El presidente José Antonio Kast recupera 8,2 puntos de aprobación en agosto y llega a 33,8%, según Pulso Ciudadano N°127 de Activa Chile, levantado el 27 y 28 de agosto con 1.022 casos. El rebote coincide con el debate de la reforma constitucional de seguridad ingresada al Senado el 17 de agosto. La ciudadanía respalda el andamiaje institucional y se parte frente a las facultades que recortan libertades.
Contexto y desglose del hecho principal
Kast tocó piso en la segunda quincena de julio: 25,6% de aprobación y 58,9% de rechazo. Un mes después aprueba el 33,8%, desaprueba el 54,4% y un 11,8% no se pronuncia. El gabinete también remonta, aunque apenas: 24,4% de apoyo y 62,5% de rechazo. El promedio de las once mediciones del mandato queda en 32,3% a favor y 52,3% en contra.
El Gobierno presentó el 17 de agosto, con suma urgencia, un paquete de ocho cambios constitucionales ligado a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, anunciada el 5 de agosto en cadena nacional. Días después retiró esa urgencia para abrir negociación en el Congreso. El campo de la encuesta se cerró ya sin esa premura legislativa.
El acuerdo general con la reforma es estrecho: 39,2% a favor, 29,2% en contra y 31,6% en el medio. Esa franja neutra pesa más que el rechazo duro. Quien lea solo el titular de “respaldo ciudadano” omite que tres de cada diez no tienen juicio formado y que el rechazo se concentra en las cláusulas de excepción.
La derecha aprueba al Mandatario en un 72,8%. Los independientes llegan a 25,1%. La izquierda se queda en 7,8%. El sur marca 41,1%. Los mayores de 51 años, 37,9%. El tramo de 31 a 40 años, 30,3%. La geometría del rebote es transversal en dirección, no en intensidad.
Análisis de datos y cifras clave
La serie de aprobación no describe un gobierno popular. Describe un rebote desde el mínimo del mandato hasta un nivel casi idéntico al de marzo (34,7%). Entre mayo y julio la curva cayó 5,4 puntos. Agosto devuelve 8,2. La desaprobación baja 4,5 puntos respecto de julio, pero sigue siendo mayoría absoluta.
La confianza cuenta otra historia. Solo el 24,0% declara mucha o total confianza. El 51,8% declara poca o ninguna. En julio esa desconfianza era 58,0%. Cede. No se invierte. Únicamente entre partidarios del Gobierno la alta confianza es mayoritaria (71,6%).
El mapa de problemas se movió en sentido inverso al alivio inflacionario. La delincuencia vuelve a 43,7% como primer problema, dos puntos sobre julio. El desempleo trepa a 34,0%, una de las marcas más altas de la serie de Pulso Ciudadano. La inflación cae de 27,2% a 21,2%. El dato oficial del Instituto Nacional de Estadísticas encaja con esa percepción: la desocupación del trimestre mayo-julio 2026 llegó a 9,5%, máximo en cinco años, según la Encuesta Nacional de Empleo.
- Registro de organizaciones criminales: 68,2% de acuerdo y 11,9% en contra.
- Reconocimiento constitucional de la seguridad frente al crimen organizado: 61,3%.
- Seguridad pública como deber del Estado: 61,0%.
- Nuevo estado de excepción de hasta 120 días, prorrogable otros 120 por el presidente: 44,9% a favor y 31,5% en contra.
- Suspender libertades, interceptar comunicaciones y requisar bienes en esa excepción: 34,4% a favor y 40,3% en contra.
Las tres primeras medidas superan el 60% y atraviesan incluso a opositores. La octava es la única con saldo negativo. El apoyo general de 39,2% es, en la práctica, un promedio que esconde dos reformas distintas: una declarativa, otra habilitante de poderes de excepción.
Impacto a nivel institucional o gubernamental
Una reforma constitucional exige quórum calificado. El Senado debe construir una mayoría que el propio Ejecutivo no garantiza si insiste en el estado de excepción de 240 días y en la interceptación de comunicaciones. El retiro de la urgencia, confirmado a fines de agosto, reconoce ese techo político.
