De una amplia aprobación inicial a un balance negativo
La aprobación de Rodrigo Paz perdió 40 puntos porcentuales entre noviembre de 2025 y octubre de 2026. Durante el mismo período, el rechazo aumentó 41 puntos, desde el 18% hasta el 59%. El resultado representa una transformación significativa de la percepción ciudadana en las cuatro principales ciudades incluidas en el Monitor de Opinión Pública de Ipsos CIESMORI.
La diferencia entre aprobación y desaprobación pasó de 47 puntos positivos al comienzo de la administración a 34 puntos negativos al cierre de la medición. Esto equivale a un deterioro de 81 puntos en el balance neto presidencial, una comparación que permite dimensionar mejor la magnitud del cambio político registrado durante el período.
La evolución no fue uniforme. Durante los primeros meses de 2026, el mandatario conservó niveles de respaldo superiores al 60%. Sin embargo, entre mayo y junio la desaprobación superó a la aprobación. En agosto, el rechazo alcanzó su máximo de 65%, mientras el apoyo descendió al 21%, antes de mostrar una recuperación parcial.
El resultado de octubre, con un 25% de aprobación, indica que la tendencia negativa dejó de profundizarse temporalmente, pero todavía no existe evidencia suficiente para hablar de una recuperación sostenida. La disminución del rechazo desde agosto constituye una mejora relativa, aunque el balance general continúa siendo ampliamente desfavorable para el Ejecutivo.
Los datos que explican el deterioro presidencial
La comparación histórica permite observar cómo el respaldo inicial fue perdiendo intensidad hasta transformarse en una evaluación mayoritariamente negativa. Los datos corresponden a las mediciones de Ipsos CIESMORI en el eje urbano estudiado y no deben interpretarse automáticamente como una representación estadística de toda la población boliviana.
| Indicador | Nov. 2025 | Oct. 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| Aprobación | 65% | 25% | -40 puntos |
| Desaprobación | 18% | 59% | +41 puntos |
| Sin posición definida | 17% | 16% | -1 punto |
| Balance neto | +47 puntos | -34 puntos | -81 puntos |
La comparación revela que el deterioro no puede explicarse únicamente por el crecimiento de los indecisos. La proporción de personas sin una posición definida prácticamente no cambió entre los extremos de la serie. El movimiento principal se produjo entre quienes expresaron una valoración favorable y quienes manifestaron una evaluación negativa.
La encuesta de cierre se realizó mediante entrevistas en línea a 400 personas de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre. Este alcance territorial y metodológico es relevante: el estudio permite analizar tendencias urbanas, pero no establece por sí solo la opinión de todos los habitantes del país.
El Alto y Santa Cruz muestran dos dimensiones del desgaste
El rechazo aparece en las cuatro ciudades examinadas, aunque con diferencias territoriales importantes. El Alto registra la mayor desaprobación, con un 75%, mientras su aprobación se sitúa en el 19%. En Santa Cruz, el rechazo alcanza el 56% y el respaldo apenas llega al 21%, pese a que esta última ciudad había sido uno de los principales bastiones iniciales del mandatario.
La evolución de Santa Cruz resulta especialmente significativa. En noviembre de 2025, Paz alcanzaba allí un 71% de aprobación. Once meses después, el indicador había descendido al 21%, equivalente a una pérdida de 50 puntos porcentuales. Este retroceso sugiere que el desgaste alcanzó también a territorios donde el Gobierno había comenzado con condiciones políticas favorables.
En La Paz, la aprobación llega al 36% y la desaprobación al 53%, mientras Cochabamba presenta un 30% de respaldo y un 49% de rechazo. Aunque las intensidades varían, ninguna de las cuatro ciudades muestra una evaluación presidencial mayoritariamente positiva al cierre del período examinado.
La economía: el principal desafío para recuperar confianza
La inflación y el costo de vida aparecen como las preocupaciones prioritarias para el segundo año presidencial. Un 43% de los encuestados reclama medidas para contener los precios, mientras un 26% considera prioritario garantizar el abastecimiento de combustibles y energía. Ambas demandas sitúan la estabilidad económica cotidiana en el centro de las expectativas ciudadanas.
