La intervención tiene una relevancia que trasciende el escenario internacional en que se produjo. A casi ocho meses de haber dejado La Moneda, el exmandatario enfrenta una discusión que atraviesa a su propio sector: cómo explicar la pérdida de apoyo electoral, qué responsabilidades corresponden a la administración que encabezó y de qué manera la izquierda puede reconstruir una alternativa política competitiva bajo el Gobierno de José Antonio Kast.
La autocrítica de Boric apunta al problema de las mayorías políticas
Durante el foro Las Américas y el Mundo 2026, organizado por el Georgetown Americas Institute, Boric planteó que los movimientos progresistas necesitan recuperar un principio básico: defender la democracia independientemente de la orientación ideológica de los gobiernos involucrados.
El expresidente cuestionó particularmente la posición de sectores de izquierda que evitaron condenar al Gobierno de Nicolás Maduro, incluso cuando las denuncias sobre vulneraciones de derechos humanos y deterioro institucional se habían acumulado.
“Los movimientos de izquierda o progresistas tienen que estar comprometidos con la democracia. Tenemos que tener un solo estándar sobre democracia”, sostuvo durante su intervención.
La crítica no se limitó a Venezuela. Boric también mencionó a Nicaragua y cuestionó que determinados sectores progresistas hayan relativizado las prácticas autoritarias de gobiernos que consideran ideológicamente cercanos.
“Creo que el futuro de los movimientos de izquierda depende de la coherencia y, por supuesto, de entregar resultados”, afirmó, en una declaración que combina dos exigencias distintas: consistencia ética frente a los abusos de poder y capacidad de responder a las necesidades concretas de la población.
El planteamiento adquiere especial importancia porque el expresidente no formuló estas observaciones desde una posición ajena al progresismo. Sigue vinculado al Frente Amplio y fue uno de los principales referentes políticos de una generación que llegó al Gobierno con la promesa de renovar la izquierda chilena.
Venezuela y Nicaragua: el costo de los dobles estándares
Uno de los aspectos más significativos del discurso fue la identificación de las contradicciones internacionales como un problema de credibilidad política. Para Boric, no basta con cuestionar las vulneraciones democráticas cometidas por gobiernos de derecha si se evita aplicar el mismo criterio cuando los responsables pertenecen a la izquierda.
La situación venezolana ofrece antecedentes documentales que explican la dimensión de este debate. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas ha documentado graves vulneraciones de derechos humanos, persecución política y mecanismos de represión estatal en ese país.
Su informe correspondiente al período posterior a las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024 examinó la continuidad de esas prácticas hasta agosto de 2025. Se trata de antecedentes institucionales que permiten distinguir la discusión ideológica de las obligaciones internacionales de protección de los derechos fundamentales.
En Nicaragua, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas también ha documentado la persecución de opositores, las detenciones arbitrarias, la represión de la sociedad civil y la utilización de estructuras estatales para consolidar el control político.
La crítica de Boric apunta, por tanto, a una dificultad estructural del progresismo latinoamericano: sostener una identidad política común sin convertir la afinidad ideológica en una justificación para relativizar los abusos de poder.
Sin embargo, existe una distinción relevante. El expresidente chileno mantuvo durante su mandato una posición crítica frente a Maduro. Su cuestionamiento actual está dirigido principalmente a otros sectores de la izquierda regional que, a su juicio, no tuvieron la misma disposición a condenar al Gobierno venezolano.
Los dos plebiscitos constitucionales y la advertencia sobre la exclusión
La experiencia chilena ocupa un lugar central en el diagnóstico del exmandatario. Boric vinculó los dos rechazos constitucionales de 2022 y 2023 con la incapacidad de los sectores políticos que encabezaron ambos procesos para incorporar a quienes mantenían posiciones diferentes.
“La gente de Chile dijo que no, dos veces. No le dijeron que no al cambio, sino que, en mi opinión, le dijeron que no a la exclusión”, señaló.
