El 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago impuso el 31 de agosto de 2026 penas de hasta 21 años de presidio a nueve médicos y sanciones diferenciadas a ocho intermediarios. El fallo acredita que, entre 2020 y 2022, la red emitió más de 80 mil licencias ideológicamente falsas y provocó un fraude a Fonasa de $31.571.798.633. El dinero salió del subsidio público por incapacidad laboral.
Contexto y desglose del hecho principal
Abrió la sentencia la jueza Grace Díaz. El expediente suma 308 tomos. El juicio oral arrancó el 15 de julio de 2025 y se extendió once meses. El veredicto de culpabilidad ya había quedado fijado el 23 de junio de 2026. Quedó pendiente solo la dosificación de penas, multas y comisos.
La estructura giró en torno a centros de fachada. Doctor Mitite, Prevenir y Campos sirvieron de pantalla clínica. Desde esas oficinas se vendía reposo por catálogo. Once días costaban 30 mil pesos. Quince días, 40 mil. Veintiún días, 55 mil. Treinta días, 70 mil. No había diagnóstico real. Había tarifa.
Dirigió la operación el médico colombiano Samir Enrique Rivaldo Hernández, titulado en la Universidad Simón Bolívar. Ingresó a Chile como turista en 2019 y regularizó su ejercicio en 2020. Ese mismo año habilitó Doctor Mitite. Su pareja, la médica Yesica María Donado Alvis, administró la captación y la caja. Ambos recibieron 21 años de presidio efectivo.
Completan el grupo facultativo Ana Beatriz Toncel Peña, Obed José Urrea Pérez, Yainer Alberto Olivero Álvarez, Karen Cecilia Mejía Cantillo, Lisney Loreth de la Hoz Orozco, José Joaquín Gnecco Cervantes y Jorge Antonio González Guerrero. Las penas de este segundo círculo van de 16 a 12 años. Todos fueron hallados responsables de fraude de subvenciones reiterado, emisión de licencias falsas, asociación ilícita y lavado de activos.
Rodrigo Campos, Álvaro Gnecco, Nancy Verdejo y Javiera Verdejo captaron compradores en redes sociales. Miguel Hidalgo, Luis Jeria, José Araya Barraza y Marcelo López figuraron como adquirentes reiterados. El tribunal separó roles. Los captadores de mayor peso recibieron presidio efectivo. Los compradores quedaron, en varios casos, con libertad vigilada intensiva y penas cercanas a tres años y un día.
Análisis de datos y cifras clave
El perjuicio acreditado al Fondo Nacional de Salud alcanza $31.571.798.633. Esa cifra no es un dato aislado. El informe técnico de la Superintendencia de Seguridad Social sobre el Subsidio por Incapacidad Laboral estimó el gasto del sistema en 3,09 billones de pesos durante 2025. El desfalco de esta sola red equivale, por tanto, al 1% de esa factura anual.
La propia Suseso midió 8.051.261 licencias emitidas en 2024 y 7.016.470 en 2025. La caída interanual fue de 1.034.791 documentos, un 12,9%. Entre enero y julio de 2026 se emitieron 3,7 millones, 16% menos que en igual tramo del año anterior. Las más de 80 mil licencias falsas de esta causa caben, en volumen, dentro de un punto porcentual de un año completo de emisión nacional. El daño, sin embargo, se concentró en 24 meses de pandemia y postpandemia, cuando el control documental se diluyó.
- Perjuicio fiscal acreditado a Fonasa: $31.571.798.633.
- Licencias fraudulentas atribuidas a la red: más de 80.000 entre 2020 y 2022.
- Pena máxima: 21 años de presidio para Rivaldo Hernández y Donado Alvis.
- Suma de presidio efectivo de los nueve médicos: cerca de 140 años, según el recuento del Ministerio Público.
- Multa individual más alta informada: $2.566 millones a cargo de Rivaldo por fraude de subvenciones.
- Cuentas incautadas en Chile: más de $1.000 millones, además de inmuebles y vehículos.
Fonasa cerró junio de 2026 con 17.319.196 afiliados, el 86% de la población estimada por el Instituto Nacional de Estadísticas. Cada peso desviado al circuito ilícito deja de financiar atenciones de ese padrón. Un ejercicio simple lo muestra. El subsidio diario promedio de Fonasa usado por Suseso en sus proyecciones de 2025 fue de $30.901. El monto defraudado alcanza para cubrir más de un millón de días de subsidio. A 12,9 días autorizados por licencia en el seguro público, el daño calza con decenas de miles de documentos pagados sin respaldo clínico.
Existe otra comparación institucional poco citada. Al 31 de diciembre de 2025, la Subsecretaría de Salud Pública arrastraba $38.759 millones de deuda por reembolso de subsidios, de los cuales $29.930 millones correspondían a municipalidades. El fraude de esta red se mueve en la misma escala que el atraso de todo el aparato comunal. No es un desvío menor. Compite, en magnitud, con un hueco presupuestario de Estado.
Impacto a nivel institucional o gubernamental
El Consejo de Defensa del Estado se querelló y el tribunal acogió la pretensión reparatoria. Las multas deben ingresar a Fonasa. El comiso cubre bienes en Chile y propiedades en Colombia. El fiscal de Alta Complejidad Oriente, Álvaro Pérez, precisó que la Unidad de Cooperación Internacional gestionará la ejecución con su par colombiana.
La condena llega cuando el gabinete de Salud y la Dirección de Presupuestos ya habían endurecido el cerrojo del subsidio. La Ley de Presupuestos del Sector Público 2026, Ley N° 21.796, recortó el porcentaje de cotizaciones que las cajas de compensación retienen para pagar licencias. Fonasa debió transferir recursos en enero de 2026 para saldar rezagos de 2025. Un agujero de $31.571 millones agrava esa tensión de caja.
