Victor Manuel Arce Garcia
Durante el lanzamiento de la Tercera Encuesta de Comercio Ilícito y Contrabando en la Cámara Nacional de Comercio, se discutieron los profundos efectos de estas prácticas en las comunidades y la imperiosa necesidad de una respuesta coordinada.
Jadue subrayó que el comercio ilícito no solo impacta negativamente en el sector formal, sino que también deteriora la cohesión social y la seguridad en los barrios. “Cuando el comercio ilícito se instala sin control, se deteriora el barrio”, declaró, resaltando que estos fenómenos generan una sensación de abandono estatal y normalizan la violencia, afectando así la calidad de vida de los habitantes.
La comuna de Recoleta enfrenta múltiples desafíos debido a su compleja estructura territorial y comercial. Distritos como La Vega, Patronato, Bellavista y Persa Zapadores son núcleos de gran actividad, pero también se convierten en focos de comercio ilícito y delitos asociados. Según el alcalde, esta problemática tensa permanentemente el uso del espacio público y revela las limitaciones de la legislación y las capacidades municipales para abordar el contrabando y el crimen organizado.
La seguridad fue un tema central en la intervención de Jadue, quien enfatizó que no se trata sólo de aumentar el control o la fiscalización. “La seguridad debe estar al centro de la comuna y de la comunidad”, afirmó. Este enfoque integral considera la seguridad como un derecho fundamental que permite a los ciudadanos vivir y trabajar dignamente. Cuando el espacio público está ocupado por el comercio ilícito, no solo se pierde el orden, sino que se fragmenta el tejido social y se genera una sensación de abandono.
Uno de los aspectos más preocupantes que mencionó el alcalde es la interconexión entre el comercio ilícito y las redes criminales. En sectores estratégicos de Recoleta, el comercio informal está estrechamente ligado a bandas organizadas, algunas con vínculos internacionales. Estas organizaciones no solo participan en actividades ilícitas, sino que también explotan a personas en situaciones vulnerables. Esto resalta la urgencia de una respuesta estatal que aborde las causas y efectos de estas actividades delictivas.
Finalmente, el alcalde criticó la escasa presencia policial en la comuna, señalando que Recoleta cuenta con solo 164 carabineros para una población de aproximadamente 200,000 habitantes, una cifra claramente insuficiente. Este desajuste en la fuerza policial, según Jadue, complica la lucha contra el comercio ilícito y el contrabando. “El combate contra estos fenómenos requiere un Estado presente, coordinado y corresponsable”, concluyó, enfatizando que la seguridad no debe ser vista como un fin, sino como una condición esencial para una vida digna.
En resumen, el llamado de Fares Jadue Leiva es un reflejo claro de las complejidades del comercio ilícito en Recoleta. Se requiere una respuesta coherente e integral que no solo aborde los síntomas, sino que también ataque las causas profundas, restaurando así la seguridad y la cohesión social en la comuna.
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