Victor Manuel Arce Garcia
El Gobierno de José Antonio Kast ha anunciado modificaciones en la aplicación de la Ley de 40 horas, asegurando que se mantiene intacta su estructura y el calendario de reducción gradual de la jornada laboral. Así lo confirmó el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, en una reciente entrevista con Pulso (La Tercera). A partir del 26 de abril de 2026, la jornada laboral decrecerá de 44 a 42 horas semanales, con la meta final de alcanzar las 40 horas en 2028.
Rosende enfatizó que "no hay ningún tipo de cambio" en el cronograma ni en el método de implementación. La ley se mantendrá conforme a lo previsto, respetando el diseño original de la normativa anterior. Sin embargo, el Gobierno planea llevar a cabo ajustes a través de dictámenes de la Dirección del Trabajo, con el fin de mejorar la implementación, incrementar la flexibilidad y optimizar herramientas ya existentes en la ley, que han estado "subutilizadas".
Banda Horaria: Se busca flexibilizar su aplicación para fomentar acuerdos entre empleadores y trabajadores, permitiendo adelantar o retrasar horarios de ingreso y salida. Actualmente, la interpretación de la Dirección del Trabajo ha limitado estos pactos, creando un obstáculo para la implementación efectiva.
Artículo 22, Inciso 2: Este inciso regula a los trabajadores excluidos de los límites de jornada, como los cargos de confianza. El Gobierno considera que la interpretación actual es "muy restrictiva", por lo que se evaluará una aplicación más equilibrada y accesible.
Colación (Tiempo de Almuerzo): Se revisará la contabilización de este tiempo respecto a la jornada laboral, garantizando que no derive en reducciones horarias adicionales no previstas originalmente.
Rosende defendió estas propuestas como un avance en flexibilidad laboral que no recorta derechos. "Cuando hablamos de flexibilidad, nos referimos a cómo se distribuyen las horas de trabajo y no a una reducción de los derechos laborales", expresó. Aseguró que el objetivo es compatibilizar la generación de empleo, la calidad de vida de los trabajadores y la realidad empresarial, sin enfrentarse a un dilema entre derechos y productividad.
Con estos dictámenes, el Gobierno busca presentar un marco más adaptable antes de la próxima etapa de implementación en abril, reforzando su compromiso con la reducción gradual hasta las 40 horas semanales en 2028, sin alterar el texto legal ni su cronograma progresivo.
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