Kast y Paraguay: el modelo económico que elogió quedó bajo presión por la crisis de Ueno Bank

La frase que volvió al debate político chileno

La publicación de La Hora del 5 de noviembre, firmada por Ignacio Duque, recuperó una intervención de José Antonio Kast realizada el 1 de julio en Asunción. El entonces reciente elogio presidencial al desempeño económico paraguayo adquirió una nueva dimensión después de que Santiago Peña anunciara su renuncia, en medio de una crisis que involucró al sistema financiero, al Congreso y a la autoridad monetaria.

Durante aquella visita oficial, Kast participó en una sesión especial del Congreso Nacional paraguayo, donde destacó la estabilidad económica del país, su capacidad para atraer inversión extranjera y las decisiones tributarias adoptadas durante los últimos años.

El mandatario chileno fue explícito al definir su valoración: Paraguay era, a su juicio, un ejemplo para la región. También sostuvo que el crecimiento conseguido mediante una reducción de impuestos constituía una experiencia que otros países debían estudiar.

La intervención no fue una declaración aislada. El discurso completo, conservado en el archivo de la Presidencia chilena, permite comprobar que Kast vinculó la política tributaria paraguaya con el ordenamiento de las cuentas públicas, la generación de empleo y la disminución de la pobreza.

El presidente también planteó que el desempeño del país vecino debía analizarse en relación con los desafíos económicos de Chile. La referencia tenía una dimensión política interna: respaldaba la idea de que una menor carga tributaria, acompañada de disciplina fiscal y eficiencia en el gasto, podía estimular la actividad económica.

La publicación de La Hora volvió a poner esas declaraciones en circulación cuando la crisis paraguaya ya había adquirido consecuencias institucionales. El contraste no reside únicamente en que Kast hubiera elogiado a un mandatario que terminó renunciando. La cuestión más relevante es qué aspectos del funcionamiento económico paraguayo fueron incluidos en aquella valoración y cuáles quedaron fuera de su diagnóstico.

El discurso de julio se concentró en indicadores macroeconómicos y decisiones tributarias. La crisis de noviembre, en cambio, expuso problemas relacionados con la solvencia bancaria, la fiscalización de operaciones crediticias y los mecanismos de control sobre entidades financieras con vínculos empresariales y recursos públicos.

Qué dijo Kast y qué estaba destacando del modelo paraguayo

La transcripción oficial del discurso del 1 de julio contiene tres elementos centrales. El primero fue la estabilidad de las cuentas públicas; el segundo, la capacidad de atraer inversión extranjera; y el tercero, la relación entre reducción de impuestos y crecimiento económico.

La frase que concentró mayor atención fue su afirmación de que Paraguay constituía un ejemplo regional porque había conseguido crecer bajando impuestos. Kast añadió que esa experiencia resultaba contraintuitiva para buena parte del debate económico internacional.

El presidente también vinculó la optimización de los recursos públicos con la disminución de la pobreza. Su exposición presentó el caso paraguayo como una referencia para discutir el tamaño de la carga tributaria y el uso de los recursos fiscales.

La documentación de Presidencia de Chile permite establecer el contenido exacto de aquella intervención y evita atribuir al mandatario interpretaciones que no aparecen en su discurso.

Sin embargo, una evaluación económica completa requiere examinar dimensiones diferentes. El crecimiento del producto interno bruto, la inversión extranjera y la situación fiscal no miden directamente la solvencia de los bancos, la calidad de sus activos ni la eficacia de la supervisión financiera.

Un país puede registrar resultados macroeconómicos favorables y, simultáneamente, enfrentar dificultades importantes en una institución financiera determinada. La existencia de una crisis bancaria tampoco demuestra automáticamente que todo su modelo económico sea inviable.

La distinción es especialmente importante en el caso paraguayo. La intervención de Ueno Bank fue justificada por el Banco Central mediante indicadores prudenciales y antecedentes regulatorios específicos. No se trató de una evaluación general del desempeño económico del país.

Ueno Bank: los antecedentes técnicos detrás de la crisis

La crisis financiera comenzó a adquirir dimensión pública cuando el Banco Central del Paraguay anunció el 3 de noviembre de 2026 el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank. La decisión había sido adoptada por unanimidad mediante una resolución de su directorio fechada el 2 de noviembre.

El fundamento informado por la autoridad monetaria fue una insuficiencia del índice de solvencia de la entidad, que quedó por debajo del 50% del mínimo requerido después de los ajustes efectuados a sus estados financieros durante el proceso de regularización.

