Durante años, Paraguay fue presentado por determinados sectores empresariales como un destino privilegiado para invertir: impuestos reducidos, trámites relativamente rápidos y menores obstáculos administrativos. Algunos empresarios chilenos encontraron allí una oportunidad para obtener rentabilidades atractivas. Sin embargo, el colapso de Ueno Bank y la crisis política que terminó con la destitución del expresidente Santiago Peña obligan a examinar una pregunta fundamental: ¿qué ocurre cuando la búsqueda de rentabilidad y la cercanía entre poder económico y político superan la capacidad de fiscalización del Estado?
La discusión adquiere especial importancia para Chile, donde el Gobierno de José Antonio Kast ha planteado la necesidad de reducir las trabas administrativas y acelerar las inversiones. El mandatario ha destacado anteriormente aspectos del modelo económico paraguayo, pero la reciente crisis bancaria demuestra que la facilidad para hacer negocios no puede convertirse en una excusa para debilitar los mecanismos de control.
El atractivo paraguayo y la promesa de hacer negocios sin obstáculos
Muchos empresarios chilenos han observado a Paraguay como una alternativa para desarrollar inversiones debido a su régimen tributario, sus costos operacionales y sus condiciones regulatorias.
El argumento suele ser conocido: mientras en Chile se discute sobre la denominada permisología, otros países ofrecerían condiciones más favorables para desarrollar proyectos y obtener rentabilidades.
Sin embargo, conviene distinguir entre dos conceptos que no son equivalentes: la simplificación administrativa y la eliminación de controles.
Una economía puede reducir trámites innecesarios sin renunciar a la fiscalización financiera, la transparencia de las operaciones ni la responsabilidad de sus autoridades.
La seguridad jurídica y la supervisión bancaria no son obstáculos al desarrollo. Constituyen condiciones indispensables para proteger los capitales legítimos y los recursos de quienes depositan su dinero en las instituciones financieras.
Ueno Bank: del crecimiento acelerado a una crisis de solvencia
El caso de Ueno Bank demuestra los riesgos que pueden acumularse detrás de una expansión comercial aparentemente exitosa.
La entidad digital alcanzó una presencia considerable en Paraguay mediante una estrategia de crecimiento, innovación tecnológica y amplia exposición publicitaria.
Sin embargo, el Banco Central del Paraguay inició un procedimiento de resolución después de detectar que su índice de solvencia había descendido por debajo del 50% del mínimo legal exigido.
Según la investigación publicada por ABC Color el 3 de noviembre de 2026, la situación se agravó tras ajustes realizados en los estados financieros durante el proceso de regularización.
El episodio plantea interrogantes sobre la oportunidad de las medidas regulatorias y la capacidad de las autoridades para identificar riesgos antes de que afecten a los depositantes.
Los préstamos a empresas relacionadas y el riesgo de conflictos de intereses
Uno de los aspectos más delicados de la investigación corresponde a las operaciones crediticias entre Ueno Bank y empresas vinculadas con sus controladores.
De acuerdo con El País, las autoridades investigan préstamos que habrían superado límites regulatorios y operaciones que podrían haber ocultado el deterioro financiero de la entidad.
La Fiscalía también examina la eventual participación de ejecutivos y sociedades vinculadas al Grupo Vázquez.
El problema no consiste en que un banco otorgue créditos a empresas. Esa es precisamente una de sus actividades esenciales.
La cuestión es determinar si esas operaciones fueron aprobadas bajo criterios prudenciales, con garantías suficientes y respetando los límites establecidos para evitar conflictos de intereses.
Cuando los recursos de los depositantes se concentran en empresas relacionadas, el riesgo deja de ser exclusivamente privado y puede transformarse en una amenaza para la estabilidad financiera.
Las responsabilidades penales individuales deberán establecerse mediante los procedimientos judiciales correspondientes, respetando la presunción de inocencia.
