La principal conclusión es que existe un respaldo amplio a establecer controles obligatorios para las apuestas online, aunque no hay el mismo consenso respecto de permitir o prohibir su operación.
Mayoría ciudadana prefiere regular antes que prohibir
El 63,5% de las personas encuestadas considera que las plataformas deberían funcionar bajo un régimen de regulación estricta y fiscalización estatal. En contraste, el 30,8% respalda su prohibición total, mientras que apenas el 4,3% se muestra favorable a permitirlas sin restricciones.
La diferencia entre regulación y prohibición alcanza 32,7 puntos porcentuales, una distancia relevante para comprender las preferencias de los participantes.
Sin embargo, estos resultados no deben interpretarse como una autorización ciudadana para liberalizar el mercado. El apoyo a la regulación aparece acompañado de exigencias de control, identificación de usuarios, prevención de delitos financieros y protección frente a la ludopatía.
La investigación fue difundida por la Universidad San Sebastián y sus antecedentes metodológicos pueden consultarse en la información publicada sobre el estudio Chile Nos Habla – Apuestas en Línea.
Protección de menores: el principal punto de acuerdo
La protección de niños, niñas y adolescentes constituye uno de los resultados más significativos del sondeo. Un 98,3% considera importante establecer mecanismos de verificación de edad e identidad para impedir el acceso de menores.
Además, el 98,6% respalda que las plataformas deban validar la identidad de sus usuarios antes de permitirles realizar apuestas.
La diferencia entre ambos indicadores responde a preguntas distintas: una evalúa la importancia de proteger a menores y la otra mide el respaldo a una obligación concreta para los operadores.
El consenso evidencia que la discusión sobre las apuestas digitales no puede limitarse a la recaudación tributaria ni a los intereses comerciales de las empresas.
Una regulación efectiva requeriría sistemas verificables de identificación, mecanismos de supervisión y sanciones frente al incumplimiento de las restricciones de edad.
El antecedente preocupante: adolescentes que comienzan a apostar a los 15 años
La preocupación adquiere mayor relevancia al considerar investigaciones anteriores sobre el comportamiento de jóvenes frente a las apuestas digitales.
El estudio «Pantallas que atrapan: Radiografía del juego online en jóvenes chilenos», presentado en octubre de 2025 por la Corporación de Juego Responsable, Red Preventiva Copreventive y Actitud Lab, encontró que el 14% de los jóvenes consultados había apostado online durante los doce meses anteriores.
Entre adolescentes de 12 a 17 años, la proporción alcanzó el 11%, mientras que la edad promedio de inicio entre estudiantes escolares apostadores fue de 15,5 años.
La investigación también identificó una elevada exposición a publicidad de apuestas en redes sociales y transmisiones digitales.
Estos antecedentes fueron difundidos por la Cámara Nacional de Comercio.
Es importante distinguir ambas investigaciones: la encuesta USS de 2026 examina principalmente opiniones sobre regulación, mientras que el estudio de 2025 aborda comportamientos y exposición de jóvenes a las apuestas.
La publicidad digital y el riesgo de normalizar las apuestas
La expansión de las plataformas digitales ha modificado la manera en que los usuarios conocen los servicios de apuestas.
Las redes sociales, los contenidos deportivos, las transmisiones en vivo y las promociones comerciales pueden aumentar la exposición de adolescentes a mensajes asociados con el juego.
El estudio juvenil de 2025 reportó que el 92% de los participantes había visto publicidad relacionada con apuestas en redes sociales o transmisiones digitales.
La exposición publicitaria no demuestra por sí sola que una persona desarrollará una adicción, pero plantea interrogantes sobre la influencia comercial en grupos especialmente vulnerables.
Desde una perspectiva de política pública, el desafío consiste en determinar qué restricciones publicitarias pueden reducir riesgos y cómo fiscalizar campañas realizadas desde plataformas o servidores ubicados fuera de Chile.
El Senado avanza hacia una posible prohibición
La discusión legislativa experimentó un giro el 9 de noviembre, cuando la Comisión de Economía del Senado aprobó dos indicaciones sustitutivas relacionadas con la prohibición de plataformas de apuestas en línea.
La votación se resolvió por tres votos favorables, uno contrario y una abstención. Las propuestas buscan modificar el enfoque regulatorio del proyecto que se encuentra en segundo trámite constitucional.
Una de las iniciativas propone prohibir la explotación, administración, oferta y publicidad de plataformas de apuestas online. Otra contempla medidas dirigidas a operadores sin autorización legal, incluyendo sanciones agravadas en determinadas circunstancias.
La aprobación de estas indicaciones no significa que las propuestas hayan entrado en vigor. El texto debe continuar su tramitación parlamentaria y superar las etapas legislativas correspondientes.
El proceso puede seguirse mediante el Senado de Chile y los registros oficiales de la discusión parlamentaria.
El Gobierno de Kast defiende un modelo de regulación
El Ejecutivo ha planteado una alternativa basada en licencias, obligaciones tributarias y mecanismos de supervisión.
El subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, cuestionó que las indicaciones gubernamentales no fueran examinadas antes de la aprobación de las propuestas sustitutivas.
El paquete presentado por el Gobierno contemplaba licencias de cinco años, obligaciones tributarias, restricciones publicitarias y mecanismos destinados a prevenir el juego problemático.
La posición gubernamental parte de la premisa de que un mercado sometido a autorización y fiscalización podría ofrecer mejores herramientas de control que uno completamente prohibido.
