Una reflexión sobre la ética como fundamento de la democracia, el deber del Estado de garantizar seguridad y los límites del empleo de las Fuerzas Armadas.
¿En qué momento comenzamos a aceptar como normal que nuestros hijos y nietos no puedan caminar tranquilamente por las calles, regresar solos del colegio o desplazarse desde una estación del Metro hasta la universidad sin temor a ser asaltados? ¿Cuándo nos resignamos a que los ciudadanos honestos deban modificar sus vidas mientras los delincuentes imponen sus propias reglas?
Antes de hablar de seguridad, leyes o empleo de la fuerza, debemos abordar algo mucho más importante: la ética. Antes de todo, la ética. Su ausencia está en el origen de buena parte de la degradación que experimentamos como sociedad: corrupción, abuso del poder, incumplimiento de los deberes y pérdida del respeto por la vida y la dignidad humana.
Pero sería un error atribuir esta crisis exclusivamente a los delincuentes, a determinadas autoridades o a un sector de nuestra sociedad. La ética no puede exigirse solamente a los demás. Comienza en el hogar, continúa en la escuela, se fortalece en la universidad y debe acompañarnos durante toda la vida.
Está presente cuando educamos a nuestros hijos, cumplimos nuestras obligaciones, administramos recursos públicos o, simplemente, respetamos los derechos de quienes nos rodean.
La formación ética como responsabilidad compartida
En este contexto adquiere especial significado el compromiso que desde hace años mantiene la Universidad Bernardo O’Higgins (UBO) con la formación ética y la responsabilidad social.
A través de asignaturas como Formación Ética para el Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Universitaria, se refuerzan principios que debieran comenzar a consolidarse en el hogar y la escuela.
Los estudiantes, organizados en equipos interdisciplinarios, analizan problemas reales y elaboran proyectos orientados a aportar soluciones, desarrollando un pensamiento crítico sustentado en fundamentos académicos, teóricos y éticos.
Pero esta experiencia también constituye un valioso aprendizaje para quienes ejercemos la docencia. El intercambio con nuestros alumnos nos permite descubrir nuevas miradas y reconocer que muchos jóvenes demuestran una conciencia social y un compromiso ético que, como generaciones mayores, no siempre supimos cultivar ni llevar a la práctica.
Es una tarea de aprendizaje recíproco que confirma que la formación ética no termina con la juventud ni con la obtención de un título profesional.
Hemos llegado, además, a una paradoja inquietante: desarrollamos sistemas de inteligencia artificial capaces de evaluar decisiones conforme a principios éticos previamente establecidos, mientras los propios seres humanos, dotados de conciencia y responsabilidad moral, parecen cada vez más dispuestos a desconocerlos.
No es que las máquinas sean moralmente superiores al ser humano, sino que este parece estar olvidando aquello que debiera distinguirlo de ellas: su conciencia ética.
Seguridad y libertad: dos principios inseparables
Una democracia no puede sostenerse únicamente sobre leyes e instituciones. Necesita ciudadanos responsables y autoridades que ejerzan el poder con rectitud.
Cuando la ética desaparece, las leyes pierden respeto, la autoridad pierde legitimidad y la libertad queda amenazada. Porque la seguridad no es lo contrario de la libertad; es una condición indispensable para ejercerla.
Singapur y Dinamarca, con sistemas políticos diferentes, han alcanzado elevados niveles de seguridad, prosperidad y bienestar. El Salvador, mediante una estrategia mucho más severa, ha conseguido reducir extraordinariamente la violencia de las pandillas, aunque sus métodos también han suscitado cuestionamientos sobre el respeto de los derechos fundamentales.
Estas experiencias, con sus diferencias y particularidades, nos invitan a preguntarnos cuánto estamos dispuestos a contribuir, como ciudadanos, para recuperar nuestra seguridad y tranquilidad.
La libertad de vivir sin miedo también tiene un precio. Debemos estar dispuestos a aceptar leyes más rigurosas, mayores controles y ciertas restricciones razonables, siempre que no comprometan nuestros derechos fundamentales.
