El operativo se desarrolló minutos antes de la medianoche, cuando una caravana de vehículos policiales abandonó la vivienda particular de Peña. Según medios locales, algunos manifestantes lanzaron huevos y profirieron insultos contra el convoy, mientras las autoridades intentaban mantener despejado el perímetro.
De la detención domiciliaria al recinto militar
El traslado se produjo horas después de que la Fiscalía ordenara la detención del exmandatario mediante la Resolución Fiscal N.º 7, emitida el 6 de noviembre de 2026. La disposición forma parte de la causa penal 92/2026, relacionada con presuntos hechos de lesión de confianza y otras posibles irregularidades vinculadas a la crisis financiera de Ueno Bank.
Inicialmente, Peña debía permanecer detenido en su residencia hasta comparecer ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. Sin embargo, las manifestaciones y los incidentes registrados en las inmediaciones de su domicilio llevaron a modificar temporalmente el lugar de custodia.
La decisión introduce un interrogante jurídico relevante: determinar qué autoridad autorizó el cambio de recinto y bajo qué condiciones se ejecutará la medida. Hasta los primeros reportes de la madrugada, no se había precisado públicamente el alcance de esa autorización.
La crisis de Ueno Bank alcanza a exautoridades
La investigación también involucra al expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, quien se entregó durante la noche del viernes ante el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional.
Carvallo está comprendido en la misma orden fiscal que afecta a Peña. Las autoridades solicitaron evaluar su traslado a una dependencia policial especializada para resguardar su integridad, considerando los incidentes registrados durante las protestas.
La crisis de Ueno Bank ha generado preocupación por los depósitos de particulares y recursos públicos administrados por la entidad. Las investigaciones examinan posibles irregularidades financieras, decisiones regulatorias y eventuales responsabilidades de funcionarios y antiguos directivos.
Presión social y desafíos institucionales
La salida de Peña del poder, tras su destitución parlamentaria, abrió una nueva etapa de la crisis política paraguaya. Su detención y posterior traslado evidencian la presión social que rodea las actuaciones judiciales, especialmente entre ciudadanos que reclaman responsabilidades por las consecuencias del colapso bancario.
Sin embargo, la magnitud de las manifestaciones no sustituye los procedimientos legales. Corresponde al Ministerio Público determinar los hechos investigados y presentar los antecedentes que sustenten eventuales imputaciones, respetando la presunción de inocencia de las personas involucradas.
La comparecencia de Peña ante la Fiscalía, prevista para este sábado 7 de noviembre, será un paso relevante para esclarecer su situación procesal. Paralelamente, las autoridades deberán garantizar tanto su seguridad como el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente.
El desafío para Paraguay trasciende la situación personal del exmandatario: recuperar la confianza en la supervisión financiera, proteger los derechos de los depositantes y asegurar que las investigaciones avancen con independencia institucional y garantías judiciales.
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