Victor Manuel Arce Garcia
La reciente actualización del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), anunciada el 2 de abril, ha pasado casi desapercibida para más de 17 millones de beneficiarios. Según la Ley N° 21.674, Fonasa ha reclasificado automáticamente a los afiliados de los tramos B, C y D que no presentaron cotizaciones de salud durante 12 meses consecutivos, trasladándolos al Tramo A. Esta medida, de carácter anual y obligatoria, ajusta la clasificación según ingresos y aportes previsionales, pero ha generado indiferencia: no ha habido protestas masivas ni un aluvión de reclamos en redes sociales.
La reclasificación implica una pérdida significativa: quienes sean trasladados al Tramo A no podrán acceder a la Modalidad de Libre Elección (MLE), lo que significa que no podrán comprar bonos para atención en clínicas privadas. Sin embargo, mantendrán atención gratuita en toda la red pública, incluyendo consultorios, hospitales y centros de salud. Fonasa recomienda verificar el tramo en "Mi Fonasa" utilizando ClaveÚnica o llamando al 600 360 3000. Expertos estiman que esta medida puede afectar a “miles de usuarios”, particularmente a trabajadores informales, independientes o cesantes que han dejado de cotizar.
A diferencia de otros ajustes previsionales que han generado debates acalorados en redes sociales, la respuesta pública a esta actualización ha sido limitada. Mientras los contenidos informativos de medios y Fonasa en X (anteriormente Twitter) e Instagram han recibido miles de vistas, los comentarios críticos son raros y suelen ser individuales (“me pasaron al A y ya no puedo operar en clínica”). Actualmente, no existen datos oficiales sobre el volumen de quejas en el call center ni encuestas recientes que midan el impacto emocional de este cambio. Expertos coinciden en que esta aparente indiferencia se puede atribuir a varios factores: el cambio es automático y silencioso, afecta principalmente a quienes menos utilizan el sistema privado y muchos afiliados priorizan la atención gratuita en el sistema público, a pesar de las largas listas de espera.
Además, la actualización ajustó los límites de ingresos debido al aumento del salario mínimo ($539.000). El Tramo B ahora abarca hasta ese monto; el C, hasta $786.940; y el D, para ingresos superiores. Según Fonasa, el objetivo principal es alinear la bonificación con la realidad económica y fortalecer la sostenibilidad del seguro público, que cubre aproximadamente al 85% de la población.
Mientras organizaciones de usuarios instan a regularizar las cotizaciones a través de Previred o sus empleadores, el silencio público contrasta con el impacto potencial que esta medida puede tener en las finanzas de los afectados.
¿Es esta una verdadera indiferencia o simplemente una falta de información? Aunque la pregunta queda abierta, los hechos son contundentes: Fonasa actúa conforme la ley, sin que la ciudadanía haya expresado su descontento de forma masiva. Los afiliados que se sientan agraviados aún pueden regularizar su situación previsional para revertir el tramo en futuras actualizaciones.
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