Una investigación publicada por Reportajes Teletrece abrió un nuevo frente de cuestionamientos sobre el entorno más cercano del presidente José Antonio Kast. Según el reportaje, Agrícola Chacabuco Quality Grapes S.A., empresa fundada y vinculada patrimonialmente a Alejandro Irarrázaval, jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, registra un historial de demandas de la Tesorería General de la República por patentes de derechos de agua.
El trabajo periodístico, firmado por Jaime Pinochet y Rodrigo Verdejo, identificó un certificado que consignaba $149.100.950 en obligaciones asociadas a distintos períodos entre 2015 y 2024. También reveló una nueva acción judicial presentada en mayo de 2026, cuando Irarrázaval ya trabajaba en el Gobierno.
La investigación original puede consultarse en Reportajes Teletrece. Los antecedentes sobre la empresa y su estructura societaria corresponden a esa publicación. El análisis que sigue examina sus implicancias legales, institucionales y de interés público.
Una deuda histórica y nuevos procedimientos de cobro
De acuerdo con T13, la empresa agrícola registra obligaciones por patentes de derechos de agua correspondientes a varios años. El certificado examinado por los periodistas incluye períodos desde 2015, con excepciones señaladas para 2016 y 2018, y suma aproximadamente $149,1 millones hasta 2024.
El reportaje también documentó actuaciones posteriores. El 28 de mayo de 2026, la Tesorería inició un procedimiento judicial que comprendía a 133 titulares de derechos de aprovechamiento, entre ellos Agrícola Chacabuco Quality Grapes.
La existencia de una demanda de cobro no significa que la justicia haya establecido responsabilidad penal. Tampoco permite afirmar que la totalidad del monto histórico permanezca actualmente exigible. Para determinar el saldo vigente sería necesario examinar certificados actualizados, pagos, resoluciones administrativas y el estado de cada juicio.
Las cifras que explican el caso
Certificado de Tesorería examinado por T13.
Con excepciones indicadas en el reportaje.
Procedimiento de cobro informado por T13.
En la acción judicial identificada.
Fuente: investigación de Reportajes Teletrece, 12 de noviembre de 2026. Las cifras históricas no equivalen necesariamente al saldo exigible actual.
Qué establece realmente la ley sobre las patentes de agua
La controversia exige comprender una diferencia jurídica fundamental. En Chile, la patente por no utilización de derechos de aprovechamiento no constituye un impuesto general al consumo de agua. Es un mecanismo establecido para determinados derechos que no se utilizan total o parcialmente, de acuerdo con las condiciones previstas en el Código de Aguas.
La finalidad de este instrumento es desincentivar la mantención de derechos sin aprovechamiento efectivo. Su aplicación depende de antecedentes técnicos, especialmente de la existencia y capacidad de las obras necesarias para utilizar los caudales autorizados.
El régimen está regulado por el Código de Aguas, disponible en la Biblioteca del Congreso Nacional. Los artículos 129 bis y siguientes establecen las condiciones de cálculo, impugnación, cobro y eventual remate de derechos afectados.
La Dirección General de Aguas elabora los listados anuales de derechos sujetos a patente. La sección oficial de patentes por no uso de la DGA permite consultar las resoluciones y los antecedentes correspondientes a cada proceso.
Un dato clave: reclamar judicialmente no siempre suspende el cobro
El Código de Aguas contempla mecanismos para impugnar determinadas resoluciones administrativas. Sin embargo, la existencia de una reclamación no implica automáticamente que desaparezca la obligación de pago o que todo procedimiento de cobranza deba detenerse.
El artículo 129 bis 10 establece que la interposición del recurso judicial correspondiente no suspende el pago de la patente, salvo que la Corte de Apelaciones disponga esa medida. Por ello, resulta indispensable conocer si existieron órdenes judiciales de suspensión en los procedimientos vinculados a la empresa.
Además, el artículo 129 bis 11 contempla un procedimiento judicial destinado al remate público del derecho afectado cuando la patente no es pagada. La norma también establece un plazo de prescripción de tres años para la acción de cobro, sujeto a las circunstancias jurídicas de cada caso.
Esto permite comprender por qué una empresa puede discutir la exigibilidad de una obligación y, simultáneamente, enfrentar acciones de cobranza. La controversia debe resolverse mediante los antecedentes de cada expediente, no mediante una presunción automática de culpabilidad o de inexistencia de la deuda.
