Desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Francisco Pérez Mackenna afirmó este miércoles que la adhesión de Chile se baja según la ley y la voluntad de cada país, y que no hay uso de fuerzas militares.
El ministro de Relaciones Exteriores salió este miércoles 23 de septiembre de 2026 a cortar una duda que creció en 24 horas. Chile adhirió el martes al Escudo de las Américas. Hoy Pérez Mackenna dijo, en la ONU, que esa adhesión no subordina al país ni abre la puerta a tropas extranjeras.
El gobierno presenta el ingreso como intercambio de información sobre organizaciones criminales y como complemento del Compromiso de Santiago. La declaración conjunta de los 15 gobiernos, difundida en paralelo, habla también de coordinación económica y evoca el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Esa distancia entre ambos textos alimentó la rueda de prensa.
Qué dijo el canciller en Nueva York
Pérez Mackenna situó el Escudo en la línea que el Presidente José Antonio Kast marcó el martes: no hay operaciones militares contra el crimen. Lo describió como un esfuerzo de 15 países —Chile más otros 14— para enfrentar bandas que cruzan fronteras y operan como empresas del delito.
La adhesión, dijo, busca acuerdos prácticos: lavado de dinero, ruta financiera, datos e inteligencia para las policías. Insistió en que el “aterrizaje” de cada medida respetará normas, legislación y Constitución de cada Estado. No hay un traje de una sola medida.
Consultado por dichos previos del presidente de Estados Unidos sobre fuerza militar letal contra carteles, el ministro no reconstruyó aquel plan. Dijo no saber cuál era entonces y pidió leer la declaración actual. Según su lectura, ese texto no reproduce esa hipótesis.
Francisco Pérez Mackenna, ministro de Relaciones Exteriores
«No hay subordinación, es total soberanía de Chile para decidir cómo hace la bajada respecto de la lucha contra el crimen.»
Cifras y comparación entre el anuncio chileno y la declaración conjunta
El martes, la Cancillería confirmó que Chile deja de ser solo observador. El marco, según esa cartera, es voluntario. Cada Estado actúa conforme a sus obligaciones internas e internacionales.
En el papel conjunto aparecen 15 gobiernos. La primera acción de seguridad que esos textos enumeran es aplicar, cuando corresponda y según cada ley, congelamiento de activos, restricciones de visas y medidas penales ligadas a 24 organizaciones listadas. Entre los nombres que el Ejecutivo chileno ha puesto sobre la mesa figuran el Tren de Aragua, MS-13, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, el Clan del Golfo, el PCC y el Comando Vermelho.
- 15 países en la declaración conjunta de esta semana en Nueva York.
- 24 organizaciones criminales mencionadas para medidas coordinadas, según esa declaración.
- Cuatro vías que Cancillería subrayó para Chile: datos sobre bandas, análisis de información, capacitación de Carabineros y PDI, y frontera con Argentina, Bolivia y Perú.
- Interpelación al canciller en la Cámara, agendada para el lunes 28 de septiembre de 2026.
El mismo documento conjunto incluye un pilar económico que el comunicado chileno del martes casi no desarrolló: revisión de inversiones, cadenas de minerales críticos y criterios para proveedores de infraestructura digital. Esa omisión, no el punto de prensa de hoy, explica parte de la controversia en Santiago.
Instituciones: qué queda atado a la ley chilena
Pérez Mackenna trató la mención al TIAR como un gesto de unidad, no como autorización de fuerza en territorio chileno. Los firmantes expresan la intención de pedir una consulta en la Organización de los Estados Americanos para evaluar acciones colectivas. Eso no equivale, por sí solo, a un tratado nuevo ni a un mandato de tropas.
El Presidente Kast dijo el martes que no hay un tratado de los 15 que firme soberanía. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, descartó esta mañana operaciones militares extranjeras en Chile y un alza de presupuesto de Defensa por esta vía. El ministro de Defensa, Fernando Barros, había separado el Escudo —coordinación a cargo de Presidencia y Cancillería— de otras evaluaciones operativas de las Fuerzas Armadas.
La bajada policial, si existe, pasa por Carabineros y la Policía de Investigaciones, bajo el marco del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Capacitación, datos y frontera son el perímetro que La Moneda ofrece como “cosas prácticas”. Aún no hay reglamento publicado ni lista de sistemas que Chile va a conectar.
Lectura del alcance jurídico
Una declaración de coordinación voluntaria no crea, por el solo hecho de leerse en Nueva York, competencia militar extranjera en Chile. Tampoco borra el TIAR ni lo activa en automático. Lo que sí hace es comprometer una intención política: compartir información y, cuando la ley local lo permita, alinear sanciones administrativas y penales contra las mismas bandas.
El nudo está en la implementación. Congelar activos o restringir visas exige actos administrativos o judiciales chilenos. Cruzar inteligencia exige protocolos de protección de datos y control de qué se entrega y qué se recibe. Sin esos oficios, el Escudo sigue siendo un encuadre político.
Kast usó el martes ejemplos concretos —Tren de Aragua, Jalisco, Sinaloa— para justificar la necesidad de perseguir a las mismas organizaciones en varios países. Pérez Mackenna, 24 horas después, tradujo esa tesis a una fórmula más estrecha: cooperación policial y financiera, soberanía intacta, normas de cada país.
Francisco Pérez Mackenna, ministro de Relaciones Exteriores
«El aterrizaje concreto de las cosas prácticas que vayan a generarse a partir de esto va a ser siempre, siempre, respetando las normas, la legislación y la Constitución de cada país.»
Qué se puede medir de aquí al 28 de septiembre
El lunes 28 el canciller enfrenta interpelación en el Congreso. Ahí debería precisar tres puntos que hoy quedaron en fórmula general: qué sistemas de datos se compartirán, qué autoridad chilena firma cada protocolo y cómo se interpreta la consulta ante la OEA.
En paralelo, el indicador observable no es un desembarco. Es documental: oficio de Cancillería, instructivo a policías, o silencio. Si en los próximos días no aparece un procedimiento con fecha, responsables y límites, la adhesión seguirá siendo una declaración de 15 gobiernos leída en Nueva York y un punto de prensa que niega subordinación.
¿Bastará esa negativa verbal cuando el Congreso pida el texto completo de la declaración conjunta, incluido el tramo económico y la referencia al TIAR?
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