El directorio del seguro público había partido, en 2023-2024, con una estimación cercana a $30 mil millones para esta arista. Luego el universo se amplió. Otros centros no sentenciados en este juicio empujarían el daño agregado por sobre $50 mil millones, según la propia persecución penal. Esa cifra todavía no está zanjada en sentencia. Sí lo está el núcleo de $31.571 millones.
Perspectiva técnica y reacciones de expertos
El subsidio por incapacidad laboral opera como un seguro de reemplazo de rentas. El médico certifica un reposo. La entidad pagadora —Fonasa, a través de cajas, o una isapre— gira el dinero al trabajador. Si el acto médico es falso, el Estado paga una prestación sin contraprestación sanitaria. Esa es la mecánica del fraude de subvenciones aplicado a este caso.
Rivaldo pasó de menos de 50 licencias en abril de 2020 a más de 1.700 al cierre de 2021. Donado Alvis emitió más de 9 mil documentos entre abril de 2021 y junio de 2022, por un daño estimado de $3.100 millones. Esas pendientes no se explican por una consulta saturada. Delatan un flujo industrial. El tribunal lo describió como empresa delictual, no como desviación ética aislada.
«Obteniendo por esa vía cifras exorbitantes de dinero de origen ilícito y ocasionando uno de los mayores fraudes al erario fiscal de que se tenga registro en la historia judicial reciente del país.»
La defensa de Rivaldo anunció recurso de nulidad ante la Corte Suprema. El argumento central sostiene que el facultativo cobraba a los compradores y no recibía giros directos de Fonasa. El tribunal desechó esa línea: el perjuicio se produce cuando el subsidio público se dispara por un certificado falso, con independencia de quién reciba primero el efectivo en la ventanilla clandestina.
«Junto con penas privativas de libertad, impuso multas que se acercan a la emisión que, individualmente, cada médico emitió y por lo tanto provocó un perjuicio en específico a Fonasa.»
Suseso activó en 2026 la plataforma VigIA, un motor de ciencia de datos. De 416 investigaciones abiertas este año, 211 nacieron de esa herramienta. Hubo 62 sanciones por $257 millones, suspensiones temporales y 122 profesionales derivados al Ministerio Público. El fallo de Santiago funciona, en ese tablero, como el ancla penal de una política de control que ya había empezado por la vía administrativa.
Lo que revelan los documentos oficiales
El Informe anual de licencias médicas 2025 de la Superintendencia de Seguridad Social fija el recorte de emisión y advierte que 2021-2022 fueron años de tasa extrema: hasta 1,34 licencias por cotizante. Ese es exactamente el bienio en que Doctor Mitite escaló de decenas a miles de certificados. El documento institucional entrega, sin nombrarla, la ventana de oportunidad que la red explotó.
La proyección de gasto en SIL para 2026, contenida en el análisis técnico de escenarios de Suseso, sitúa el ahorro potencial entre $258 mil millones y $548 mil millones si la emisión sigue cayendo. Recuperar $31.571 millones por comiso y multa es, frente a esa magnitud, un recupero parcial. No cierra la herida presupuestaria. Sí fija un precedente de cuantificación individualizada por emisor.
Fonasa concentra hoy al 86% de la población. Sus series de afiliación están en el reporte de beneficiarios del primer semestre de 2026. Cualquier merma del SIL encarece, de modo indirecto, la canasta de prestaciones restantes. El presupuesto del sector público 2026 ya había ajustado la glosa de cajas de compensación. El fallo judicial se inserta en esa corrección financiera, no al margen de ella.
El Ministerio Público, por su parte, sostuvo que el decomiso incluye “miles de millones de pesos” en cuentas y bienes raíces. La cifra líquida incautada en Chile supera los $1.000 millones. El resto está en inmuebles, vehículos y activos en Colombia. La ejecución transfronteriza definirá cuánto vuelve realmente a las arcas del seguro público en 2026 y 2027.
Proyección a corto y mediano plazo
La Corte Suprema deberá resolver el recurso de Rivaldo. Si confirma la sentencia, el estándar de 21 años quedará como techo de referencia para emisores masivos. Si la anula en algún tramo, el debate volverá al nexo causal entre el cobro al particular y el giro de Fonasa. Ese punto técnico marcará la estrategia de las fiscalías regionales en las aristas que aún no llegan a juicio oral.
Suseso proyecta para 2026 entre 5,8 y 6,5 millones de licencias. Sería el piso más bajo desde antes de 2020. El menor gasto estimado entre 2025 y julio de 2026 ya supera los 1.100 millones de dólares en subsidios no erogados. Parte de esa caída nace del miedo disuasivo que produce una condena de esta escala. Otra parte nace de la auditoría algorítmica. Separar ambos efectos exigirá series mensuales hasta, al menos, marzo de 2027.
Queda abierto el universo de centros no incluidos en estos 17 condenados. La Fiscalía habló de un daño potencial superior a $50 mil millones si se suman otras pantallas. Fonasa deberá decidir si persigue esas líneas con la misma figura de fraude de subvenciones o si prioriza el recupero civil. El CDE ya demostró que la vía reparatoria puede viajar junto a la penal.
¿Cuánto del $31.571.798.633 volverá, en efectivo, al presupuesto de prestaciones antes de que cierre el ejercicio 2027? La respuesta no está en el banquillo. Está en la liquidación de los comisos, en la cooperación con Colombia y en la capacidad de tesorería de Fonasa para convertir fallos en caja. Mientras esa conversión no ocurra, el seguro que cubre a 17,3 millones de personas seguirá contando un hueco que ya fue sentenciado, pero aún no está cobrado.
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