La medición, difundida este domingo 8 de noviembre de 2026, muestra que el respaldo presidencial experimentó una recuperación respecto de la semana anterior. Sin embargo, la diferencia de 39 puntos porcentuales entre aprobación y desaprobación revela que el repunte todavía no modifica sustancialmente el escenario político del Gobierno.
Justicia y economía: dos focos de desconfianza
Entre quienes desaprueban la gestión presidencial, el 43% menciona las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales y la controversia relacionada con la permanencia del ministro de Justicia, Fernando Rabat. Otro 42% señala el menor crecimiento económico y el aumento del desempleo.
La proximidad de ambas cifras resulta políticamente significativa. El cuestionamiento no se concentra exclusivamente en el desempeño económico ni en una controversia institucional aislada. La administración enfrenta simultáneamente demandas de responsabilidad en materia de justicia y exigencias de resultados concretos sobre las condiciones de vida.
El debate sobre las decisiones judiciales requiere distinguir las competencias de los tribunales, las atribuciones del Ministerio de Justicia y la responsabilidad política del Gobierno. Una encuesta de opinión no demuestra por sí misma irregularidades ni establece responsabilidades jurídicas. Sin embargo, sí permite identificar el impacto público que estas controversias están teniendo sobre la imagen presidencial.
La cuestión de fondo es la confianza en las instituciones. Cuando una controversia judicial se convierte en uno de los principales motivos de desaprobación de un mandatario, la respuesta gubernamental necesita claridad, transparencia y explicaciones verificables sobre las responsabilidades de cada autoridad.
El desempleo y el costo de vida condicionan la evaluación presidencial
El segundo gran desafío se encuentra en la economía. Un 42% de quienes desaprueban al Presidente menciona la desaceleración del crecimiento y el aumento del desempleo, mientras que un 29% identifica el encarecimiento de la vida y los combustibles.
La encuesta también consultó por las prioridades para los próximos seis meses. El 32% de los participantes seleccionó como objetivo que la tasa de desempleo disminuya desde el 9,8% hasta el 8%. Otro 28% priorizó que el precio de las bencinas regrese al nivel registrado en marzo y un 24% mencionó alcanzar un crecimiento económico anual del 3%.
Estas respuestas no constituyen proyecciones económicas ni metas oficialmente aprobadas. Son preferencias expresadas por los encuestados. Su importancia radica en que muestran cuáles son los resultados que una parte de la ciudadanía espera observar durante los próximos meses.
La situación del empleo aparece así como una variable fundamental para la recuperación de la confianza presidencial. Los anuncios de reformas, las expectativas de inversión y los compromisos de disciplina fiscal pueden formar parte de una estrategia económica, pero su valoración pública dependerá también de los resultados que experimenten los hogares.
La recuperación de tres puntos no elimina el problema político
El aumento de la aprobación desde el 26% hasta el 29% constituye una variación favorable para el Ejecutivo. No obstante, interpretar este movimiento como una recuperación sostenida sería prematuro. Una sola medición semanal no permite establecer una tendencia duradera, especialmente sin considerar la incertidumbre estadística y las características metodológicas del estudio.
La encuesta fue realizada mediante una plataforma en línea y contempló 1.001 casos de personas mayores de 18 años, con cobertura en las 16 regiones y 158 comunas del país. Sus resultados deben entenderse como estimaciones de opinión pública, no como una medición directa del conjunto de los ciudadanos.
Existe además una diferencia importante entre el rechazo a una gestión y la explicación de sus causas. Los porcentajes asociados a justicia, desempleo y costo de vida corresponden a motivos identificados entre quienes desaprueban al Presidente; no deben presentarse como porcentajes equivalentes del total de la población.
Esta distinción resulta indispensable para interpretar correctamente la encuesta Cadem de noviembre de 2026 y evitar conclusiones que excedan lo que efectivamente muestran sus resultados.
La gira europea y el problema de las prioridades
La evaluación de la reciente gira presidencial por Europa incorpora otro elemento de análisis. Según Cadem, un 86% de los encuestados declaró conocer el viaje y, dentro de ese grupo, el 52% lo evaluó negativamente, frente a un 40% que expresó una valoración positiva.
La diplomacia presidencial es una función legítima del Estado y puede contribuir a fortalecer relaciones políticas, comerciales y de inversión. Sin embargo, cuando las preocupaciones domésticas se concentran en el desempleo, los ingresos y el costo de vida, los viajes internacionales también quedan sujetos al escrutinio sobre su oportunidad y sus resultados.
El desafío para La Moneda consiste en explicar cómo sus iniciativas internacionales se relacionan con beneficios concretos para Chile, sin presentar como logros económicos resultados que todavía no se hayan materializado.
La legitimidad democrática exige resultados y rendición de cuentas
La encuesta también contiene un elemento que debe considerarse para una evaluación equilibrada: entre quienes aprueban al mandatario, el 70% destaca que intenta ordenar el país y cumplir sus promesas de campaña. Otro 44% menciona el Plan Nacional de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social.
Estas respuestas indican que el Gobierno conserva una base de apoyo que valora su orientación política. El problema es que ese respaldo resulta insuficiente para compensar la evaluación negativa expresada por una proporción considerablemente mayor de los encuestados.
La democracia no exige que un Presidente mantenga índices elevados de popularidad para ejercer legítimamente su mandato. Su autoridad procede de las instituciones y del resultado electoral. Pero la opinión pública constituye una señal relevante sobre las expectativas sociales y la percepción de sus decisiones.
El desafío político de José Antonio Kast no consiste únicamente en mejorar sus cifras semanales. Requiere responder a las controversias institucionales con transparencia, presentar resultados verificables en materia económica y demostrar que las prioridades del Ejecutivo guardan relación con las principales preocupaciones de la ciudadanía.
La conclusión de esta medición es clara en términos políticos, aunque no permite anticipar el futuro del Gobierno: la recuperación de tres puntos en aprobación no neutraliza el peso de una desaprobación del 68%.
La confianza pública no se reconstruye exclusivamente mediante cambios comunicacionales. Depende de decisiones consistentes, responsabilidades claramente establecidas y resultados que puedan evaluarse en el tiempo.
Para La Moneda, el desafío de los próximos meses será demostrar que puede atender simultáneamente la exigencia de justicia y las urgencias económicas. La distancia entre las promesas y sus resultados constituye hoy una de las principales pruebas de su capacidad de conducción.