El costo para los ahorristas y los recursos públicos
La crisis tuvo consecuencias inmediatas para millones de personas que utilizaban los servicios del banco.
Una investigación de Chequeado, publicada el 6 de noviembre, señaló que aproximadamente 2,9 millones de usuarios resultaron afectados por la interrupción de operaciones.
Entre ellos figuraban alrededor de 32.000 jubilados, mientras la institución mantenía depósitos de fondos públicos por aproximadamente US$800 millones.
Estas cifras permiten dimensionar el problema, pero requieren una precisión: ser usuario afectado no significa necesariamente haber perdido definitivamente todos sus ahorros.
El sistema de garantía de depósitos y el procedimiento de resolución buscan recuperar y devolver recursos conforme a las disposiciones legales aplicables.
Según Reuters, las autoridades ya habían comenzado a efectuar pagos a depositantes mediante los mecanismos de garantía.
El verdadero costo social de estas crisis no se limita a las pérdidas definitivas. También incluye la imposibilidad temporal de disponer del dinero, las dificultades para pagar obligaciones y la incertidumbre de las familias.
Santiago Peña y la crisis de confianza institucional
El colapso financiero adquirió una dimensión política por los antecedentes que vinculan al expresidente Santiago Peña con empresas relacionadas con los controladores de Ueno Bank.
Las investigaciones y denuncias sobre posibles conflictos de intereses precipitaron una crisis institucional que terminó con su destitución.
Según Reuters, Peña fue imputado por presuntos delitos relacionados con abuso de confianza y utilización del cargo para beneficio personal. El exmandatario rechazó las acusaciones y se declaró inocente.
La distinción es importante: una destitución política no constituye automáticamente una condena penal.
Sin embargo, el episodio demuestra el daño que pueden provocar los conflictos de intereses, reales o presuntos, cuando afectan a instituciones responsables de administrar y fiscalizar recursos financieros.
El poder político debe mantener suficiente distancia de los intereses privados sujetos a supervisión estatal.
La renuncia del presidente del Banco Central del Paraguay
La crisis también alcanzó al Banco Central del Paraguay.
Carlos Carvallo, quien había ocupado anteriormente responsabilidades ejecutivas en el entorno financiero de Ueno, presentó su renuncia el 3 de noviembre.
Según La Nación de Paraguay, la dimisión fue comunicada oficialmente al Poder Ejecutivo y al Congreso.
La situación plantea un problema institucional de primera importancia: la necesidad de garantizar que quienes supervisan a las entidades financieras actúen con independencia y sin conflictos de intereses.
La experiencia profesional en el sector privado no constituye por sí misma una irregularidad para ejercer funciones públicas.
Sin embargo, cuando existen relaciones anteriores con instituciones fiscalizadas, deben aplicarse mecanismos estrictos de transparencia, declaración de intereses y prevención de incompatibilidades.
El fútbol, la publicidad y la construcción de influencia
Ueno Bank desarrolló una estrategia de posicionamiento comercial que incluyó una presencia significativa en el deporte paraguayo.
La entidad estuvo vinculada a patrocinios y actividades relacionadas con clubes como Cerro Porteño y Olimpia, según documentó El País.
El patrocinio deportivo es una actividad empresarial legítima. Sin embargo, una presencia pública exitosa no garantiza la solvencia de una institución financiera.
Los clientes deben poder distinguir entre la imagen comercial de una entidad y sus verdaderas condiciones patrimoniales.
Por ello, la publicidad, las relaciones sociales y el prestigio de los patrocinadores jamás deberían sustituir la información financiera auditada y la supervisión regulatoria.
Las advertencias previas y la responsabilidad de los supervisores
Uno de los antecedentes más preocupantes es la existencia de alertas anteriores al colapso.
Según ABC Color, dentro del Banco Central paraguayo se habían registrado advertencias sobre operaciones de Ueno Bank desde 2025.
