Irmina Herrera
Una abogada penalista ha interpuesto una querella por prevaricación imprudente contra el Ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, en un caso que ha generado gravedad jurídica. Este movimiento se deriva de la condena del general en retiro Carlos Eduardo Oviedo Arriagada, quien, según pruebas contundentes, no estuvo presente en el lugar de los hechos por los que fue acusado.
El 10 de noviembre de 1973, el entonces subteniente Oviedo Arriagada se encontraba en Santiago, a 700 kilómetros de Temuco, donde ocurrieron los crímenes que llevaron a su sentencia de cadena perpetua. Este dato está respaldado por testimonios y documentación que confirman su ubicación. Sin embargo, las estrategias procesales del ministro Mesa Latorre desestimaron estas pruebas sin una justificación adecuada, alegando que los principios del Derecho penal no son aplicables a delitos de lesa humanidad.
La escasez de pruebas claras contra Oviedo Arriagada se debe a la falta de testimonios que lo vinculen directamente con los hechos en Temuco. Incluso los testigos principales, considerados clave para la sentencia, corroboraron lo contrario.
La querella presentada por la abogada Carla Fernández Montero fue admitida el 13 de abril de 2026, en medio de la saturación del sistema judicial de Chile. Desde la interposición de la querella el 2 de abril, cinco magistrados del Juzgado de Garantía de Temuco se han inhabilitado, invocando una relación jerárquica con el Ministro Mesa Latorre. Esta situación ha dejado al tribunal incapaz de actuar, lo que genera preocupaciones sobre la imparcialidad del sistema judicial en La Araucanía.
La situación se complica con la decisión del Fiscal Nacional de remitir la investigación a la Fiscalía de Los Ríos, sugiriendo que los problemas de corrupción judicial podrían estar relacionados con la responsabilidad del Ministro. La admisión de la querella podría dar pie a un análisis más profundo de las irregularidades en la sentencia del general. Si se prueba la prevaricación, podría establecerse un precedente en la lucha contra la injusticia en el país.
Las expectativas son complejas y las preguntas son numerosas: ¿cómo se restablecerá la confianza en el sistema judicial si las pruebas a favor de un condenado no son valoradas? La justicia debe actuar sin temor y sin sesgo para prevalecer en su esencia.
Síguenos en nuestras Redes Sociales