La diferencia entre ambos conceptos resulta fundamental. El Banco Central no informó simplemente una dificultad temporal de liquidez: señaló un deterioro de la solvencia, indicador que permite evaluar la capacidad de una institución financiera para respaldar sus operaciones mediante capital suficiente frente a los riesgos asumidos.

El procedimiento se fundamentó en la Ley N.º 2334/2003, que establece el régimen de garantía de depósitos y los mecanismos de resolución de entidades de intermediación financiera.

La autoridad monetaria explicó que los interventores debían verificar la situación patrimonial de la institución, preservar sus activos y desarrollar las actuaciones necesarias para ordenar el procedimiento.

El comunicado también precisó que se trataba de una situación particular de Ueno Bank y que no representaba, por sí misma, una condición generalizada del sistema financiero paraguayo.

El antecedente regulatorio más importante es que la intervención fue resultado de una investigación técnica desarrollada durante varios meses. Una evaluación de riesgo publicada por FIX SCR, disponible en el portal del Banco Central, también mencionó operaciones crediticias con empresas vinculadas al grupo controlador y deficiencias en la documentación de determinadas operaciones.

La resolución de Ueno Bank no comenzó con la renuncia de Peña: fue el desenlace de un procedimiento de supervisión que había identificado problemas financieros y operaciones que requerían una revisión más profunda.

Los números de la intervención y sus consecuencias para los depositantes

La dimensión de Ueno Bank explica por qué su resolución tuvo repercusiones que excedieron al sector financiero. Reuters y Associated Press informaron que la institución tenía alrededor de tres millones de clientes, mientras que las informaciones publicadas en Paraguay dieron cuenta de la detención de ocho ejecutivos con órdenes emitidas en el marco de la investigación.

Las cifras de clientes corresponden a información reportada sobre el tamaño de la entidad y no significan que tres millones de personas hayan perdido definitivamente sus depósitos. La situación de cada ahorrista depende de sus saldos, obligaciones y condiciones de cobertura legal.

El Fondo de Garantía de Depósitos establece una cobertura máxima de 75 salarios mínimos por persona física o jurídica en cada entidad financiera. La protección no se calcula por cuenta individual, sino considerando el conjunto de depósitos que mantiene cada titular en la institución.

El límite informado por el Banco Central equivalía a 228,3 millones de guaraníes. Los saldos que excedan esa cantidad no quedan automáticamente garantizados por el Fondo y su recuperación depende del mecanismo de resolución que finalmente se aplique.

El 5 de noviembre, el organismo anunció el inicio de pagos para un primer grupo de depositantes con saldos de hasta diez millones de guaraníes, siempre que no mantuvieran deudas con la entidad y contaran con una cuenta habilitada en otro banco o financiera del país.

La diferencia entre el límite legal de cobertura y el primer desembolso anunciado es relevante. El pago inicial constituye una etapa operativa y no debe interpretarse como el límite total de protección previsto en la legislación.

El procedimiento también tiene consecuencias para los trabajadores de la institución. En un comunicado del 5 de noviembre, el equipo interventor informó que realizaba gestiones para atender el pasivo laboral y que preveía efectuar los pagos correspondientes en los días siguientes.

El impacto sobre los recursos previsionales

Uno de los aspectos que transformó la crisis financiera en una controversia política fue la exposición de recursos de instituciones públicas a Ueno Bank. Entre los antecedentes cuestionados se encuentran depósitos e inversiones relacionados con el Instituto de Previsión Social, entidad que administra recursos destinados a obligaciones previsionales y de salud.

La situación obligó al IPS a organizar un operativo de contingencia para garantizar la continuidad de los pagos a jubilados y pensionados que utilizaban Ueno Bank como entidad receptora de sus beneficios.

En una comunicación publicada el 3 de noviembre, el instituto informó que aproximadamente 32.000 jubilados y pensionados cobraban sus prestaciones a través del banco. La institución aseguró que sus pagos de noviembre y el beneficio adicional anual estaban contemplados en el calendario previsto.

Al día siguiente, el IPS comunicó que había coordinado con siete bancos la ampliación de las opciones de cobro. La medida muestra una consecuencia concreta de la intervención: aunque los pagos previsionales estaban asegurados según el organismo, fue necesario reorganizar la infraestructura bancaria utilizada para entregarlos.