La Moneda ya fijó el marco en el comunicado presidencial del 5 de agosto: consagrar la seguridad como deber del Estado y endurecer el trato a organizaciones criminales. El Congreso discute ahora el cómo. El trámite en el Senado concentra la tensión entre deber estatal y límite al Ejecutivo.
El gabinete, con 62,5% de rechazo, no capitaliza el mismo rebote que el presidente. Esa brecha importa: las facultades nuevas recaerían en ministros y en cadenas de mando que la ciudadanía evalúa peor que al jefe de Estado. Un instrumento constitucional no corrige, por sí solo, esa desconfianza operativa.
Perspectiva técnica y reacciones de expertos
La encuesta es en línea, cubre 144 comunas, pondera por Censo 2024 y grupo socioeconómico AIM 2023, y declara margen de ±3,1% al 95% de confianza. El salto de 8,2 puntos supera con holgura ese margen. No es ruido estadístico. Tampoco es un cambio de régimen de opinión: la desaprobación permanece sobre el 50%.
El diseño de la pregunta general (“la reforma”) comprime ocho normas de distinta invasividad. Cuando se desagregan, el orden es nítido: más apoyo cuanto menos se toca la libertad de locomoción, de reunión, de asociación y el secreto de las comunicaciones. Ese patrón no es ideológico en sentido estrecho. Es de umbral.
“La ciudadanía respalda fortalecer al Estado frente al crimen organizado, pero muestra reservas frente a las medidas que concentran poder en el Ejecutivo o que restringen derechos individuales.”
Los estados de excepción vigentes en la Carta ya contemplan hipótesis de guerra, conmoción interior, emergencia y catástrofe. Crear una quinta figura —seguridad pública por amenaza grave e inminente— altera el equilibrio entre Presidente, Congreso y jueces. La Biblioteca del Congreso Nacional documenta ese andamiaje en su repositorio sobre estados de excepción. El debate técnico no es si el crimen organizado existe. Es qué se habilita cuando el Ejecutivo lo declara.
Lo que revelan los documentos oficiales
El comunicado de Activa Chile, fechado el 30 de agosto en Santiago, fija el campo el 27 y 28, financia el estudio al 100% con recursos propios y lo certifica bajo norma ISO 20252. No hay mandante de Gobierno ni de oposición en la ficha. Eso no lo vuelve infalible. Lo vuelve trazable.
La ficha admite un 31,6% sin posición sobre la reforma. En términos de ingeniería legislativa, esa masa es el botín del trámite: se puede mover con enmiendas que separen el registro de bandas —apoyado por 68,2%— de la requisición de bienes sin control judicial. Mezclar ambos en un solo paquete infla el costo político de lo primero.
“Por primera vez, el Estado va a decir en su propia Constitución que proteger a su gente no es una opción más, sino una obligación.”
Esa frase explica el 61% de acuerdo con declarar la seguridad como deber. No explica el 40,3% de rechazo a suspender libertades. El documento de prensa de Activa lo separa con claridad. El proyecto, en su versión original, no.
Proyección a corto y mediano plazo
Septiembre pondrá a prueba si el rebote de 8,2 puntos sobrevive al recorte de la reforma. Si el Congreso despacha solo las cláusulas de registro y de deber estatal, el Gobierno podrá exhibir un logro alineado con la mayoría. Si insiste en 240 días de excepción con interceptación y requisa, el 40,3% de rechazo deja de ser una celda en una tabla y se vuelve veto social.
El empleo empuja en dirección contraria. El 34% que nombra el desempleo como problema principal no se resuelve con un boletín del Senado. La tasa de 9,5% del INE ya es la más alta desde 2021. Un segundo trimestre de deterioro laboral puede devolver la aprobación al rango de julio, aunque la delincuencia siga primera en la lista.
¿Cuánto vale un rebote presidencial si la única mayoría sólida de la reforma es la que no toca las libertades y la única mayoría sólida de la calle es la que pide trabajo? La respuesta no está en La Moneda. Está en si el Senado separa el registro de bandas del estado de excepción, y en si septiembre trae ocupación o solo más comunicados de seguridad.
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