Sus críticos sostienen, en cambio, que permitir nuevas plataformas podría ampliar el acceso al juego y aumentar los riesgos de adicción.
La evidencia presentada hasta ahora no permite concluir automáticamente cuál de los modelos producirá mejores resultados en Chile. La comparación requiere considerar cumplimiento, fiscalización efectiva, restricciones de acceso y experiencias internacionales.
El 95,3% respalda que las plataformas paguen impuestos
La encuesta USS muestra que el 95,3% de los participantes considera que las empresas de apuestas online deberían tributar en Chile.
Al preguntar por la carga tributaria, el 54,2% se manifestó favorable a establecer tasas superiores a las aplicadas a otras actividades económicas, mientras que el 42,4% prefirió un tratamiento equivalente al de otras empresas.
El respaldo ciudadano a la tributación introduce una dimensión fiscal al debate, pero recaudar impuestos no equivale necesariamente a legitimar todas las operaciones comerciales.
La autorización legal para operar, la obligación de tributar y las medidas de prevención de delitos corresponden a dimensiones distintas que deben ser abordadas de manera coherente.
Una eventual legislación también deberá establecer procedimientos de auditoría, transparencia de transacciones y responsabilidades de los operadores.
Fraude, lavado de activos y crimen organizado
Otro resultado relevante corresponde a la preocupación por los delitos financieros.
El 98,6% de los participantes considera importante prevenir el fraude, el lavado de activos y el financiamiento de organizaciones criminales.
Además, el 98,4% respalda establecer obligaciones de reporte de operaciones sospechosas, mientras que el 95% apoya auditorías regulatorias independientes.
Estos resultados no significan que todas las plataformas participen en actividades delictivas. Reflejan la demanda de establecer controles que permitan identificar riesgos y prevenir operaciones ilegales.
En Chile, la Unidad de Análisis Financiero cumple funciones relevantes en materia de prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Una eventual regulación debería definir cómo se relacionarían las plataformas autorizadas con las obligaciones de información y los organismos de supervisión correspondientes.
La ludopatía entra en el centro de la discusión pública
La encuesta también revela una preocupación extendida por los riesgos asociados con el juego problemático.
El 84,5% considera importante destinar recursos a prevención, investigación y tratamiento de la ludopatía.
Entre las medidas específicas, el 89,9% respalda límites obligatorios y accesibles para depósitos y gastos, mientras que el 86,3% apoya un registro centralizado de autoexclusión.
Además, el 85,5% se manifiesta favorable a controles sobre la duración de las sesiones de juego.
Estos mecanismos buscan reducir riesgos, pero su efectividad depende de su implementación y de la capacidad de las autoridades para supervisar el cumplimiento.
La existencia de herramientas de autocontrol tampoco reemplaza las políticas de prevención, atención sanitaria y protección de menores.
Qué revela la encuesta sobre hombres y mujeres
Los resultados muestran diferencias de comportamiento y percepción según género.
El 7,6% de los hombres consultados declara participar en apuestas deportivas online, frente al 2,8% de las mujeres.
En cuanto al conocimiento de personas con problemas relacionados con el juego, el 68% de los hombres y el 65% de las mujeres señala conocer algún caso.
La proporción que conoce a un familiar afectado alcanza el 16,1% entre hombres y el 22,1% entre mujeres.
Estos indicadores deben interpretarse como respuestas declaradas y no como diagnósticos clínicos ni estimaciones directas de prevalencia de ludopatía.
También muestran que las consecuencias sociales del juego pueden extenderse más allá de quienes realizan apuestas.
Las limitaciones metodológicas que deben considerarse
La encuesta fue aplicada entre el 9 y el 26 de octubre de 2026 a 1.024 participantes de 178 comunas de las 16 regiones de Chile.
El cuestionario fue autoadministrado por internet y sus resultados se ponderaron por sexo, tramo etario y nivel socioeconómico.
El estudio informa un margen de error de ±3,4 puntos porcentuales y un nivel de confianza de 95%.
Sin embargo, al tratarse de una encuesta online, es importante conocer el procedimiento de reclutamiento de participantes para evaluar su representatividad y las limitaciones de cobertura.
El margen de error informado no elimina posibles sesgos de selección o respuesta. Por ello, las conclusiones deben presentarse como resultados de la encuesta y no como una expresión exacta de la opinión de toda la población chilena.
El desafío institucional: proteger a los menores sin dejar vacíos de fiscalización
La discusión legislativa enfrenta una pregunta fundamental: qué modelo permitirá reducir efectivamente el acceso de menores, prevenir adicciones y controlar las operaciones financieras de las plataformas.
La prohibición podría restringir la oferta legal, pero necesitaría mecanismos eficaces para impedir que los usuarios accedan a operadores extranjeros sin autorización.
La regulación, por su parte, permitiría establecer licencias y obligaciones de supervisión, aunque requeriría capacidad fiscalizadora suficiente y sanciones efectivas.
En ambos escenarios, la protección de niños y adolescentes debería constituir una condición central, no una medida secundaria.
La encuesta USS muestra que existe un amplio acuerdo sobre esa prioridad, aunque persisten diferencias respecto del camino legislativo.
Para el Gobierno de José Antonio Kast y el Congreso, el desafío será transformar ese consenso en disposiciones verificables, fiscalizables y coherentes con las responsabilidades del Estado.
La decisión final no debería medirse solamente por la cantidad de plataformas autorizadas o prohibidas, ni por los ingresos fiscales proyectados. También deberá evaluarse por su capacidad para prevenir daños, proteger a las familias y establecer reglas claras en el entorno digital.
