La decisión contrasta con la intensa presión que el sector transportista ejerció durante el Gobierno de Gabriel Boric en noviembre de 2022. Sin embargo, una comparación rigurosa obliga a distinguir a las organizaciones: aquella paralización también estuvo impulsada por agrupaciones independientes y Fuerza del Norte, mientras las grandes confederaciones tuvieron posiciones diferentes sobre los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo.
Los grandes dirigentes llegan a La Moneda, pero no se suman al paro
La reunión con el biministro Claudio Alvarado contó con representantes de la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre (CNTC), la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Fenabus, la Asociación Nacional de Buses, ChileTransportes y Agetich.
Antes del encuentro, Juan Araya advirtió que el Gobierno había recibido alertas sobre el impacto de las alzas y que las dificultades del sector eran previsibles. El dirigente valoró la propuesta de congelar los combustibles hasta febrero de 2027, aunque sostuvo que su organización pretendía extender el beneficio hasta marzo.
Sergio Pérez también cuestionó la demora del Ejecutivo en responder a las advertencias gremiales. Pese a ello, descartó adherir al paro actual, argumentando que sus bases habían mandatado buscar una solución urgente mediante conversaciones institucionales.
La posición de ambos dirigentes muestra una diferencia entre reconocer la gravedad de un problema y respaldar una paralización. También plantea una pregunta de representación: ¿pueden las grandes confederaciones negociar una salida aceptable para organizaciones que mantienen sus propias demandas y no participan de esa mesa?
El antecedente de 2022: una crisis que también golpeó al Gobierno de Boric
En noviembre de 2022, durante la administración de Gabriel Boric, una paralización de camioneros afectó distintas rutas del país. Entre las principales exigencias figuraban la seguridad del transporte y medidas para contener los costos del diésel.
La movilización fue impulsada por organizaciones como Fuerza del Norte y agrupaciones de transportistas independientes. Las confederaciones nacionales participaron en negociaciones y alcanzaron entendimientos con el Ejecutivo, aunque surgieron diferencias sobre la conveniencia de continuar las protestas.
Juan Araya, entonces presidente de la CNDC, sostuvo públicamente que existían motivaciones políticas entre algunos dirigentes que insistían en mantener la paralización. También cuestionó la conducta de Sergio Pérez durante las negociaciones de ese año.
Por tanto, no sería correcto afirmar que Pérez y Araya organizaron conjuntamente el paro de 2022. Lo que sí puede examinarse es cómo las distintas dirigencias utilizaron las negociaciones, las advertencias de movilización y la presión pública frente a dos administraciones de distinto signo político.
Camioneros: Boric 2022 versus Kast 2026
Comparación de dos conflictos por combustibles y transporte.
| Aspecto | 2022 · Boric | 2026 · Kast |
|---|---|---|
| Motivo principal | Seguridad y precio del diésel | Alza de combustibles y costos operacionales |
| Movilización | Paro impulsado por agrupaciones de transportistas | Paro impulsado por Fuerza del Norte y Centro-Sur |
| Grandes confederaciones | Negociaron; mantuvieron diferencias internas | Negocian sin adherir al paro actual |
| Respuesta estatal | Acuerdos sobre combustibles y otras demandas | Propuesta de congelamiento hasta febrero de 2027 |
La comparación no atribuye a las mismas organizaciones la convocatoria de ambas paralizaciones.
La pregunta sobre el trato a dos gobiernos distintos
La diferencia de estrategias entre 2022 y 2026 merece una evaluación pública. En ambos períodos, el aumento del combustible afectó especialmente a transportistas con márgenes reducidos, compromisos financieros y escasa capacidad para trasladar sus costos a los clientes.
Si los problemas económicos tienen características semejantes, resulta legítimo preguntar por qué determinadas dirigencias privilegian hoy la negociación y qué condiciones consideran suficientes para descartar una paralización. La respuesta debería basarse en los acuerdos disponibles, la posición de sus bases y los resultados obtenidos, no únicamente en la identidad política del Gobierno.
Esto no demuestra por sí solo que exista un trato partidista. Los contextos, los precios y las propuestas son distintos. Pero las organizaciones gremiales que aspiran a representar a miles de trabajadores y empresarios tienen la responsabilidad de explicar públicamente sus decisiones y aplicar criterios consistentes.
La división entre grandes propietarios y pequeños transportistas
El paro de noviembre de 2026 ha dejado en evidencia una fractura dentro del transporte de carga. Fuerza del Norte, encabezada por Cristián Sandoval, y la organización Centro-Sur, liderada por Freddy Martínez, han mantenido movilizaciones ante lo que consideran una respuesta insuficiente del Ejecutivo.
En cambio, las grandes confederaciones encabezadas por Pérez y Araya han privilegiado el diálogo con La Moneda. Esa diferencia no necesariamente refleja que unos dirigentes estén más comprometidos que otros, pero sí demuestra que las organizaciones no tienen idénticas prioridades ni capacidades de negociación.
Un pequeño propietario que depende de uno o dos camiones puede enfrentar dificultades financieras muy diferentes de las de una empresa con una flota amplia. El acceso a contratos, crédito, mantenimiento y capacidad de negociar tarifas influye directamente en la manera en que cada actor absorbe el aumento del diésel.
El problema también fue reconocido durante la crisis de 2022, cuando Juan Araya advirtió que intermediarios del transporte podían retener reajustes que no llegaban a los camioneros de menor tamaño. Esa dimensión estructural continúa siendo relevante para comprender las demandas actuales.
