorias y sanitarias.
El fallo de la Corte Suprema y la situación legal de las plataformas
Durante el debate parlamentario, el senador Diego Ibáñez recordó los pronunciamientos judiciales que han cuestionado la operación de plataformas de apuestas sin autorización legal.
Según ADN Radio, el parlamentario utilizó estos antecedentes para defender que el Congreso abandone el modelo de licencias y avance hacia una prohibición.
La controversia judicial es relevante porque la ausencia de una autorización específica no equivale a la existencia de un sistema de regulación general para todas las plataformas.
El Congreso debe decidir si establece un régimen de permisos o refuerza las prohibiciones y sanciones contra operadores privados.
La decisión tendrá consecuencias para la fiscalización, la seguridad jurídica y las facultades de los organismos encargados de hacer cumplir la normativa.
Bloqueo de plataformas: los desafíos tecnológicos
Una prohibición legal solo puede resultar efectiva si existen mecanismos capaces de detectar y limitar las operaciones infractoras.
Los bloqueos de dominios pueden restringir el acceso a determinados sitios, pero los operadores pueden modificar direcciones, utilizar infraestructura distribuida o recurrir a intermediarios extranjeros.
Las restricciones de medios de pago pueden dificultar las transacciones, aunque también requieren coordinación con entidades financieras y proveedores tecnológicos.
Estas medidas plantean desafíos de proporcionalidad, debido proceso, protección de datos y supervisión judicial.
Por ello, la eficacia de la prohibición dependerá tanto de la legislación como de la capacidad institucional para aplicarla sin afectar indebidamente servicios legales.
Una votación que modifica el equilibrio político
El respaldo transversal a las indicaciones demuestra que la discusión sobre las apuestas online no sigue exclusivamente las divisiones tradicionales entre oficialismo y oposición.
La propuesta de Paulina Núñez y la impulsada por Saavedra e Ibáñez coinciden en restringir el negocio, aunque presentan diferencias sobre las sanciones y mecanismos de implementación.
El Gobierno deberá decidir si busca modificar las indicaciones, negociar una fórmula intermedia o insistir en su modelo de regulación.
La discusión también pone a prueba la capacidad del Ejecutivo para construir mayorías en una materia que combina salud pública, economía digital y seguridad.
El resultado final dependerá de las próximas votaciones y de la eventual conciliación de las distintas propuestas.
Qué ocurrirá ahora con el proyecto de ley
El proyecto continúa su discusión particular en la Comisión de Economía del Senado.
La siguiente etapa contempla la revisión de las indicaciones y la posibilidad de unificar las propuestas aprobadas.
Posteriormente deberán completarse las instancias legislativas correspondientes antes de que cualquier modificación pueda convertirse en ley.
Hasta entonces, no es correcto afirmar que Chile aprobó una prohibición definitiva de las casas de apuestas online.
Lo que ocurrió fue un avance parlamentario relevante que cambia el escenario de negociación y aumenta la presión sobre el Ejecutivo.
La decisión de fondo: prohibir el negocio o someterlo a controles
El debate sobre las apuestas online enfrenta dos objetivos que no necesariamente producen las mismas soluciones: reducir los daños asociados al juego y establecer mecanismos eficaces de control estatal.
La prohibición busca impedir la expansión de una actividad considerada riesgosa, mientras la regulación pretende someterla a licencias, impuestos y fiscalización.
Ambos modelos presentan desafíos de implementación y requieren evidencia sobre sus efectos reales.
La discusión parlamentaria deberá responder si Chile cuenta con capacidad suficiente para bloquear operadores ilegales, proteger a los menores, prevenir el endeudamiento y evitar el desplazamiento del negocio hacia circuitos clandestinos.
El verdadero resultado de la reforma no se medirá únicamente por la severidad de las sanciones, sino por su capacidad de reducir daños, garantizar controles efectivos y ofrecer reglas claras.
Por ahora, la Comisión de Economía del Senado ha dado un paso decisivo hacia la prohibición, pero la última palabra todavía pertenece al proceso legislativo.
