Victor Manuel Arce Garcia
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, justificó este jueves el ajuste presupuestario que reduce en $413 mil millones el gasto del Ministerio de Salud (Minsal), afirmando que “a veces uno con menos recursos hace más”. Esta declaración, realizada en una entrevista con T13, enmarca el ajuste fiscal promovido por el gobierno de José Antonio Kast y ha suscitado una fuerte polémica, especialmente entre el Colegio Médico y sectores opositores.
El recorte, oficializado mediante el Decreto 333 del 24 de abril, afecta a más de 80 hospitales y representa una disminución del 2,4% del presupuesto del Minsal. Según Quiroz, la medida se enmarca en la búsqueda de mayor eficiencia en la red pública, de la cual destacó su supuesta superioridad sobre el sector privado. Este ajuste se alinea con la megarreforma que actualmente se discute en el Congreso.
En su defensa, el ministro aseguró que la reducción no necesariamente compromete la calidad de atención. Resaltó que una gestión más eficiente puede llevar a resultados igual o más favorables, intentando así mitigar las preocupaciones sobre el impacto en la atención de pacientes. Las críticas hasta ahora advierten sobre posibles repercusiones en el funcionamiento de la red asistencial.
Este ajuste se sitúa en un contexto más amplio de contención del gasto público. El gobierno de Kast prioriza un reordenamiento fiscal que incluye recortes en diversas carteras para mantener el equilibrio macroeconómico y avanzar en reformas estructurales. La megarreforma en discusión se presenta como el objetivo final de estos esfuerzos de austeridad.
La controversia comenzó el 24 de abril de 2026 con la firma del Decreto 333, creando preocupación ya desde las primeras semanas en el sector salud. Durante una entrevista en T13 el 14 de mayo, Quiroz defendió su decisión, resaltando la necesidad de eficiencia en medio de críticas crecientes.
Este episodio refleja un patrón en la administración actual, donde se prioriza el equilibrio fiscal sobre el gasto en áreas sociales críticas. La frase de Quiroz —“a veces uno con menos recursos hace más”— resalta tanto la optimización presupuestaria como la tensión entre austeridad y expectativas ciudadanas.
La controversia sobre el recorte tiene lugar en un momento crucial para la tramitación legislativa de la megarreforma. A medida que el gobierno busca consenso en el Congreso para avanzar en cambios, las críticas al ajuste fiscal podrían complicar el proceso. Quiroz busca reposicionar la medida como una decisión técnica y responsable, aunque enfrenta cuestionamientos sobre su impacto en la cobertura de salud.
Una de las mayores interrogantes ante el recorte de $413 mil millones es su compatibilidad con las Garantías Explícitas en Salud (GES). Desde el punto de vista legal, el presupuesto destinado a las 87 patologías garantizadas por ley es intocable y obligatorio. Sin embargo, analistas advierten que, aunque el Decreto 333 no elimina las prestaciones, el ajuste en el gasto operacional de los hospitales públicos podría generar un "cuello de botella" administrativo.
Si los centros de salud reducen su personal técnico o insumos básicos debido al recorte, el cumplimiento de los plazos máximos de atención (garantía de oportunidad) podría verse comprometido. En este escenario, la Ley de Salud obliga al Estado a derivar a los pacientes al sector privado bajo la modalidad de "segundo prestador", lo que paradójicamente podría aumentar el gasto público a largo plazo, contraviniendo el espíritu de ahorro del decreto.
La oposición (Frente Amplio, Partido Comunista y sectores del Socialismo) sostiene que el recorte de $413 mil millones no es un ahorro, sino un traslado de fondos.
La tesis: Afirman que, al desfinanciar la gestión operativa de los hospitales públicos, el Gobierno de Kast obliga al sistema a incumplir garantías, derivando pacientes y recursos hacia clínicas privadas.
Frase clave para la nota: "Denuncian un desmantelamiento programado de la salud pública para favorecer el mercado de prestadores privados".
Los parlamentarios opositores en la Comisión de Salud han puesto el foco en los consultorios y CESFAM.
El impacto: Señalan que el Decreto 333 afecta directamente los convenios de apoyo a la gestión local, lo que podría traducirse en falta de insumos básicos y reducción de horas médicas en las comunas más vulnerables.
Acción legal: Se estudia la presentación de una Reserva de Constitucionalidad, argumentando que el decreto vulnera el derecho constitucional a la protección de la salud al reducir el estándar de servicio sin una ley de presupuesto que lo avale.
Mientras el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, dice que el recorte ayuda a reducir listas de espera vía eficiencia, la oposición presenta cifras contrapuestas.
Contrapunto: Sostienen que sin personal administrativo ni infraestructura pública operativa (quirófanos funcionando al 100%), las listas de espera solo se "esconden" tras trámites burocráticos o derivaciones que tardan meses en concretarse.
La intervención de Quiroz plantea una pregunta fundamental: ¿puede un recorte en Salud generar mayor eficiencia sin comprometer la atención ciudadana? Mientras su declaración encapsula la apuesta por optimización, también enfatiza la brecha entre la austeridad y la percepción pública. El éxito de la megarreforma dependerá de la capacidad del ejecutivo para convencer a la opinión pública de la necesidad de estos ajustes, en un entorno en el que la polémica por los $413 mil millones recortados actúa como un primer termómetro de la tensión entre disciplina fiscal y demandas sociales.
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