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Juicio político a Peña por crisis Ueno Bank / Presidencia de Chile
Juicio político a Peña por crisis Ueno Bank / Presidencia de Chile

Crisis bancaria en Paraguay: oposición presenta pedido de juicio político contra Santiago Peña por Ueno Bank

Diputados opositores y disidentes del oficialismo presentaron el 4 de noviembre de 2026 ante la Cámara de Diputados de Paraguay el pedido formal de juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. La acusación surge un día después de que el Banco Central del Paraguay interviniera Ueno Bank por grave insuficiencia de capital, congelando las cuentas de unos tres millones de clientes.

El documento, que reunió 35 firmas, solicita tramitar el juicio “por el mal desempeño de sus funciones en el ejercicio del cargo”. Acusa a Peña de conflicto de intereses y cuestiona su evolución patrimonial. El diputado Mauricio Espínola, oficialista disidente, confirmó que la sesión para tratar el pedido se convoca para el jueves 5 de noviembre a las 10 de la mañana.

El Banco Central del Paraguay ordenó la intervención y disolución de Ueno Bank el 3 de noviembre tras constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido. La entidad, que afirma tener más de tres millones de clientes en un país de aproximadamente 6,1 millones de habitantes, manejaba también fondos públicos y pensiones.

Peña, quien asumió en 2023 con mandato hasta 2028, poseía acciones de un grupo controlador de Ueno Bank de las que se desvinculó en 2025. El Partido Colorado, al que pertenece, mantiene mayoría en ambas cámaras, aunque está presidido por el expresidente Horacio Cartes, distanciado del mandatario.

Contexto y desglose analítico del hecho

La intervención dejó sin acceso a sus fondos a cerca de la mitad de la población adulta. Clientes formaron filas en agencias y se registraron protestas en Asunción. El presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, presentó su renuncia en las horas posteriores al anuncio.

La acusación invoca el artículo 225 de la Constitución paraguaya. Para que el pedido avance al Senado se requieren 53 votos de los 80 diputados. En el Senado, la destitución exige 30 votos de 45 senadores. Ambas mayorías calificadas de dos tercios hacen improbable el éxito si el bloque colorado permanece unido.

Peña publicó en redes que se priorizarán los intereses de los depositantes y que los responsables de irregularidades enfrentarán la justicia “sin excepciones”. La Presidencia no emitió, al cierre de esta edición, un comunicado detallado sobre el conflicto de intereses alegado.

Mauricio Espínola, diputado oficialista disidente
“El documento presentado al presidente de la Cámara de Diputados logró 35 firmas y la convocatoria para tratar el juicio se hace mañana jueves a las 10 de la mañana.”

La declaración fue entregada a la AFP el 4 de noviembre. Espínola forma parte del grupo que impulsó la presentación junto a legisladores de la oposición.

Datos y comparativas

Ueno Bank concentraba una porción significativa del sistema financiero paraguayo. Su intervención es la más relevante desde la crisis de los años noventa en términos de número de clientes afectados. El Banco Central argumentó la medida para proteger depositantes y preservar la estabilidad del sistema.

Indicador Dato Observación
Clientes Ueno Bank ~3 millones Cerca del 50 % de la población
Firmas para juicio 35 Se requieren 53 en Diputados
Votos destitución Senado 30 de 45 Mayoría de dos tercios
Mandato de Peña 2023-2028 Desvinculación de Ueno en 2025

La tabla se construye a partir de datos del Banco Central del Paraguay, declaraciones legislativas y la Constitución. La cifra de tres millones de clientes proviene de la propia entidad y no distingue entre cuentas activas e inactivas ni incluye el sector informal. El índice de solvencia inferior al 50 % del mínimo no detalla el monto exacto del déficit de capital en los comunicados públicos disponibles al 4 de noviembre.

Impacto institucional, normativo o regulatorio

La intervención del Banco Central activa los mecanismos de resolución bancaria previstos en la normativa paraguaya. La devolución de depósitos se organiza bajo supervisión del ente rector. El juicio político, de avanzar, sometería a Peña y Alliana a un proceso que puede culminar en destitución e inhabilitación.

El Partido Colorado controla ambas cámaras, pero la fractura interna con el sector de Horacio Cartes introduce incertidumbre. Cualquier votación requerirá negociación dentro del oficialismo. El artículo 225 exige que la acusación especifique el mal desempeño; el texto presentado se centra en el conflicto de intereses y la evolución patrimonial.

Análisis técnico propio a partir de la revisión de los documentos oficiales

El cruce del comunicado del Banco Central del Paraguay sobre la insuficiencia de capital con la acusación legislativa muestra que la crisis financiera y la política se solapan. El BCP actuó por razones de solvencia; los diputados vinculan esa solvencia al historial accionario del presidente.

La metodología de la intervención se basa en el índice de solvencia reportado por la entidad. El Banco Central no publicó al 4 de noviembre el detalle completo de los activos y pasivos que justifican la caída por debajo del 50 % del mínimo. La acusación de conflicto de intereses se apoya en la participación accionaria previa de Peña, desvinculada en 2025, sin que se haya exhibido aún en el Congreso el contrato de venta de esas acciones.

La Constitución paraguaya fija umbrales altos para el juicio político precisamente para evitar destituiciones por mayorías simples. Con 35 firmas iniciales, el pedido necesita 18 adhesiones adicionales en Diputados. El control colorado y la posición de Cartes determinarán si esas adhesiones se materializan.

Proyección a 6-18 meses

Si el juicio no avanza, el gobierno de Peña enfrentará el costo político de la devolución de depósitos y la reconstrucción de la confianza en el sistema financiero. Si avanza y prospera, Paraguay tendría un nuevo presidente antes de 2028 y un proceso de transición en medio de la crisis bancaria.

La estabilidad del sistema financiero depende de la velocidad con que se reintegren los fondos a los tres millones de clientes. El Banco Central ha señalado que priorizará esa devolución. Cualquier retraso prolongado afectaría el consumo y la percepción de riesgo país, especialmente entre inversionistas brasileños que han incrementado su presencia en Paraguay en los últimos años.

¿Puede el Partido Colorado, con mayoría en ambas cámaras pero fracturado entre Peña y Cartes, bloquear el juicio político sin que la crisis de Ueno Bank erosione de forma irreversible la confianza de los depositantes y de los mercados en la institucionalidad financiera paraguaya?

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