Javier Saldívar Flores
El ejecutivo de centro-derecha advierte el fin del margen de maniobra institucional tras casi un mes de paros y bloqueos generalizados que asfixian la economía boliviana. El Congreso remueve las trabas legales para el uso de las Fuerzas Armadas en las calles.
El panorama institucional y económico en Bolivia ingresó este miércoles en su fase más crítica. Tras 25 días consecutivos de paros, huelgas generales y bloqueos de infraestructura vial que mantienen parcialmente aisladas a las principales ciudades del país, el presidente Rodrigo Paz lanzó una severa advertencia a las facciones movilizadas. Durante la instalación del Consejo Económico y Social de la Patria en La Paz, el mandatario de centro-derecha fue categórico al señalar que el país requiere orden de manera perentoria, sentenciando que la crisis política y de desabastecimiento "está llegando al límite".
Las protestas, que inicialmente estallaron a principios de mayo en rechazo a reformas normativas y ante una severa escasez de combustibles fósiles y divisas internacionales —calificada ya como la peor coyuntura económica del país en las últimas cuatro décadas—, han mutado radicalmente su objetivo. Los sindicatos obreros, transportistas y poderosas federaciones campesinas indígenas exigen ahora de forma unánime la renuncia inmediata del jefe de Estado.
El trasfondo técnico de la advertencia presidencial se sustenta en un movimiento legislativo de última hora. Durante la noche del martes, el Congreso boliviano eliminó una norma que imponía severas restricciones y límites al Poder Ejecutivo para decretar estados de excepción. Con esta modificación, el presidente Rodrigo Paz queda plenamente facultado para ordenar el despliegue operativo de las Fuerzas Armadas a fin de contener los disturbios y, de ser necesario, aplicar restricciones temporales a las libertades civiles de reunión y libre tránsito en todo el territorio nacional.
A pesar del andamiaje legal desplegado por el Palacio Quemado, la presión en los epicentros de la protesta —particularmente en el eje metropolitano que une a las ciudades de La Paz y El Alto— lejos de replegarse, se ha intensificado. Miles de campesinas indígenas pertenecientes a diversas federaciones marcharon este miércoles por el casco central de la sede de Gobierno portando banderas tradicionales. Las movilizaciones coincidieron con el Día de la Madre y se unieron en un bloque monolítico con el sector del transporte federado, el cual mantiene paralizados los servicios públicos urbanos.
Desde la perspectiva de los operadores de datos y mercados de The Times Latino, el conflicto ya ha provocado un daño severo a la frágil estabilidad macroeconómica de la región. Según estimaciones del propio Gobierno boliviano, las pérdidas financieras directas derivadas de los 25 días de bloqueos e inactividad comercial ascienden a cerca de 600 millones de dólares, afectando con especial dureza la cadena de suministros y la distribución de alimentos en La Paz y El Alto. Sectores corporativos y comités cívicos regionales advierten que el impacto sobre el aparato productivo ya es superior al experimentado durante las restricciones operativas de la pandemia del COVID-19.
Por su parte, la administración de Rodrigo Paz mantiene la postura de que las protestas no responden a un genuino descontento social por la inflación, sino que forman parte de una estrategia orquestada para forzar la interrupción del orden democrático. Desde el Ejecutivo se señala directamente al expresidente Evo Morales como el principal promotor de los disturbios viales. Morales, quien actualmente se encuentra refugiado en su bastión político del Chapare debido a un proceso judicial abierto por presunta trata de menores, ha instado públicamente a Paz a que capitule ante la presión social y convoque de manera inmediata a elecciones generales anticipadas en un plazo no mayor a 90 días.
El escenario permanece en un punto de máxima tensión institucional. Mientras el vicepresidente Edmand Lara —declarado en oposición interna a la gestión de Paz— intenta canalizar conversaciones paralelas con el auxilio de la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo, las bases movilizadas en las carreteras aseguran que no abandonarán las rutas hasta que la administración de centro-derecha complete sus maletas y abandone formalmente el poder.
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