Autoridades ecuatorianas localizaron el domingo ocho cuerpos en dos fosas dentro de una mina de oro sin permisos en el cantón Pucará, provincia de Azuay. El hallazgo ocurre en una zona bajo estado de excepción y en un país con una de las tasas de homicidios más altas de América Latina, lo que evidencia los desafíos de control territorial vinculados a la minería irregular.
Detalles del operativo y el contexto local
La Policía Nacional de Ecuador informó que los cuerpos fueron encontrados en un área de difícil acceso del municipio de Pucará, en la provincia andina de Azuay, al sur del país. Según el jefe de la policía judicial de la zona, coronel Pablo Inga, se trataba de dos fosas ubicadas en un campamento asociado a actividades mineras sin autorización de exploración ni explotación.
Los restos correspondían a siete hombres y una mujer. Las identidades aún no han sido confirmadas oficialmente.
La policía llegó al lugar tras reportes de disparos y denuncias de familiares sobre personas desaparecidas desde días previos. En el sitio también se hallaron dos vehículos incinerados. Las investigaciones preliminares de criminalística estiman que las muertes ocurrieron aproximadamente 48 horas antes del hallazgo.
Inga señaló que la mina no contaba con permisos vigentes. La zona, cercana al sector Huasipamba, forma parte de un área donde en los últimos años se expandió la extracción irregular de oro y cobre.
Violencia y control territorial en zonas mineras
Azuay es una de las diez provincias incluidas en el estado de excepción vigente desde junio de 2026, decretado por el gobierno del presidente Daniel Noboa ante el aumento de la violencia armada. La medida permite el despliegue de militares y facilita operativos de control.
La provincia ha visto crecer las actividades de minería irregular, en un contexto donde grupos criminales disputan el control de yacimientos. Fuentes oficiales y reportes de seguridad han vinculado a organizaciones como Los Lobos con la expansión de estas operaciones en el sur del país.
Ecuador registró en 2025 una tasa de homicidios cercana a 50,9 por cada 100.000 habitantes, según datos del Ministerio del Interior y análisis regionales, con más de 9.200 asesinatos ese año. Esto representa un incremento significativo respecto a 2024 y ubica al país entre los de mayor violencia en América Latina.
La disputa por rutas de tráfico de cocaína y por recursos mineros ilegales ha sido identificada por autoridades como uno de los motores de la inseguridad. Pese a la política de mano dura aplicada desde 2023, con frecuentes estados de excepción, la violencia armada no ha cesado.
Impacto regional y desafíos de gobernabilidad
El hallazgo en Pucará ilustra cómo la minería ilegal se convierte en un punto de fricción en zonas rurales de difícil acceso. Estas actividades generan ingresos para estructuras criminales y desplazan a poblaciones locales, al tiempo que complican la presencia estatal.
Para los países vecinos de América Latina, el caso refuerza la preocupación por el desbordamiento de dinámicas criminales transfronterizas. Ecuador pasó en pocos años de ser uno de los países más seguros de la región a enfrentar una crisis de seguridad prolongada.
Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre posibles excesos de la fuerza pública durante los estados de excepción, mientras el gobierno sostiene que las medidas son necesarias para recuperar el control territorial.
La Fiscalía y la Policía mantienen abiertas las investigaciones para identificar a las víctimas, determinar responsabilidades y establecer las circunstancias exactas del hecho. Los cuerpos fueron trasladados para las pericias correspondientes.
Perspectivas inmediatas
El gobierno de Noboa ha priorizado la contención de grupos armados mediante operativos militares y policiales coordinados. Sin embargo, los datos de homicidios de 2025 y los primeros meses de 2026 muestran que la reducción sostenida de la violencia sigue siendo un objetivo pendiente.
En Azuay y otras provincias del sur, la superposición de minería irregular y presencia de estructuras criminales genera focos de inestabilidad que afectan tanto a las comunidades locales como a la percepción de seguridad nacional.
El caso de Pucará se suma a una serie de incidentes en zonas mineras que evidencian la necesidad de estrategias que combinen control territorial, formalización de la minería y atención a las causas económicas que alimentan estas economías ilícitas.
Las autoridades continuarán con las diligencias para esclarecer los hechos y brindar respuestas a los familiares de las personas reportadas como desaparecidas.
