El resultado no solo refleja el costo de una crisis sectorial. También revela un problema de conducción política: mientras el Ejecutivo enfrenta cuestionamientos por su respuesta institucional, la oposición obtiene respaldo ciudadano para fiscalizarlo. La encuesta registra, además, que la economía y la inseguridad siguen encabezando las preocupaciones nacionales, dos materias centrales para el proyecto político de Kast.
Quince puntos menos en dos semanas: la velocidad del deterioro presidencial
La medición de Black & White muestra una caída acumulada de 15 puntos porcentuales en la aprobación del Mandatario durante dos semanas. En la medición inmediatamente anterior, el respaldo había retrocedido 11 puntos; en el último sondeo perdió otros cuatro. El resultado deja al Presidente en un 20%, mientras un 68% desaprueba su conducción.
La magnitud del descenso importa tanto como su velocidad. Una pérdida de respaldo concentrada en un período breve puede reflejar una reacción a acontecimientos específicos, pero también puede acelerar problemas de confianza que ya estaban presentes. En este caso, la controversia de Justicia se instaló sobre una agenda gubernamental que debe responder simultáneamente a las demandas de seguridad, crecimiento y empleo.
La tendencia no aparece únicamente en Black & White. La encuesta Cadem del 1 de noviembre situó la aprobación de Kast en 26%, tres puntos menos que la semana anterior, y la desaprobación en 65%. La firma señaló que el promedio de aprobación de octubre fue de 30%, cinco puntos por debajo del mes anterior, mientras la desaprobación aumentó cinco puntos.
Criteria, en su medición difundida el mismo 1 de noviembre, registró un 25% de aprobación y un 65% de desaprobación. Pulso Ciudadano, por su parte, informó un respaldo de 22,1% y un rechazo de 67,5%, según su levantamiento del 29 y 30 de octubre. Aunque las cifras no son directamente intercambiables, la coincidencia entre encuestadoras confirma una tendencia de deterioro.
| Encuestadora | Fecha de publicación | Aprobación | Desaprobación |
|---|---|---|---|
| Black & White | 6 de noviembre | 20% | 68% |
| Cadem | 1 de noviembre | 26% | 65% |
| Criteria | 1 de noviembre | 25% | 65% |
| Pulso Ciudadano | 1 de noviembre | 22,1% | 67,5% |
La comparación permite dimensionar el escenario, pero requiere una advertencia metodológica: cada encuestadora utiliza su propio diseño, cuestionario, período de levantamiento y ponderaciones. Por eso, no corresponde sumar las variaciones ni interpretar las diferencias entre porcentajes como si fueran una misma serie estadística. Lo relevante es que los cuatro estudios muestran un respaldo presidencial bajo y una desaprobación elevada.
El caso Rabat y la decisión de Kast de mantenerlo en Justicia
El principal detonante político de estas semanas ha sido la controversia por los 56 decretos de rebaja de condenas firmados durante la gestión de Fernando Rabat. Los beneficios favorecieron a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, lo que abrió cuestionamientos sobre la interpretación de la normativa, los procedimientos administrativos y la protección de las víctimas.
El Gobierno defendió inicialmente la actuación del Ministerio de Justicia con el argumento de que existía un problema de interpretación legal y que determinados pronunciamientos judiciales respaldaban la aplicación de los beneficios. El 23 de octubre, la cartera anunció la suspensión de la tramitación de nuevos decretos y el impulso de modificaciones legislativas para impedir que condenados por estos delitos continuaran accediendo a reducciones de pena.
Sin embargo, la respuesta administrativa no cerró la controversia. El Presidente decidió mantener a Rabat en el cargo, pese a las críticas provenientes de la oposición y de sectores que cuestionaron la responsabilidad política del secretario de Estado. Esa decisión convirtió una discusión jurídica y penitenciaria en una prueba directa para el liderazgo presidencial.
La encuesta Cadem del 27 de octubre ya mostraba un rechazo significativo a la continuidad del ministro: solo un 12% aprobaba su gestión frente a un 77% que la desaprobaba. Además, un 64% estaba en desacuerdo con la decisión de Kast de mantenerlo en el gabinete. La medición de Black & White publicada ahora indica que el costo político de esa determinación no se ha disipado.
Los antecedentes judiciales que complican la defensa del ministro
La controversia adquirió una dimensión adicional tras las investigaciones publicadas por CIPER y Reportea el 5 de noviembre. CIPER revisó registros del Poder Judicial y encontró al menos nueve casos en que el Ministerio de Justicia había rechazado inicialmente solicitudes de rebaja presentadas por condenados por delitos sexuales contra menores. En seis de esos casos, los tribunales respaldaron la negativa ministerial.
El antecedente es relevante porque cuestiona la explicación de que el ministro habría estado obligado a conceder los beneficios por mandato de la Corte Suprema. Según la investigación, durante los primeros meses de su gestión Rabat sostuvo el criterio de rechazar solicitudes y defender esa posición ante los tribunales. La cartera cambió posteriormente su interpretación jurídica.
Reportea también examinó decretos y registros judiciales y describió casos en que el Ministerio aprobó beneficios pese a advertencias administrativas sobre el cumplimiento de requisitos. Consultado por ese medio, el Ministerio de Justicia sostuvo que el cambio respondió a un análisis jurídico de los pronunciamientos de los tribunales superiores y no a una decisión discrecional.