La pregunta que corresponde formular es si esas alertas fueron investigadas oportunamente y si las autoridades adoptaron medidas proporcionales al riesgo detectado.
Un sistema financiero confiable necesita reguladores capaces de actuar antes de que los problemas se vuelvan irreversibles.
La supervisión tardía puede transformar irregularidades inicialmente acotadas en crisis que comprometen a depositantes, trabajadores y organismos públicos.
La lección para Chile y el Gobierno de Kast
El caso paraguayo merece especial atención en Chile por las propuestas gubernamentales destinadas a reducir obstáculos regulatorios y facilitar la inversión.
La simplificación de permisos puede ser positiva cuando elimina duplicidades y mejora la eficiencia administrativa.
Pero sería un grave error utilizar ese objetivo para debilitar los controles financieros, ambientales o institucionales que protegen el interés público.
La Comisión para el Mercado Financiero de Chile (CMF) cumple una función esencial en la fiscalización de bancos, compañías de seguros y entidades del mercado de valores.
Su independencia técnica y su capacidad de supervisión deben fortalecerse, no condicionarse a las necesidades inmediatas de determinados grupos empresariales.
La información institucional sobre estas funciones puede consultarse en el sitio oficial de la CMF.
La administración de José Antonio Kast debería considerar que la confianza de los inversionistas depende tanto de la facilidad para desarrollar proyectos como de la existencia de reglas claras y autoridades capaces de hacerlas cumplir.
Un mercado sin controles suficientes puede ofrecer rentabilidades atractivas durante un tiempo, pero también acumular riesgos que terminan perjudicando a toda la economía.
La diferencia entre arriesgar capital propio y administrar ahorros ajenos
Existe una diferencia fundamental entre una empresa que arriesga el capital de sus propietarios y un banco que utiliza depósitos del público para desarrollar su actividad crediticia.
Los bancos cumplen una función económica esencial al transformar depósitos en financiamiento para hogares y empresas.
Precisamente por esa función, deben mantener niveles adecuados de capital, liquidez, provisiones y controles de riesgo.
La regulación bancaria no busca impedir el negocio financiero, sino reducir la probabilidad de que decisiones imprudentes de sus administradores terminen afectando a personas que no participaron en ellas.
Cuando una institución pierde solvencia, las consecuencias pueden extenderse a trabajadores, pensionados, pequeños comerciantes y servicios públicos.
Por esa razón, la protección del ahorro debe situarse por encima de las relaciones políticas o de las expectativas de rentabilidad de los controladores.
El verdadero costo de la desregulación sin fiscalización
La experiencia paraguaya demuestra que el crecimiento económico y la atracción de inversiones no bastan para garantizar la estabilidad institucional.
Una economía puede mostrar indicadores favorables y, simultáneamente, acumular vulnerabilidades en determinadas entidades financieras.
La responsabilidad del Estado consiste en detectar esos riesgos, exigir correcciones y proteger a los depositantes antes de que la situación se transforme en una crisis sistémica.
Para Chile, la enseñanza es clara: reducir la burocracia no puede significar disminuir la vigilancia sobre el uso de recursos ajenos.
Los empresarios tienen derecho a buscar oportunidades de inversión y obtener beneficios legítimos. Pero ninguna rentabilidad justifica la utilización indebida de fondos, el ocultamiento de riesgos o la interferencia política en las instituciones supervisoras.
La codicia puede existir en cualquier sistema económico. Lo que distingue a un Estado responsable es su capacidad para impedir que esa conducta termine trasladando los costos a los sectores más vulnerables.
El caso de Ueno Bank debería servir como advertencia para quienes sostienen que el desarrollo económico depende simplemente de reducir impuestos y eliminar regulaciones.
La verdadera modernización económica consiste en facilitar la inversión legítima y, al mismo tiempo, fortalecer la fiscalización, la transparencia y la responsabilidad de quienes administran el dinero de los demás.
Patricio Herman | Columna de opinión para The Times Latino