Esta distinción evita confundir los recursos previsionales depositados o invertidos en una entidad con los fondos utilizados para pagar mensualmente las jubilaciones. Son operaciones distintas, con fuentes de financiamiento y obligaciones diferentes.

La exposición financiera del IPS merece una investigación específica sobre los montos involucrados, las condiciones de las inversiones, los límites regulatorios y las decisiones de sus responsables. La información pública consultada no permite establecer por sí sola una pérdida definitiva del patrimonio previsional.

La crisis financiera se transforma en una crisis política

El 4 de noviembre, 35 legisladores paraguayos presentaron formalmente los libelos acusatorios destinados a promover un juicio político contra Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.

La Cámara de Diputados convocó a una sesión extraordinaria para el día siguiente. El procedimiento se encontraba regulado por el artículo 225 de la Constitución paraguaya, que permite someter a juicio político al presidente y otras altas autoridades por mal desempeño de sus funciones o por delitos cometidos durante el ejercicio del cargo y otros supuestos establecidos en la norma.

El 5 de noviembre, mientras se desarrollaba la sesión legislativa, Peña anunció su renuncia. En su mensaje justificó la decisión por la necesidad de preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas.

La Cámara de Diputados aprobó la acusación contra el mandatario con 78 votos favorables. El mismo órgano rechazó la acusación contra el vicepresidente Pedro Alliana, según los registros oficiales de la sesión.

El documento presentado contra Peña incluyó cuestionamientos sobre su participación en Ueno Holding, el nombramiento de Carlos Carvallo al frente del Banco Central y las decisiones relacionadas con los recursos del Instituto de Previsión Social.

Los legisladores también cuestionaron modificaciones al régimen de conflictos de intereses y sostuvieron que existía una concentración de recursos públicos en Ueno Bank que habría superado los límites normativos.

Esas afirmaciones corresponden a las imputaciones formuladas por los parlamentarios. No deben presentarse como hechos judicialmente demostrados sin una resolución de las autoridades competentes.

La Cámara de Diputados acreditó la aprobación política de la acusación, pero no una condena penal contra Peña. Conforme al artículo 225, corresponde al Senado juzgar el caso y disponer la separación del cargo si se reúnen las mayorías constitucionales.

La renuncia presidencial y el juicio político constituyen procedimientos diferentes. La salida anunciada por el mandatario no elimina automáticamente la necesidad de resolver las actuaciones constitucionales pendientes.

El punto más delicado: los vínculos empresariales y la supervisión financiera

El cuestionamiento central contra Peña se relaciona con sus antiguos vínculos empresariales con el grupo controlador de Ueno Bank. Reuters informó que el mandatario había mantenido una participación en Grupo Vázquez hasta marzo de 2025, antecedente que se convirtió en uno de los elementos centrales de las acusaciones parlamentarias.

La discusión no consiste únicamente en establecer si un presidente tuvo participación en una empresa privada. También requiere determinar si esa relación patrimonial coincidió con decisiones públicas que pudieron beneficiar a una entidad vinculada, si existieron mecanismos adecuados de abstención y si se cumplieron las obligaciones de transparencia.

En el caso paraguayo, uno de los antecedentes cuestionados fue la designación de Carlos Carvallo al frente del Banco Central. Los parlamentarios señalaron su anterior vinculación con Financiera Ueno como un elemento que debía examinarse desde la perspectiva de la independencia de la autoridad supervisora.

La controversia es especialmente sensible porque el Banco Central tiene entre sus responsabilidades la regulación y supervisión del sistema financiero. La independencia de sus autoridades es un componente fundamental para que las decisiones prudenciales se adopten con criterios técnicos y sin interferencias particulares.

Sin embargo, una trayectoria profesional anterior no demuestra por sí sola una incompatibilidad legal ni una intervención irregular. Para establecerlo se requieren los antecedentes del nombramiento, las declaraciones de intereses, las normas aplicables y los registros de las decisiones adoptadas por la autoridad monetaria.

El caso también exige examinar las operaciones crediticias vinculadas. Si una entidad bancaria concentra préstamos en empresas relacionadas con sus controladores, la calidad de los activos y la evaluación de riesgos adquieren especial importancia para determinar su solvencia.

El problema regulatorio señalado por el Banco Central y los cuestionamientos políticos sobre la relación entre Peña y el grupo empresarial deben investigarse conjuntamente, pero sin confundir sus respectivos estándares de prueba.