Estos antecedentes no equivalen a una sentencia que establezca responsabilidad penal o administrativa del ministro. Sí elevan la exigencia de transparencia sobre los criterios utilizados, la cronología de las decisiones y la forma en que se ponderaron los distintos fallos judiciales. La discusión dejó de centrarse exclusivamente en la existencia de un vacío legal y pasó a examinar también la consistencia de la actuación ministerial.
La oposición obtiene respaldo en una controversia que supera la disputa partidaria
Uno de los resultados más significativos de Black & White está fuera de la evaluación presidencial. Un 53% califica bien o muy bien el desempeño de la oposición frente a la crisis, mientras un 59% considera que está ejerciendo legítimamente su rol fiscalizador. La cifra sugiere que el conflicto no está siendo percibido únicamente como una disputa entre bloques políticos.
El respaldo se extiende a medidas concretas. Un 68% está de acuerdo o muy de acuerdo con que la izquierda presente una acusación constitucional contra Rabat; un 67% respalda que diputados del Partido Socialista y del Partido Comunista hayan recurrido a tribunales, y un 53% apoya condicionar el respaldo opositor a la Ley de Presupuestos 2027 a la salida del ministro.
La diferencia entre estos indicadores es importante. Apoyar la fiscalización no significa necesariamente adherir a la oposición ni respaldar todo su programa. La encuesta muestra, más bien, que una mayoría distingue entre la identidad política de quienes fiscalizan y la legitimidad de exigir explicaciones al Gobierno frente a una controversia que involucra delitos de extrema gravedad.
Paola Assael, de Black & White, interpretó que la controversia estaría generando un rechazo que trasciende la división entre oficialismo y oposición. También señaló que un 54% considera legítima la reactivación de los movimientos feministas para exigir la salida del ministro. Esa lectura apunta a un costo institucional: el Ejecutivo enfrenta una demanda de responsabilidad que no puede neutralizarse solamente presentando el conflicto como una ofensiva partidaria.
Economía y seguridad: las prioridades que el Gobierno no puede perder de vista
La misma encuesta introduce un elemento que impide reducir toda la caída presidencial al caso Rabat. El 72% menciona la economía, la inflación, el desempleo y el crecimiento entre los dos principales problemas del país. La inseguridad, la delincuencia y el narcotráfico aparecen en segundo lugar, con un 55% de menciones.
La distancia entre ambas áreas es significativa para un Gobierno que construyó parte de su identidad política sobre la promesa de recuperar el orden público y mejorar las condiciones económicas. Además, solo un 24% aprueba la forma en que la administración está enfrentando la delincuencia, según el sondeo de Black & White. La evaluación negativa, por tanto, alcanza una de las materias que deberían constituir una ventaja política del Ejecutivo.
El dato plantea un desafío más amplio que la gestión comunicacional de una crisis. Si la ciudadanía considera prioritarios el empleo, los precios y la seguridad, el Gobierno necesita demostrar capacidad de ejecución en esas áreas. Una agenda absorbida por la defensa de un ministro puede reducir el espacio político disponible para instalar resultados en las materias que los propios encuestados identifican como urgentes.
Una crisis de conducción y las preguntas que siguen abiertas
El descenso de Kast también pone a prueba la relación entre el Presidente y su equipo. La permanencia de Rabat, pese al rechazo que reflejan distintos sondeos, obliga a La Moneda a explicar qué criterio está utilizando para evaluar la responsabilidad política de sus ministros. La estabilidad del gabinete no es, por sí sola, una señal de fortaleza si se sostiene a costa de la credibilidad presidencial.
La gira europea del Mandatario, realizada en medio de la controversia, añadió otro flanco a la discusión pública. La oposición cuestionó la oportunidad del viaje y sostuvo que la prioridad debía ser enfrentar la crisis interna. Aunque una agenda internacional puede responder a objetivos diplomáticos y económicos legítimos, el episodio mostró la dificultad del Gobierno para separar su calendario institucional de una emergencia política que seguía escalando en Chile.
También persisten preguntas sobre el alcance efectivo de las medidas anunciadas por Justicia: qué ocurrirá con los decretos ya ejecutados, qué posibilidades legales existen para revisar sus efectos, cómo se informará a las víctimas y qué cambios normativos impedirán que situaciones similares se repitan. La suspensión de nuevas tramitaciones no resuelve automáticamente las consecuencias de los beneficios ya concedidos.
La encuesta Black & White no determina por sí sola el futuro del Gobierno ni permite anticipar un resultado electoral. Tampoco demuestra que el caso Rabat sea la única causa de la caída. Pero, al coincidir con los resultados de Cadem, Criteria y Pulso Ciudadano, confirma que el deterioro presidencial es consistente entre mediciones distintas.
El problema central para Kast es que la crisis dejó de ser exclusivamente jurídica. Se transformó en una discusión sobre criterio político, responsabilidad ministerial y capacidad de conducción. Con un 20% de aprobación en Black & White, el Ejecutivo enfrenta una decisión estratégica: insistir en la defensa de su equipo o reconstruir confianza mediante explicaciones verificables, responsabilidades claras y resultados en las prioridades que la ciudadanía sigue poniendo por delante.
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