Los datos oficiales ayudan a comprender ese malestar. El Instituto Nacional de Estadística informó que la inflación mensual de octubre alcanzó el 2,07%, mientras el incremento acumulado de precios durante los primeros diez meses de 2026 llegó al 6,03%. La variación interanual se situó en el 7,08%, reflejando presiones persistentes sobre el presupuesto de los hogares.
El aumento de octubre estuvo impulsado, entre otros componentes, por el transporte público, las hortalizas, los alimentos preparados y la carne de res. La relevancia política de estos productos radica en su presencia habitual en el consumo familiar. Cuando suben los gastos cotidianos, las mejoras macroeconómicas pueden resultar insuficientes para modificar la percepción ciudadana.
Sin embargo, existe un matiz relevante. La inflación interanual había alcanzado el 20,40% al cierre de 2025, según los registros del Banco Central de Bolivia, frente al 7,08% observado en octubre de 2026. Esta reducción evidencia una desaceleración respecto del período anterior, aunque no significa que los precios hayan regresado a sus niveles previos.
La diferencia entre reducir la velocidad de la inflación y disminuir efectivamente el costo de vida es fundamental para interpretar el problema. Una economía puede registrar una tasa de inflación menor mientras los hogares continúan enfrentando precios acumulados elevados. Esa brecha entre indicadores agregados y experiencia cotidiana constituye una posible explicación del persistente malestar.
Corrupción y gestión: el problema de credibilidad del Ejecutivo
Entre quienes desaprueban al mandatario, la percepción de corrupción constituye la razón más mencionada, con un 24%. Le siguen la mala gestión, con un 12%, el manejo de la economía y el incumplimiento de promesas, ambos con un 11%. Estas respuestas corresponden a percepciones declaradas y no constituyen pruebas de irregularidades administrativas o delitos.
La evolución de este indicador merece atención. Según los resultados divulgados, la corrupción como motivo de desaprobación pasó del 15% en septiembre al 24% en octubre. El incremento revela que el problema adquiere mayor importancia en la evaluación ciudadana, aunque la encuesta no permite identificar responsabilidades individuales ni establecer la existencia de hechos ilícitos específicos.
El estudio también muestra dificultades en la valoración de las capacidades gubernamentales. Solo un 27% considera que Paz cuenta con un equipo preparado, un 28% cree que reconoce sus errores y un 30% estima que escucha a la población. Estos indicadores apuntan a un cuestionamiento que involucra tanto los resultados como la conducción política.
Desde una perspectiva institucional, la combinación de baja aprobación y dudas sobre la capacidad administrativa puede complicar la ejecución de reformas. Las decisiones económicas que exigen costos inmediatos suelen necesitar una explicación pública consistente, mecanismos de compensación y confianza en las autoridades responsables de implementarlas.
La contradicción central: políticas populares y un presidente impopular
Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que la evaluación negativa del presidente no se extiende automáticamente a todas sus decisiones. Las acciones contra personas vinculadas al narcotráfico obtienen un 82% de valoración positiva, mientras las investigaciones por corrupción reciben un 68% de opiniones favorables.
La reducción de ministerios y gastos gubernamentales también registra un 68% de valoración positiva. La apertura a la inversión privada, nacional y extranjera, alcanza el mismo nivel de respaldo. Esto revela que una parte importante de los consultados distingue entre el desempeño general del mandatario y determinadas iniciativas de su administración.
El contraste tiene implicancias políticas. Una medida puede ser bien recibida por su objetivo específico sin traducirse en apoyo presidencial. La aprobación de una reforma no equivale necesariamente a confianza en quienes la ejecutan, especialmente cuando persisten preocupaciones relacionadas con los ingresos, los precios y la capacidad institucional.
El caso de los combustibles muestra el otro lado de esta relación. Los cambios en las subvenciones y los precios reciben un 51% de valoraciones negativas. Se trata de un ámbito particularmente sensible porque sus efectos pueden transmitirse al transporte, la distribución de mercancías y los costos de producción.
Para el Gobierno, el desafío consiste en transformar el respaldo a determinadas políticas en resultados reconocibles por la población. Sin mejoras concretas, una agenda reformista puede mantener aceptación conceptual y, simultáneamente, generar resistencia hacia la autoridad que debe implementarla.