La primera derrota ocurrió el 4 de septiembre de 2022. La propuesta elaborada por la Convención Constitucional, que tenía una mayoría de orientación progresista, obtuvo un 38,14% de aprobación, mientras el Rechazo alcanzó el 61,86%, según los resultados del Servicio Electoral.
El segundo proceso terminó el 17 de diciembre de 2023. En esa oportunidad, el texto elaborado por un Consejo Constitucional dominado por la derecha también fue rechazado. La opción En contra consiguió el 55,76% de los votos, frente al 44,24% de A favor.
| Proceso electoral | Resultado de la opción ganadora | Orientación del texto rechazado |
|---|---|---|
| Plebiscito de 2022 | Rechazo: 61,86% | Mayoría progresista |
| Plebiscito de 2023 | En contra: 55,76% | Mayoría de derecha |
La comparación contiene un antecedente político importante: los dos sectores que tuvieron la oportunidad de conducir una propuesta constitucional no consiguieron obtener respaldo mayoritario para sus respectivos textos.
Pero los resultados también requieren una interpretación cuidadosa. No demuestran que ambos procesos fracasaran exclusivamente por la exclusión política. En cada consulta intervinieron factores diferentes, entre ellos el contenido de las propuestas, la evaluación de sus promotores, las preferencias ciudadanas y el contexto político de cada momento.
La conclusión más prudente es que ninguna de las dos mayorías logró convertir su ventaja institucional en un consenso ciudadano suficiente para aprobar una nueva Constitución.
La derrota electoral de 2025 y el desafío de reconstruir el progresismo
La advertencia de Boric sobre la necesidad de recuperar mayorías tiene también un correlato en las elecciones presidenciales de 2025. El resultado de la segunda vuelta confirmó el cambio de orientación política del país y abrió una nueva etapa para la izquierda, ahora desde la oposición.
El Tribunal Calificador de Elecciones proclamó oficialmente a José Antonio Kast como presidente electo tras obtener el 58,17% de los votos válidamente emitidos en la segunda votación del 14 de diciembre de 2025. Jeannette Jara consiguió el 41,83%.
La diferencia electoral fue significativa, pero su interpretación exige considerar que el resultado de segunda vuelta no representa una medición directa de la adhesión a cada partido. La votación también incorporó preferencias de electores que habían respaldado otras candidaturas en primera vuelta.
Ese antecedente permite entender por qué Boric insiste en que la izquierda debe abandonar la idea de que su electorado potencial está limitado a quienes comparten plenamente sus posiciones ideológicas.
Su frase más directa fue también una de las más relevantes de la jornada: “Nunca vamos a volver a ser mayoría si seguimos diciendo que la mitad del país es estúpida o que no sabe lo que hace cuando vota por alguien que no nos gusta”.
La declaración cuestiona una práctica extendida en la discusión política contemporánea: interpretar el voto contrario como una expresión de ignorancia, manipulación o falta de conciencia ciudadana. Para el exmandatario, esa actitud impide comprender las motivaciones de quienes optan por alternativas diferentes.
El problema de confundir identidad política con capacidad de representación
La reflexión introduce una discusión estratégica para el Frente Amplio y el resto de las fuerzas opositoras. Una organización puede conservar una identidad ideológica definida y, al mismo tiempo, perder capacidad para representar a sectores sociales que no se identifican completamente con sus postulados.
En ese escenario, la reconstrucción de una mayoría requiere algo más que reorganizar partidos, renovar liderazgos o coordinar candidaturas. También supone revisar las prioridades programáticas y comprender las razones por las cuales una parte del electorado dejó de considerar al progresismo como una alternativa de gobierno.
La dificultad consiste en que ampliar la representación no significa abandonar principios. La discusión sobre seguridad, crecimiento económico, empleo, migración y servicios públicos obliga a los partidos de izquierda a formular respuestas que puedan ser comprendidas y evaluadas por ciudadanos con distintas posiciones políticas.
