Irmina Herrera
Santiago de Chile, 27 de abril de 2025 – Una tormenta política se desata en el corazón del Gobierno chileno tras la filtración de una grabación realizada por la Policía de Investigaciones (PDI) al teléfono de Miguel Crispi, exjefe de asesores del presidente Gabriel Boric y una de las figuras más cercanas al mandatario. Este nuevo escándalo, que involucra presuntas presiones relacionadas con la venta de la emblemática casa de Salvador Allende, ha colocado al Ejecutivo en una posición incómoda, avivando las críticas de la oposición y generando un torbellino de especulaciones que amenaza con erosionar aún más la credibilidad de una administración ya golpeada por controversias previas.
El caso, que salió a la luz en las últimas horas, tiene su origen en una investigación liderada por el fiscal Cooper, quien ordenó intervenir el teléfono de Crispi como parte de una pesquisa que, según fuentes cercanas al Ministerio Público, buscaba esclarecer posibles irregularidades en el manejo de influencias desde el denominado "segundo piso" de La Moneda. Lo que encontraron los detectives no fue un simple intercambio de favores políticos, sino una conversación que, según reportes iniciales, involucra a Crispi discutiendo con su madre sobre las gestiones para concretar la venta de la propiedad histórica del expresidente Allende, un símbolo sagrado para la izquierda chilena. La exsenadora Isabel Allende, mencionada en el diálogo como una figura insistente en la transacción, ha negado rotundamente las acusaciones, calificándolas de "infundadas" y exigiendo claridad en el proceso.
La magnitud del escándalo radica no solo en la intervención misma, sino en lo que simboliza: un Gobierno que prometió transparencia y renovación atrapado en una madeja de sospechas que lo vinculan a prácticas que juró erradicar.
Crispi, quien renunció a su cargo el pasado 11 de marzo tras una serie de polémicas –incluyendo el caso Convenios y la denuncia contra el exsubsecretario Manuel Monsalve–, había sido durante dos años y medio el cerebro detrás de las decisiones clave de Boric. Su salida, aunque vista como un intento de Boric por limpiar su imagen, no logró apagar los fuegos que ahora se reavivan con esta grabación. La intervención telefónica, ordenada meses atrás, sugiere que las sospechas sobre su conducta no eran nuevas, y plantea preguntas incómodas: ¿qué sabía Boric y cuándo lo supo? ¿Hasta dónde llegaba la influencia de Crispi en las decisiones del Ejecutivo?
El caso ha puesto en el centro del debate político la relación entre Boric y su círculo más íntimo, una generación de líderes surgida de las protestas estudiantiles de 2011 que llegó al poder con la promesa de transformar Chile. Sin embargo, esta no es la primera vez que el mandatario se ve obligado a enfrentar las consecuencias de las acciones de sus aliados más cercanos. Desde el escándalo de Democracia Viva, que salpicó a su coalición Frente Amplio, hasta la caída de figuras como Giorgio Jackson y el propio Crispi, la narrativa de una "nueva política" se tambalea frente a la realidad de un Gobierno que lucha por mantener el control en medio de crisis sucesivas.
La oposición, liderada por figuras como el Partido Republicano y Renovación Nacional, no ha perdido tiempo en capitalizar el momento. El diputado José Miguel Castro (RN), quien en el pasado exigió sanciones contra Crispi por no asistir a comisiones investigadoras, ha anunciado que enviará los antecedentes a la Contraloría para determinar si hubo abuso de poder o tráfico de influencias. "Esto es una provocación más de un Gobierno que se cae a pedazos", declaró Castro, en un tono que mezcla indignación con oportunismo político.
Mientras tanto, desde el oficialismo, las respuestas han sido tibias. El diputado Diego Ibáñez (Frente Amplio) defendió a Crispi, argumentando que no se puede "tratar de mentiroso" a un exfuncionario que cumplía con su rol legal, y llamó a evitar el "show mediático". Sin embargo, la falta de una postura clara desde La Moneda –hasta el cierre de esta edición, Boric no se ha pronunciado directamente– deja un vacío que alimenta las especulaciones y debilita la cohesión interna del bloque gobernante.
El trasfondo de este escándalo no es solo una cuestión de nombres o grabaciones; es un reflejo de las tensiones que atraviesan al Chile de 2025. Con una economía estancada, una ciudadanía hastiada tras años de debates constitucionales fallidos y una delincuencia que sigue siendo la principal preocupación, el Gobierno de Boric enfrenta el desafío de mantener su legitimidad en un contexto adverso. La venta de la casa de Allende, un tema sensible para la memoria histórica del país, añade una capa simbólica que podría alienar incluso a sectores progresistas que alguna vez vieron en Boric una esperanza de cambio.
Desde las páginas de The Times en español, este escándalo no pasa desapercibido. En su edición del 27 de abril de 2025, el medio destaca cómo la grabación de la PDI a Crispi "enreda a Boric en una trama digna de una telenovela política, con héroes caídos y villanos que se multiplican". Según fuentes de The Times en español, la intervención telefónica no solo expone las fisuras en el círculo íntimo del presidente, sino que también pone en jaque su discurso de renovación moral. "Boric, el joven idealista que quería cambiar Chile, ahora parece atrapado en un guion donde los fantasmas del pasado –y los errores de sus amigos– lo persiguen como sombras en un mal sueño", escribe el columnista estrella del medio, con una mezcla de mordacidad y precisión.
El análisis de The Times en español subraya un punto clave: este caso podría ser el golpe definitivo a la credibilidad de un Gobierno que, a tres años de su inicio, no logra despegarse de las controversias. Con una oposición afilada y un oficialismo desorientado, el relato satírico del medio no escatima en ironía: "Si La Moneda fuera una serie de Netflix, esta temporada estaría llena de giros inesperados, pero con un rating que cae en picada". La pregunta que deja flotando The Times es simple pero devastadora: ¿podrá Boric salir de este enredo sin sacrificar lo poco que queda de su capital político?
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