La controversia judicial por más de $28 millones
Uno de los antecedentes relevantes revelados por T13 corresponde a una acción judicial presentada en 2023 para obtener la declaración de prescripción de obligaciones asociadas a los años 2017 y 2020.
Los montos examinados alcanzaban $15.765.140 y $12.785.323, respectivamente. En conjunto, representaban $28.550.463. La pretensión buscaba que se reconociera la extinción de la acción de cobro por el transcurso del plazo legal.
Según el reportaje, el procedimiento fue archivado sin que pudiera establecerse públicamente el contenido de una decisión judicial debidamente notificada a las partes. Por tanto, no corresponde afirmar que la empresa ganó o perdió definitivamente esa controversia.
La diferencia es relevante: presentar una demanda para alegar prescripción constituye el ejercicio de una herramienta jurídica reconocida por la legislación. La evaluación de su procedencia depende de los tribunales y de los antecedentes procesales específicos.
El contrato con el Ejército: un segundo elemento de interés público
La investigación de Reportajes Teletrece identificó otro antecedente que amplía la relevancia del caso. Agrícola Chacabuco Quality Grapes mantiene una relación contractual vinculada a terrenos de la Hacienda Peldehue, en la comuna de Colina, pertenecientes al Ejército de Chile.
Según la documentación revisada por T13, la relación comenzó con un contrato de 2006 y fue modificada posteriormente. En 2016 se pactó una extensión del arrendamiento hasta junio de 2047, con una superficie aproximada de 225 hectáreas.
El contrato contempla obligaciones relacionadas con la infraestructura de riego, las inscripciones de aguas y determinados pagos asociados a la explotación agrícola. Esta circunstancia hace especialmente importante establecer qué derechos estaban comprendidos, quién debía asumir cada obligación y si existieron comunicaciones formales entre las partes sobre las patentes discutidas.
El vínculo contractual con una institución pública no demuestra trato preferente ni irregularidad. Sin embargo, permite formular preguntas de fiscalización: ¿se han cumplido las obligaciones pactadas?, ¿qué mecanismos de supervisión se aplicaron?, ¿existen controversias pendientes y cómo afectan al contrato?
El entramado societario y la diferencia entre administrar y mantener participación
De acuerdo con T13, Irarrázaval participó en la creación de sociedades vinculadas a la agrícola, entre ellas Inversiones San Juan Limitada y Río Colina S.A. La investigación reconstruyó relaciones de propiedad que permiten comprender su vinculación con Agrícola Chacabuco Quality Grapes.
El entorno del jefe de asesores sostuvo que dejó de desempeñar funciones administrativas en agosto de 2025 y que actualmente no ejerce facultades ejecutivas en la empresa. Esa afirmación debe distinguirse de la eventual mantención de participaciones patrimoniales directas o indirectas.
Dejar la administración de una sociedad no equivale necesariamente a vender las acciones o participaciones que una persona mantiene en otras empresas relacionadas. Tampoco significa que conserve responsabilidad personal por todas las obligaciones de la sociedad.
La pregunta institucional consiste en determinar qué intereses económicos mantiene actualmente el funcionario, cuáles deben declararse conforme a la legislación y si alguno de ellos puede interferir con las funciones que desempeña en la Presidencia.
Qué está acreditado y qué falta verificar
| Antecedente | Situación |
|---|---|
| Certificado histórico de deuda | Documentado por T13 |
| Demandas de Tesorería | Identificadas en el reportaje |
| Vínculos societarios | Reconstruidos mediante registros comerciales |
| Salida de la administración en 2025 | Afirmada por el entorno del asesor |
| Saldo exigible actual | Requiere certificado actualizado |
| Resultado definitivo de litigios | Requiere expedientes y resoluciones vigentes |
| Intervención del asesor desde La Moneda | No acreditada por los antecedentes disponibles |
La transparencia del Segundo Piso: una exigencia institucional
La relevancia política del caso se relaciona con el cargo de Alejandro Irarrázaval. Como jefe de asesores presidenciales, participa en un entorno de coordinación y apoyo estratégico a las decisiones del Gobierno, aunque ello no significa que tenga competencia directa sobre los procedimientos de cobranza de Tesorería o las resoluciones de la DGA.
La existencia de intereses empresariales previos no constituye por sí misma una incompatibilidad. No obstante, cuando una autoridad o asesor mantiene vínculos económicos con sociedades que enfrentan controversias con el Estado, resulta legítimo examinar sus declaraciones de intereses y patrimonio y los mecanismos de prevención de conflictos de interés que correspondan.
