Elena Carvajal Gorosábel
El presidente Daniel Noboa ha decretado un nuevo estado de excepción de 60 días en diez provincias y tres municipios del país ante el repunte de la violencia vinculada al crimen organizado y el narcotráfico. La medida, firmada este 16 de junio de 2026, refleja la persistencia de una crisis de seguridad que ha convertido a Ecuador en uno de los países más violentos de América Latina, pese a los reiterados esfuerzos del Gobierno por contenerla mediante herramientas extraordinarias.
Esta es la más reciente manifestación de una estrategia que combina despliegue militar, suspensión temporal de garantías y cooperación internacional, pero que también genera interrogantes sobre su sostenibilidad a largo plazo y sus implicaciones para los derechos humanos y la economía del país.
Durante gran parte de la década de 2010, Ecuador se mantenía como un oasis relativo de seguridad en una región convulsa. Sus tasas de homicidio se situaban por debajo de 10 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, a partir de 2021 la situación cambió drásticamente. La ubicación estratégica del país como corredor de salida de cocaína hacia Europa y Norteamérica, combinada con la corrupción en el sistema penitenciario y la penetración de carteles mexicanos y redes europeas, aceleró su transformación en epicentro del crimen organizado.
En 2023 el país superó los 8.000 homicidios. Según cifras oficiales del Ministerio del Interior, 2025 cerró con alrededor de 9.300 asesinatos, la cifra más alta de su historia. Entre el 1 de mayo y el 12 de junio de 2026, solo en las provincias ahora bajo estado de excepción se registraron 879 homicidios. La violencia no es estática: los grupos criminales reconfiguran constantemente sus alianzas, rutas y métodos de operación.
Las provincias más afectadas —Pichincha (Quito), Guayas (Guayaquil), Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay— concentran los principales nodos logísticos del narcotráfico, puertos de exportación y zonas fronterizas porosas. A ellas se suman los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y La Troncal (Cañar).
Desde su llegada al poder en noviembre de 2023, Daniel Noboa ha hecho de la seguridad el eje central de su gestión. La declaración de “conflicto armado interno” en enero de 2024 marcó un punto de inflexión al catalogar a las bandas criminales como organizaciones terroristas y autorizar el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público.
Los estados de excepción se han convertido en instrumento habitual. El anterior régimen extraordinario expiró el 1 de junio de 2026 tras 60 días de vigencia. Apenas dieciséis días después, el nuevo decreto reactiva herramientas similares: suspensión de la inviolabilidad del domicilio, intervención militar y facultades ampliadas para las fuerzas de seguridad con el objetivo de “precautelar la protección interna y el control del orden público”.
Durante su reciente visita al Pentágono, Noboa reforzó la cooperación con Estados Unidos en materia de inteligencia y operaciones conjuntas. Esta alineación ha permitido incrementos significativos en decomisos de droga —casi 300 toneladas en picos recientes— y extradiciones de cabecillas, pero no ha logrado desarticular las estructuras financieras ni las economías criminales paralelas.
Los grupos locales como Los Choneros y Los Lobos operan en estrecha coordinación con carteles mexicanos y mafias albanesas. Además del narcotráfico, han diversificado sus ingresos hacia la minería ilegal, la extorsión sistemática a empresas, agricultores y hasta centros educativos, y el secuestro exprés. La minería ilegal, en particular, genera ingresos alternativos y destruye ecosistemas en zonas remotas de la Amazonía y la costa.
El sistema penitenciario sigue siendo un talón de Aquiles. Desde las cárceles, los líderes dirigen operaciones complejas. Las masacres carcelarias de años anteriores, aunque reducidas temporalmente por la presencia militar, ilustran la fragilidad institucional.
La violencia no es solo un drama humanitario; representa un lastre económico severo. Estudios vinculados al FMI indican que cada incremento del 1% en la tasa de homicidios puede reducir la actividad económica hasta en un 0.5%. La percepción de riesgo ha disuadido la inversión extranjera directa en sectores clave como la agroexportación, la acuicultura y el turismo.
Guayaquil, principal puerto del país y nodo estratégico para exportaciones de banano, camarón y cacao, opera bajo constante amenaza. La extorsión a productores agrícolas y transportistas eleva costos y reduce competitividad. El turismo, que mostraba potencial antes de la crisis, ha sufrido advertencias de viaje de gobiernos extranjeros.
A pesar de avances fiscales y una reducción de la pobreza del 26% al 21,4% reportada por el Gobierno en 2025, las agencias de calificación crediticia mantienen perspectivas cautelosas. La economía dolarizada de Ecuador ofrece estabilidad monetaria pero también facilita el lavado de activos procedentes del narcotráfico. La combinación de sequías, problemas energéticos y costos de seguridad eleva la presión sobre las finanzas públicas.
Organizaciones de derechos humanos han expresado reservas ante la reiteración de medidas excepcionales. Denuncias de posibles excesos en operativos, detenciones arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza han acompañado anteriores estados de excepción. La suspensión de la inviolabilidad del domicilio, aunque justificada por el Gobierno para actuar contra objetivos concretos, plantea desafíos en su implementación práctica y control judicial.
El equilibrio entre seguridad y libertades democráticas se pone a prueba. Si bien la población, especialmente en zonas urbanas afectadas, respalda mayoritariamente las acciones enérgicas, el riesgo de normalización de la excepción como herramienta de gobierno preocupa a analistas institucionales.
La crisis ecuatoriana no puede entenderse aislada del contexto hemisférico. Como país de tránsito clave para la cocaína, Ecuador se encuentra en la intersección de rutas colombianas, mexicanas y europeas. La minería ilegal atrae también a actores transfronterizos, incluyendo disidencias de antiguas guerrillas colombianas.
La migración forzada ha aumentado: cada vez más ecuatorianos se suman a las caravanas que cruzan el Darién rumbo a Estados Unidos. La cooperación con Washington se ha intensificado, pero también requiere equilibrios delicados con otros socios como China, que mantiene importante presencia en infraestructura y energía.
La coordinación regional con Colombia y otros vecinos resulta indispensable, aunque las diferencias en enfoques de política de drogas y seguridad complican a menudo la colaboración efectiva.
El nuevo estado de excepción otorga un respiro operativo para intensificar acciones contra estructuras criminales. Su éxito dependerá de varios factores críticos: inteligencia de calidad orientada a desmantelar flujos financieros, reforma profunda del sistema penitenciario, generación de empleo legítimo en zonas vulnerables y fortalecimiento de la capacidad judicial para reducir la impunidad.
Las operaciones cinéticas de corto plazo han demostrado eficacia táctica limitada frente a organizaciones altamente adaptativas y motivadas por enormes beneficios económicos. Una estrategia integral que combine seguridad, desarrollo social, lucha anticorrupción y cooperación internacional resulta imprescindible para romper el ciclo.
Para Ecuador, las próximas semanas y meses bajo este decreto representarán una nueva prueba: si las medidas excepcionales pueden evolucionar hacia una estabilización duradera o si el país se encamina hacia una institucionalización de la excepción y la militarización. El resultado no solo determinará el futuro inmediato de millones de ecuatorianos, sino que influirá en la batalla regional más amplia contra el crimen organizado transnacional.
La apuesta de Noboa es clara: priorizar el restablecimiento del orden mediante fuerza y determinación. El desafío reside en convertir esos avances tácticos en transformaciones estructurales que devuelvan la seguridad y la prosperidad sostenibles a un país que, hace apenas una década, parecía encaminado hacia un futuro más prometedor.
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