Pero también debemos recuperar la ética de la convivencia: respetar las leyes, cumplir nuestros deberes y reconocer los derechos ajenos. No podemos exigir todos los derechos y rechazar las obligaciones que permiten ejercerlos.
El Estado y el legítimo uso de la fuerza
En una columna publicada en BioBioChile, titulada «Infraestructura crítica de salud y FF.AA.: una propuesta técnica y cívica desde los territorios», el ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, propone emplear efectivos militares para proteger establecimientos de salud amenazados por la violencia.
Comparto su preocupación, pero considero que existe una cuestión anterior: ¿cómo esperamos que nuestras policías y Fuerzas Armadas enfrenten la violencia si el Estado no les entrega las atribuciones, los medios y el respaldo necesarios para cumplir legítimamente su misión?
Chile ha avanzado en una legislación sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF). Es un paso relevante, pero ninguna norma será suficiente sin preparación profesional, respaldo institucional y voluntad política para aplicarla.
La sola presencia de uniformados no garantiza seguridad. El Estado debe disponer de una capacidad de fuerza suficiente para enfrentar y controlar a quienes amenazan a la sociedad, siempre dentro del marco constitucional y legal.
La proporcionalidad no significa enfrentar al delincuente con idénticos medios, sino emplear la fuerza necesaria y jurídicamente justificada para controlar una amenaza concreta.
La eficacia de la acción estatal no puede separarse del respeto por los derechos fundamentales. Precisamente porque el Estado posee el monopolio del uso legítimo de la fuerza, su ejercicio debe estar sujeto a normas claras, preparación profesional, supervisión y responsabilidad.
México y Ecuador nos advierten que recurrir reiteradamente a las Fuerzas Armadas no garantiza derrotar al crimen organizado. Las experiencias de Singapur, Dinamarca y El Salvador, aunque diferentes, merecen ser estudiadas por sus resultados, sin desconocer las particularidades de sus sistemas políticos y jurídicos.
La responsabilidad ética del poder político
Aquí surge una responsabilidad ética ineludible: la del poder político.
No es aceptable exigir a policías y militares que enfrenten amenazas cada vez más complejas sin proporcionarles los medios necesarios. Pero tampoco es responsable trasladar permanentemente a las Fuerzas Armadas las tareas que corresponden a las instituciones policiales.
La mayor carga de esas nuevas obligaciones probablemente recaería sobre el Ejército, debilitando su preparación para la defensa nacional, desnaturalizando su misión y afectando la motivación de quienes fueron formados para servir como soldados, no como policías.
La ética también exige que cada institución cumpla la misión que la sociedad le ha encomendado y que las autoridades políticas no eludan sus responsabilidades.
Una democracia protegida no es una democracia tutelada por los militares. Es una democracia sostenida por ciudadanos responsables, instituciones fuertes, leyes respetadas y autoridades capaces de ejercer legítimamente el poder.
Es una sociedad donde los derechos y los deberes sean inseparables y donde la libertad de unos no termine sometida a la violencia de otros.
Recuperar la libertad de vivir sin miedo
Una sociedad verdaderamente libre es aquella donde las personas pueden transitar sin temor, las familias disfrutar de los espacios públicos y los ciudadanos honestos desarrollar sus vidas sin quedar sometidos a quienes infringen la ley.
No deberíamos necesitar la amenaza de una sanción para actuar éticamente. Sin embargo, cuando se vulneran los derechos ajenos, el Estado tiene la obligación de intervenir y hacer respetar la ley.
La seguridad no puede depender exclusivamente de mayores penas, controles policiales o despliegues militares. Requiere instituciones capaces, autoridades responsables y ciudadanos conscientes de que la convivencia democrática exige tanto derechos como deberes.
En definitiva, proteger la democracia significa también proteger las condiciones que permiten ejercer la libertad en la vida cotidiana.
La democracia no se protege solamente con leyes, policías o Fuerzas Armadas. Se protege, antes que todo, con ética. Y cuando esta falla, el Estado debe garantizar aquello que nunca debimos perder: la libertad de vivir sin miedo.
Christian Slater E.
De mis apuntes de Ética
Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente la posición editorial de The Latinos Times .