El discurso contra el catastrofismo y la exigencia de resultados
Otro componente de la intervención fue el cuestionamiento al lenguaje político basado exclusivamente en advertencias sobre los riesgos que representan los adversarios. Boric criticó que parte del progresismo concentre sus esfuerzos en describir los peligros de los gobiernos de derecha sin ofrecer alternativas capaces de generar expectativas positivas.
El expresidente también advirtió sobre los riesgos del populismo como mecanismo para recuperar respaldo electoral. Su argumento fue que una victoria política obtenida mediante promesas simplificadoras puede terminar generando consecuencias negativas cuando llega el momento de gobernar.
La observación adquiere una dimensión adicional al considerar la experiencia de su propia administración. El Gobierno de Boric enfrentó dificultades para transformar parte de sus compromisos programáticos en resultados legislativos y políticos, en un escenario marcado por la fragmentación parlamentaria, las derrotas constitucionales y las diferencias dentro de su coalición.
Por eso, su llamado a entregar resultados también puede leerse como una revisión de los límites que encontró el proyecto político que encabezó entre 2022 y 2026. La credibilidad de una fuerza gobernante no depende solamente de la consistencia de sus principios, sino también de su capacidad para convertirlos en mejoras verificables para la ciudadanía.
El desafío del Frente Amplio después de La Moneda
La intervención en Georgetown ocurre en un momento en que Boric busca mantener presencia en el debate público después de abandonar la Presidencia. Sus declaraciones anteriores ya habían apuntado a la necesidad de reconstruir las mayorías y revisar el funcionamiento de los partidos progresistas.
El 21 de octubre, durante la conmemoración de los 120 años de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, el exmandatario sostuvo que la izquierda no es mayoría en el país y que necesita convencer a quienes piensan distinto.
Posteriormente, en sus reflexiones sobre el Frente Amplio, también cuestionó el riesgo de que las organizaciones políticas terminen convertidas en estructuras orientadas principalmente a disputar cargos públicos, en lugar de mantener una relación permanente con la sociedad.
La continuidad entre esos planteamientos permite identificar una línea política: Boric está intentando instalar una revisión del progresismo que no se limite a explicar su derrota por el avance de la derecha, sino que examine sus propias decisiones, prácticas y dificultades de representación.
Eso no significa que exista un consenso dentro de su sector sobre las causas de la derrota ni sobre el camino que debe seguir la oposición. Tampoco está demostrado que las declaraciones del expresidente se traduzcan automáticamente en una nueva estrategia partidaria.
Las preguntas que siguen abiertas para la izquierda chilena
La autocrítica de Boric plantea interrogantes que van más allá de la relación con Venezuela, Nicaragua o la conducta de los adversarios políticos. El problema de fondo es cómo construir una fuerza capaz de gobernar una sociedad plural, con demandas diversas y preferencias electorales que no responden a una sola identidad ideológica.
También permanece pendiente determinar cuánto de la pérdida de respaldo del progresismo responde a problemas de comunicación, cuánto a decisiones de gobierno y cuánto a transformaciones más profundas en las prioridades de los ciudadanos.
La experiencia constitucional demuestra que las mayorías circunstanciales no garantizan acuerdos duraderos. La elección presidencial de 2025, por su parte, confirma que el progresismo necesita revisar su estrategia para volver a competir por el Gobierno con posibilidades reales.
La principal advertencia del expresidente es que la izquierda no puede aspirar a representar a la mayoría del país si considera equivocada o ilegítima la decisión de quienes votan por otras alternativas. Pero el desafío es todavía mayor: debe demostrar que puede ofrecer soluciones, construir acuerdos y recuperar la confianza de quienes dejaron de verla como una opción convincente.
La discusión abierta en Georgetown no es solamente sobre la identidad de la izquierda, sino sobre su capacidad de volver a gobernar. El futuro del progresismo dependerá de si consigue transformar esta autocrítica en cambios políticos verificables, sin renunciar a sus principios democráticos ni confundir la defensa de sus convicciones con la descalificación de quienes piensan diferente.
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