Quiénes negocian y quiénes están movilizados
Sergio Pérez. Participa en las conversaciones y no adhiere al paro actual.
Juan Araya. Solicita extender el congelamiento y mantiene la vía de negociación.
Cristián Sandoval. Organización impulsora de las movilizaciones.
Freddy Martínez. Agrupación que respalda el paro de transportistas.
Situación informada al 12 de noviembre de 2026. Las posiciones pueden modificarse mediante decisiones de las respectivas bases.
Congelar hasta marzo: la nueva exigencia de los grandes gremios
La propuesta del Gobierno contempla mantener contenidos los precios de los combustibles hasta comienzos de febrero de 2027. Juan Araya considera que ese plazo debería ampliarse hasta marzo, mientras las organizaciones movilizadas mantienen exigencias adicionales sobre impuestos y costos del transporte.
La diferencia de duración no es un asunto menor. Cada semana adicional de estabilización puede aumentar el costo fiscal, dependiendo de la evolución de los precios internacionales y del mecanismo utilizado para contener las alzas.
También es necesario determinar si el beneficio se aplicará a todos los consumidores o si existen tratamientos diferenciados para sectores productivos. Una política general puede favorecer a hogares y empresas, pero sus costos deben explicarse con transparencia.
Las estimaciones oficiales de recaudación y gasto pueden examinarse mediante los informes de la Dirección de Presupuestos, mientras los antecedentes legislativos deben consultarse en la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado.
La Moneda enfrenta una negociación fragmentada
El Gobierno de Kast no está negociando con una sola organización capaz de comprometer a todo el transporte de carga. Por el contrario, enfrenta demandas parcialmente coincidentes de dirigentes que mantienen estrategias distintas y representan sectores con realidades económicas diversas.
El riesgo para el Ejecutivo es confundir un acuerdo con las grandes confederaciones con la solución definitiva del conflicto. Si las agrupaciones que sostienen las movilizaciones no aceptan las medidas, las protestas podrían continuar pese a los anuncios realizados en La Moneda.
Por eso, una negociación efectiva requiere claridad sobre quiénes participan, qué organizaciones respaldan los acuerdos y cuáles son las condiciones concretas para suspender las manifestaciones.
La coherencia gremial también debe rendir cuentas
Las organizaciones empresariales tienen derecho a negociar, protestar y defender los intereses de sus asociados. Ese derecho no depende del partido político que gobierne. Pero precisamente por su influencia sobre una actividad estratégica, sus dirigentes deben explicar por qué utilizan determinadas herramientas de presión en cada coyuntura.
La pregunta no es si Sergio Pérez y Juan Araya están obligados a convocar un paro contra Kast. No lo están. La cuestión es si sus criterios de negociación, representación y exigencia pública se mantienen estables cuando cambia la administración presidencial.
Las diferencias documentadas de 2022 impiden sostener que ambos hayan actuado siempre de manera conjunta. Sin embargo, su larga presencia en las negociaciones del sector hace razonable exigir una rendición de cuentas sobre los acuerdos alcanzados, sus resultados y las demandas que continúan sin solución.
El costo de los combustibles no desaparece con una negociación
El precio del diésel tiene efectos que van más allá de las empresas de transporte. Incide en la distribución de alimentos, la actividad agrícola, la logística industrial y otros servicios que dependen del movimiento de mercancías.
Un congelamiento puede contener temporalmente parte de esos costos, pero no garantiza una reducción automática de las tarifas de fletes ni de los precios que pagan los consumidores. La transmisión de cualquier alivio depende de los contratos, la competencia y las condiciones de cada mercado.
Las variaciones de los combustibles y sus componentes pueden consultarse en los registros de la Comisión Nacional de Energía y en los informes de precios de la Empresa Nacional del Petróleo.
Las preguntas que siguen sin respuesta
Las grandes confederaciones negocian, pero no convocaron el paro actual.
El impacto depende del plazo definitivo y de la evolución del petróleo.
Debe aclararse cómo se trasladarán los beneficios a quienes tienen menor poder de negociación.
Las dirigencias deben explicar sus decisiones con antecedentes verificables.
Una misma exigencia de responsabilidad para Kast, Boric y los gremios
La crisis de 2026 no puede entenderse sin recordar lo ocurrido en 2022, pero tampoco corresponde convertir aquella historia en una acusación sin pruebas. Las organizaciones que protagonizaron las movilizaciones, sus dirigentes y los acuerdos alcanzados deben identificarse correctamente.
Lo que sí permanece es una exigencia democrática: ningún gobierno debería recibir un trato privilegiado por afinidades políticas, y ningún gremio debería quedar exento de explicar sus decisiones cuando estas pueden afectar el abastecimiento y la actividad económica del país.
La administración de Kast tiene la obligación de presentar una política de combustibles técnicamente sustentada. Las grandes confederaciones deben demostrar que sus negociaciones producen resultados para sus asociados, incluidos los pequeños propietarios. Y las organizaciones movilizadas deben ejercer sus demandas respetando los derechos de terceros.
La coherencia no consiste en hacer un paro contra cada gobierno, sino en exigir soluciones con la misma transparencia, responsabilidad y firmeza, gobierne quien gobierne. Ese es el estándar que debería aplicarse a quienes hoy negocian en La Moneda y a quienes permanecen en las carreteras.
