Javier Saldívar Flores
Este jueves, los gobiernos de República Dominicana, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Brasil, Bolivia, Chile y otras naciones de la región rechazaron la intención del régimen de Daniel Ortega de eliminar las elecciones en Nicaragua. Alertaron sobre el deterioro institucional en el país y exigieron el respeto al derecho ciudadano de elegir a sus gobernantes, destacando que la celebración de comicios libres es un pilar fundamental de la democracia.
El anuncio de Ortega generó una ola de pronunciamientos oficiales, coincidiendo en la necesidad de establecer comicios libres, periódicos y transparentes. Las reacciones llegaron de países que han sido críticos del régimen, así como de otros con posiciones más moderadas.
La cancillería de Brasil fue una de las más recientes en expresar inquietud. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores instó a las autoridades nicaragüenses a garantizar la participación ciudadana en las elecciones. Afirma que "la realización de elecciones libres, periódicas, plurales y transparentes es uno de los pilares fundamentales de la democracia".
Desde República Dominicana, el rechazo fue enérgico. Su Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que, según la Carta Democrática Interamericana, los pueblos de América tienen derecho a la democracia y los gobiernos deben promoverla. Calificaron de inadmisible privar a cualquier población del derecho al voto.
Guatemala también condenó la supresión de procesos electorales, argumentando que esta medida restringe los derechos políticos y socava los principios del Estado de derecho. Además, mostró su solidaridad con el pueblo nicaragüense. Costa Rica, que ya había rechazado el proceso electoral de 2021 por falta de garantías, reiteró su preocupación por el cierre de espacios cívicos.
Panamá, por su parte, llamó a su embajador en Managua y subrayó que suprimir un derecho fundamental como el voto es un grave agravio a la democracia.
Bolivia también expresó su “profunda preocupación” por la posible eliminación de elecciones. Su Ministerio de Relaciones Exteriores enfatizó que el respeto a la voluntad soberana de los pueblos es esencial para fortalecer la institucionalidad democrática y la paz en la región. Similares fueron las palabras de Chile, que reafirmó la importancia de elecciones libres y periódicas.
El régimen nicaragüense, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, acusó a países como Guatemala y Chile de injerencismo, defendiendo su "soberanía" en decisiones políticas y económicas. Managua insistió en que su enfoque está alineado con el “respeto al derecho ajeno” y rechazó las acusaciones de interferencia en asuntos internos.
Este anuncio ocurre en un contexto de cierre sistemático de espacios cívicos y persecución a opositores en Nicaragua, documentado por diversas organizaciones. La oposición, pese a la represión, mantiene acciones de desobediencia civil y denuncias.
Organismos internacionales y Estados Unidos también se han manifestado. El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó las declaraciones de Ortega como representativas de su naturaleza autoritaria.
En conclusión, los gobiernos de América Latina se alinean en un mensaje claro: la democracia no es negociable y el derecho al voto es un límite que ningún régimen puede eliminar sin enfrentar un rechazo contundente. Mientras Managua reivindica su soberanía, las respuestas diplomáticas de la región respaldan la lucha del pueblo nicaragüense por elecciones libres.
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