El contraste con Chile: qué queda del ejemplo paraguayo

Las declaraciones de Kast en julio se produjeron en el marco de una agenda bilateral que buscaba fortalecer las relaciones económicas, comerciales y de seguridad entre ambos países.

Durante la visita se suscribieron instrumentos de cooperación en materia tributaria, seguridad interior y prevención de la trata de personas. Entre ellos figuró el acuerdo destinado a evitar la doble imposición y prevenir la evasión y elusión fiscal en materia de impuestos a la renta y al patrimonio.

La agenda demuestra que la relación entre ambos gobiernos tenía componentes institucionales que excedían la afinidad política entre los presidentes. Los acuerdos bilaterales no dependen exclusivamente de la continuidad de una administración, aunque su implementación requiere coordinación entre las autoridades correspondientes.

El contraste entre julio y noviembre tiene una lectura económica que merece atención en Chile. Kast había presentado el desempeño paraguayo como una referencia para discutir impuestos, inversión y crecimiento. La crisis posterior obliga a incorporar al análisis otras variables: supervisión bancaria, transparencia empresarial, protección de los ahorros y administración de recursos públicos.

La estabilidad macroeconómica no sustituye la calidad de las instituciones. Tampoco la existencia de una crisis bancaria permite concluir que todas las políticas económicas de un país hayan fracasado.

La evaluación del modelo paraguayo requiere indicadores comparables y períodos equivalentes. Para sostener que una reducción tributaria produjo determinados resultados se necesita examinar la evolución de los ingresos fiscales, el gasto público, el crecimiento real, la inversión y la pobreza, además de considerar los factores externos que influyeron en cada período.

La crisis de Ueno Bank agrega una dimensión distinta: la capacidad de las instituciones para detectar operaciones riesgosas, intervenir oportunamente y proteger a los depositantes cuando una entidad deja de cumplir sus exigencias prudenciales.

Para el debate chileno, esa diferencia es importante. Una política de reducción tributaria no puede evaluarse únicamente por su efecto sobre la inversión privada si se omite la fortaleza de los mecanismos regulatorios y de control que permiten sostener la confianza económica.

Las preguntas que todavía deben responder las instituciones

La primera pregunta es qué operaciones crediticias fueron identificadas por el Banco Central y cuáles fueron las deficiencias documentales que llevaron a concluir que Ueno Bank no cumplía las condiciones mínimas de solvencia.

Para responderla se necesitan los informes de inspección, los antecedentes de regularización, las comunicaciones entre la Superintendencia de Bancos y la entidad y la documentación que permita reconstruir las operaciones con empresas vinculadas al grupo controlador.

La segunda pregunta es qué relación existió entre los recursos públicos depositados en Ueno Bank, los antecedentes empresariales atribuidos a Peña y las decisiones administrativas adoptadas durante su Gobierno.

El esclarecimiento requiere los registros de inversiones del IPS, los antecedentes societarios históricos, las declaraciones de intereses pertinentes y los documentos relacionados con el nombramiento de las autoridades del Banco Central.

La Cámara de Diputados debe permitir conocer el contenido íntegro del libelo acusatorio y sus antecedentes. El Banco Central debe continuar informando sobre el procedimiento de resolución, mientras que los organismos de control y la Justicia deberán determinar las responsabilidades que correspondan dentro de sus respectivas competencias.

También queda pendiente conocer el resultado final de la recuperación de depósitos, especialmente para los ahorristas cuyos saldos superan la cobertura legal. El pago inicial anunciado por el Banco Central no resuelve por sí mismo esa incertidumbre.

La salida de Peña tampoco elimina la necesidad de esclarecer la crisis institucional. La renuncia, la sucesión presidencial, el procedimiento parlamentario y la investigación financiera tienen sus propios mecanismos y deben completarse conforme a la Constitución y las leyes paraguayas.

La frase de Kast recuperada por La Hora adquiere así una dimensión que va más allá de la repercusión política de una declaración presidencial. El episodio obliga a separar el desempeño macroeconómico de la calidad de la supervisión financiera y a examinar qué instituciones sostienen realmente la confianza de los inversionistas y de los ciudadanos.

El mandatario chileno elogió en julio una experiencia económica que consideraba digna de estudio. Cuatro meses después, la crisis de Ueno Bank mostró que cualquier evaluación de ese modelo necesita incorporar también la transparencia, la regulación y la protección del ahorro. Los documentos pendientes sobre las operaciones financieras y los recursos públicos serán determinantes para establecer hasta dónde llegaron las fallas institucionales y quiénes deben responder por ellas.