El ministro detalla el origen de la interpretación y la magnitud del fenómeno
Rabat insistió en que el problema deriva de una interpretación de la Ley 19.856, vigente en su texto modificado desde febrero de 2022 y plenamente operativa desde 2023. La norma permite reducir dos meses de condena por cada año de comportamiento sobresaliente, ampliable a tres meses a partir de la mitad de la pena. La modificación de 2022 incorporó exclusiones para delitos sexuales contra menores, pero la Corte Suprema ha sostenido en varios fallos que no puede aplicarse de forma retroactiva a hechos anteriores a su vigencia.
El ministro señaló que de los 54 decretos analizados del actual gobierno, al menos 36 contaban con un recurso de amparo previo que, por efecto de cosa juzgada, obligaba a la comisión respectiva a pronunciarse. Estimó que entre el gobierno anterior y el actual se han conferido aproximadamente 375 beneficios de este tipo a condenados por estos delitos. “Se ha hecho un punto político con 54 decretos, van quedando 14 decretos”, precisó, y subrayó que el Ministerio de Justicia interviene al final del proceso: la calificación de conducta sobresaliente la realiza Gendarmería y las comisiones de reducción de condena.
El lunes 26 el presidente Kast había reconocido públicamente que “el Estado les falló” a las víctimas y calificó la situación de “nuestro propio error”. Suspendió nuevas tramitaciones, ordenó revisar caso a caso los decretos ya dictados y encargó a Rabat liderar las soluciones. El mandatario descartó pedir la renuncia del ministro con el argumento de que removerlo no resolvería el vacío legal.
Cifras del beneficio y comparación temporal del alcance
Entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026 el Ministerio dictó 56 decretos que otorgaron rebajas: 27 por abuso sexual y 29 por violación de menores, según los registros administrativos. Solo una solicitud fue rechazada. En promedio se firmó un decreto cada tres días. Investigaciones posteriores identificaron que al menos 33 de esos 56 casos contaban con informes de Gendarmería que advertían alto riesgo de reincidencia, aunque ese factor no constituye por sí solo una causal automática de exclusión bajo la ley vigente.
La comparación con periodos anteriores muestra continuidad. Rabat estimó en torno a 375 casos el total acumulado desde la modificación de 2022, lo que implica que el volumen del gobierno actual representa una fracción del fenómeno. La ley 19.856, creada en 2003 para la reinserción sobre la base de buena conducta, operó durante casi dos décadas sin exclusiones específicas para estos delitos. La modificación de 2022 buscó cerrar esa puerta, pero la jurisprudencia de la Corte Suprema generó el espacio interpretativo que el Ejecutivo aplicó.
- 56 decretos de rebaja firmados entre marzo y septiembre de 2026.
- 27 por abuso sexual y 29 por violación de menores.
- Aproximadamente 375 casos acumulados desde 2022 (gobierno anterior y actual).
- Al menos 36 de los 54 decretos revisados contaban con amparo previo.
- Reducción estándar: dos meses por año de conducta sobresaliente; tres meses a partir de la mitad de la condena.
El impacto medible recae en el cumplimiento efectivo de las penas. En varios de los casos documentados la rebaja adelantó la fecha de libertad en periodos de 18 a 21 meses. El Ministerio oficia al Servicio de Migraciones y a la PDI cuando el beneficiario es extranjero con orden de expulsión, pero no existe obligación legal de notificar a las víctimas durante el procedimiento administrativo.
Tramitación legislativa y cambios institucionales previstos
El proyecto “Nunca más” que el Ejecutivo presentó y que ya se tramita en el Senado propone un nuevo artículo 13 bis que incorpora el derecho de la víctima a ser oída, con remisión de la calificación de conducta y los resultados. Elimina la intervención final del Ministerio de Justicia y deja la decisión en la Comisión de Beneficio de Reducción de Condena. Incluye además el homicidio simple contra menores como causal de exclusión. Rabat indicó que se recogerán mociones parlamentarias ya en curso y que la instrucción de Kast es superar el problema “en lo inmediato”.
Lectura técnica del procedimiento y lo que establecen los textos legales
El proceso comienza en Gendarmería, que elabora el listado de internos que cumplen los requisitos de conducta sobresaliente y lo remite a las comisiones regionales. Estas, integradas por jueces, ministros y seremis, califican la conducta. Solo entonces el Ministerio de Justicia dicta el decreto que formaliza la rebaja. Rabat enfatizó que “el Ministerio de Justicia se encuentra al final” y que los informes de reincidencia se conocen en esa etapa previa.
La Ley 19.856, en su texto original y modificado, se encuentra publicada en el Diario Oficial y en la Biblioteca del Congreso Nacional. Los fallos de la Corte Suprema que ordenan conceder el beneficio cuando los hechos son anteriores a febrero de 2022 invocan el principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable, consagrado en la Constitución y en tratados internacionales. Documentos del Ministerio de Justicia y de Gendarmería detallan el procedimiento administrativo vigente hasta la suspensión decretada el 26 de octubre.
«Yo he sentido el respaldo, no solamente del Presidente de la República, sino que también del gabinete y los senadores. La instrucción de él ha sido muy precisa: esta situación que deriva de un problema de interpretación que se genera en febrero de 2023, se le pone coto inmediato, nunca más va a haber un condenado por delitos sexuales que gocen de esta rebaja de condena.»
El texto completo de la Ley 19.856 se consulta en la Biblioteca del Congreso Nacional. El procedimiento de reducción de condenas y los informes de Gendarmería aparecen en el sitio institucional de Gendarmería de Chile. El Ministerio de Justicia publica sus actos administrativos en su portal oficial. La tramitación del proyecto en el Senado se sigue en el sitio del Senado.
Alcance de la cosa juzgada y revisión de decretos
Rabat explicó que en los casos con amparo previo la comisión no podía desconocer la resolución judicial. De los 54 decretos, quedan pendientes de revisión 14. El Ejecutivo suspendió toda nueva tramitación para estos delitos y revisará caso a caso los ya dictados con herramientas administrativas y legales. El ministro reiteró que “no pueden hacerse puntos políticos con situaciones como estas” y que el debate debe mantenerse “con altura de miras”.
¿Logrará la modificación legislativa cerrar de forma efectiva el espacio interpretativo que permitió las 56 rebajas?
El proyecto “Nunca más” busca eliminar ambigüedades y excluir de manera expresa a los condenados por delitos sexuales contra menores, independientemente de la fecha de los hechos. Si se aprueba con el texto que incluye el derecho de la víctima a ser oída y la transferencia de la decisión final a la comisión, el Ministerio dejaría de ser el último eslabón. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre irretroactividad permanece vigente para hechos anteriores a 2022, lo que podría generar nuevos recursos de amparo hasta que el texto legal sea inequívoco.
En el corto plazo la suspensión de trámites reduce el flujo de nuevos beneficios. En el mediano plazo, la revisión de los 56 decretos y de los aproximadamente 375 casos acumulados determinará cuántas personas ya liberadas o próximas a salir deberán reingresar o cumplir el saldo de pena. El compromiso expresado por Kast y Rabat de que “nunca más” ocurra dependerá de la celeridad legislativa en el Senado y de la capacidad administrativa para revertir decisiones ya firmadas. La pregunta que queda abierta es si el texto final del proyecto logrará superar tanto la interpretación administrativa como la doctrina judicial que hasta ahora ha permitido estas rebajas.
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