Hacienda acusa desajuste de US$10.500 millones en proyeccion de deuda

El ministro Jorge Quiroz reveló en el Informe de Finanzas Públicas que la corrección del cálculo elevará el endeudamiento por sobre el límite prudencial del 45% del PIB en 2028. En paralelo, una auditoría interna al período 2022-2026 forzó la apertura de investigaciones en cuatro reparticiones estatales por anomalías que suman US$9.200 millones.

 Una profunda tormenta institucional y técnica ha comenzado a agitar las bases de la contabilidad fiscal en el país. Durante la presentación oficial del Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al primer trimestre, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, denunció la existencia de severas inconsistencias por un monto de US$10.500 millones en las proyecciones de deuda pública elaboradas por la administración precedente de Gabriel Boric, abriendo un complejo flanco de debate respecto a la transparencia estadística y la sustentabilidad macroeconómica del Estado.

De acuerdo con el desglose técnico expuesto por el jefe de las finanzas públicas, el error de cálculo detectado en los modelos de proyección subestimaba de forma sistemática el ritmo de acumulación de los compromisos soberanos en el mediano plazo. Quiroz advirtió que, al aplicar las correcciones matemáticas e institucionales pertinentes sobre las bases de datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), el escenario base de la República se altera de forma crítica, proyectándose que el endeudamiento público superará el límite del 45% del PIB en 2028, quebrando el umbral prudencial que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha recomendado resguardar para blindar el perfil crediticio del país en el extranjero.

La contraofensiva técnica de la administración anterior

La gravedad de la acusación de Hacienda provocó una inmediata reacción en los equipos económicos que diseñaron las políticas de la administración previa. Un comité integrado por exasesores de la Dipres y del antiguo ministerio de Hacienda desmintió las conclusiones de Quiroz, asegurando a través de minutas alternativas que el cálculo de la administración actual es incompleto debido a que omite los efectos de consolidación de activos y las variables de crecimiento estructural asociadas al despliegue de los contratos de litio e hidrógeno verde:

• Defensa del modelo previo: Los exasesores plantean que las proyecciones de la administración Boric cumplían rigurosamente con los estándares metodológicos validados por los organismos multilaterales, y acusan que Hacienda busca instalar un escenario de "estrés artificial" para justificar recortes en las partidas sociales.

• Fricción por las holguras: El debate técnico de los economistas se centra en la velocidad de convergencia de los ingresos estructurales, tensionando la predictibilidad de la caja del Estado para el segundo semestre de 2026.

La Segpres activa auditoría masiva por US$9.200 millones

En paralelo al nudo macroeconómico de Hacienda, el flanco administrativo de Palacio se activó de forma drástica en el plano del control de la probidad. Los comités de auditoría interna instruidos por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) ordenaron la apertura de investigaciones en cuatro organismos públicos, luego de detectar un volumen significativo de situaciones irregulares y desajustes de control de inventarios que involucran transacciones por más de US$9.200 millones durante el período presupuestario 2022-2026.

El despliegue fiscalizador —que busca fiscalizar el destino de las asignaciones de capital transfronterizas y los contratos de provisión de servicios centralizados— arrojó severas alarmas sobre la regularidad de los gastos ejecutados en las carteras de infraestructura y desarrollo social regionales. El Ejecutivo ha ordenado que los antecedentes de la auditoría sean puestos a disposición de la Contraloría General de la República para determinar de forma fehaciente las responsabilidades administrativas o penales derivadas de estas anomalías, aplicando una estricta doctrina de tolerancia cero a los desvíos burocráticos.

Con las bandas del riesgo soberano asimilando el impacto de este doble flanco de incertidumbre fiscal, las autoridades económicas de la macrozona sur enfrentan la urgencia de reconfigurar sus planes de emisión de bonos y contención del gasto. El éxito de la estabilidad financiera internacional para el resto del año dependerá de la capacidad del ministro Quiroz para restaurar la confianza y la disciplina de mercado, garantizando que el rediseño estructural de las proyecciones macroeconómicas ofrezca un estándar de transparencia inalterable antes de que las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda alteren el rumbo del crecimiento y el empleo en todo el cono sur de las Américas.

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