El 76% que no volvería a votar por Paz y el riesgo electoral
El indicador más delicado para el futuro político del mandatario es la disposición declarada a respaldarlo nuevamente. Un 76% de los encuestados afirma que probablemente o definitivamente no volvería a votar por Paz si se celebraran elecciones presidenciales al día siguiente. Solo un 18% manifiesta disposición a apoyarlo otra vez.
La cifra no debe confundirse con una proyección electoral. Una pregunta hipotética formulada durante el primer año de mandato no permite anticipar el resultado de una elección futura. Las preferencias pueden modificarse, surgir nuevos candidatos y cambiar las condiciones económicas. No obstante, el indicador muestra una debilidad significativa en la disposición actual a renovar el respaldo presidencial.
La evaluación de las expectativas refuerza ese diagnóstico. Un 62% considera que el primer año fue peor de lo esperado, mientras apenas un 13% estima que superó sus expectativas. Esta diferencia evidencia una brecha entre las esperanzas iniciales depositadas en la administración y la valoración de los resultados obtenidos.
Políticamente, esa brecha puede resultar más difícil de corregir que una caída temporal de popularidad. Cuando el cuestionamiento se relaciona con promesas incumplidas o expectativas frustradas, la recuperación requiere resultados verificables y no únicamente cambios comunicacionales o anuncios de nuevas iniciativas.
El segundo año: resultados económicos y capacidad de ejecución
El panorama obliga a distinguir tres desafíos. El primero es económico: contener la inflación y garantizar el abastecimiento energético. El segundo es institucional: demostrar capacidad administrativa y responder a las preocupaciones sobre corrupción. El tercero es político: recuperar credibilidad para impulsar medidas que pueden encontrar resistencia social.
La experiencia del primer año muestra que las valoraciones ciudadanas pueden cambiar con rapidez. El Gobierno comenzó con una aprobación elevada, perdió la mayor parte de ese respaldo y experimentó una recuperación parcial después de agosto. Esa trayectoria demuestra que el escenario no permanece inmóvil, pero tampoco ofrece garantías de una reversión sostenida.
El margen de acción dependerá de factores observables: la evolución de los precios, la disponibilidad de combustibles, la implementación de las reformas y la respuesta gubernamental ante cuestionamientos institucionales. También será relevante comprobar si las medidas valoradas positivamente producen beneficios percibidos por los hogares.
El desgaste político de Rodrigo Paz no equivale por sí mismo a una crisis de gobernabilidad ni permite anticipar una ruptura institucional. Sí representa una señal de alerta sobre la relación entre legitimidad ciudadana, resultados económicos y capacidad de conducción, particularmente cuando la desaprobación supera ampliamente al respaldo.
Las preguntas pendientes sobre el futuro de Bolivia
La primera incógnita es si la desaceleración de la inflación interanual podrá traducirse en una mejora efectiva del poder adquisitivo. La segunda es si el Ejecutivo logrará sostener reformas económicas sin profundizar el malestar asociado a los combustibles y al costo de vida. Ambas cuestiones requieren seguimiento de indicadores objetivos y nuevas mediciones ciudadanas.
También permanece abierta la capacidad del Gobierno para responder a las percepciones de corrupción mediante mecanismos verificables de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas. La popularidad de las investigaciones anticorrupción ofrece una oportunidad política, pero su credibilidad dependerá de procedimientos institucionales y resultados comprobables.
El balance del primer año deja una conclusión central: la administración conserva respaldo para determinadas políticas, pero ha perdido buena parte de la confianza depositada inicialmente en su liderazgo. Su segundo año estará condicionado por la posibilidad de reducir esa distancia entre aceptación de las medidas, desempeño económico y evaluación presidencial.
La evolución de la aprobación no dependerá exclusivamente de nuevas promesas. Los próximos indicadores de inflación, abastecimiento y confianza institucional permitirán establecer si la recuperación parcial observada desde agosto representa el comienzo de una estabilización política o apenas una interrupción temporal de un deterioro más prolongado.
Fuentes documentales y metodología
El análisis utiliza la serie histórica del Monitor de Opinión Pública de Ipsos CIESMORI, los resultados difundidos el 6 de noviembre de 2026 y las estadísticas oficiales de inflación. Los datos de aprobación corresponden a las cuatro ciudades estudiadas. No se identificó durante esta revisión una ficha técnica pública completa de la medición de cierre que permitiera comprobar todos sus parámetros de ponderación y precisión.
Nuestras redes Sociales