La Ley N.º 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de conflictos de intereses establece obligaciones para las personas comprendidas en su ámbito de aplicación. Determinar las exigencias específicas del cargo requiere verificar su naturaleza jurídica y las disposiciones aplicables.
El punto central no es presumir una intervención indebida. Es establecer si los mecanismos de transparencia permiten identificar oportunamente los intereses relevantes y prevenir que decisiones públicas puedan verse condicionadas por situaciones patrimoniales particulares.
El agua como recurso estratégico: una controversia de alcance nacional
La discusión adquiere una dimensión adicional por el papel del agua en Chile. La disponibilidad hídrica influye en el consumo humano, la producción agrícola, la actividad industrial y la preservación de los ecosistemas. Por ello, la regulación de derechos de aprovechamiento tiene consecuencias económicas y sociales que exceden a cualquier empresa individual.
La Dirección General de Aguas informó que el proceso de patentes de 2026 comprendía 5.432 derechos de aprovechamiento, con un monto total identificado de aproximadamente $397.326 millones. Esa cifra representa obligaciones incluidas en el proceso, no dinero necesariamente recaudado.
El organismo explicó que el mecanismo busca incentivar la utilización efectiva de los derechos o su liberación cuando no son aprovechados. Los antecedentes pueden consultarse en el informe oficial de la DGA sobre las patentes de 2026.
La comparación permite dimensionar el caso dentro de un sistema nacional de fiscalización. Sin embargo, sería incorrecto interpretar que los $149,1 millones atribuidos históricamente a la agrícola representan agua extraída ilegalmente, perjuicio ambiental comprobado o una proporción directamente comparable con la recaudación efectiva del Estado.
¿Qué debería aclarar el Gobierno?
El Ejecutivo enfrenta una oportunidad para responder con información verificable. Una explicación institucional debería distinguir las actuaciones personales del asesor, las obligaciones de las sociedades relacionadas y las competencias de los organismos encargados de fiscalizar y cobrar las patentes.
También sería pertinente precisar si existen declaraciones patrimoniales exigibles, eventuales deberes de abstención y mecanismos de prevención aplicables a las materias en las que interviene el funcionario.
El Gobierno no tiene por qué asumir automáticamente las obligaciones de una empresa privada. Pero sí debe garantizar que los funcionarios y asesores comprendidos en las normas de probidad cumplan los estándares de transparencia correspondientes.
Las preguntas que siguen abiertas
Cinco antecedentes que permitirían esclarecer el caso
1. Saldo actualizado: ¿cuánto se encuentra efectivamente pendiente de pago y qué montos han sido impugnados o extinguidos?
2. Estado de los juicios: ¿qué resoluciones existen en cada procedimiento y cuáles están firmes?
3. Contrato con el Ejército: ¿qué obligaciones contractuales corresponden a la agrícola y cómo se fiscaliza su cumplimiento?
4. Participaciones societarias: ¿qué intereses económicos mantiene actualmente el jefe de asesores y cuáles están sujetos a declaración?
5. Prevención de conflictos: ¿qué medidas institucionales existen para impedir interferencias entre intereses particulares y funciones públicas?
El desafío para La Moneda: transparencia antes que explicaciones políticas
El reportaje de T13 revela una controversia empresarial y judicial que involucra a una sociedad históricamente vinculada al principal asesor presidencial. Su importancia no reside únicamente en la cifra documentada, sino también en la relación entre propiedad empresarial, obligaciones legales y cercanía con el poder político.
La empresa tiene derecho a controvertir los cobros y utilizar los recursos establecidos por la legislación. Irarrázaval, por su parte, debe ser evaluado conforme a sus responsabilidades efectivas y no mediante una atribución automática de las deudas de una persona jurídica.
Pero el Gobierno también debe comprender que la confianza pública exige algo más que señalar que un funcionario dejó la administración de una compañía. Cuando existen vínculos patrimoniales y controversias con organismos del Estado, la transparencia debe permitir conocer la situación real y descartar interferencias indebidas.
La investigación de Reportajes Teletrece abrió preguntas relevantes. La respuesta institucional debe estar en los documentos, los expedientes y las declaraciones verificables, no en acusaciones anticipadas ni en explicaciones insuficientes.
Para el Segundo Piso de La Moneda, el desafío consiste en demostrar que la cercanía con la Presidencia no altera el funcionamiento ordinario de los mecanismos de fiscalización y cobranza que se aplican a cualquier empresa en Chile.
