Victor Manuel Arce Garcia
De acuerdo con los registros oficiales del Ministerio de Hacienda y la discusión parlamentaria en curso, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que modifica la Ley de Presupuestos 2026 para elevar el techo de endeudamiento en US$6.200 millones. Esta iniciativa se enmarca en la implementación de la reforma tributaria conocida como “Ley de los Súper Ricos”, que reduce gradualmente el impuesto de primera categoría de las empresas del 27% al 23% y establece una invariabilidad tributaria por 25 años.
Tras la revisión de los antecedentes normativos, el Gobierno de José Antonio Kast, asumido en marzo de 2026, había prometido un recorte del gasto público por US$4.000 millones y una baja sostenida de la deuda como pilares de su plan “Chile Sale Adelante”. Sin embargo, a menos de tres meses de gestión, la solicitud de mayor endeudamiento ha generado alarma en la oposición y entre analistas fiscales. En regiones como Coquimbo —distrito del diputado Manouchehri—, Valparaíso, Biobío y la Metropolitana, donde la presión sobre los presupuestos locales es mayor, la medida resuena con fuerza en comunas como La Serena, Viña del Mar, Concepción y barrios periféricos de Santiago como La Pintana, Cerro Navia y Puente Alto.
Fuentes cercanas al proceso legislativo, consultadas bajo estricta reserva, indican que el aumento de deuda busca cubrir el déficit estructural generado por las rebajas tributarias, estimadas en US$4.000 millones anuales según proyecciones del Consejo Fiscal Autónomo. Según información disponible de la Dirección de Presupuestos, el Ejecutivo argumenta que estos incentivos fiscales impulsarán inversión privada, empleo y crecimiento en sectores clave como minería, agroindustria y manufactura.
De acuerdo con la intervención del diputado Daniel Manouchehri en redes y en la Cámara, el proyecto del Ejecutivo no solo revierte la promesa de recorte de gasto —que pasaría de una baja de US$4.000 millones a un aumento neto de US$2.000 millones— sino que eleva la deuda pública en US$6.200 millones solo para el ejercicio 2026. Tras la revisión de los estados financieros y documentos del Ministerio de Hacienda, esta autorización adicional se destinaría principalmente a financiar el paquete tributario que beneficia al tramo superior de contribuyentes.
La “Ley de los superricos”, como la denomina la oposición, contempla una rebaja permanente del impuesto corporativo sin contrapartidas obligatorias de inversión o generación de empleo. Economistas como Andrea Repetto y Claudio Agostini, citados en informes del Consejo Fiscal Autónomo, han advertido que el costo fiscal podría alcanzar los US$4.000 millones anuales, aumentando el déficit y presionando la deuda/GDP. En contraste, el Gobierno sostiene que la medida generará un efecto multiplicador a través de mayor inversión extranjera directa en regiones mineras como Antofagasta y Atacama, y en zonas agrícolas del sur.
El contexto macro es delicado: tras el “bencinazo” —alza en precios de combustibles que elevó el costo de la vida—, el Ejecutivo enfrenta críticas por priorizar incentivos al 1% más rico mientras restringe gastos sociales. Según datos de la Dirección de Presupuestos, el endeudamiento neto proyectado para 2026 subiría del nivel originalmente presupuestado, afectando la calificación crediticia y el spread soberano en mercados internacionales.
De un lado, la oposición —liderada por el PS y figuras como Manouchehri— denuncia un “regalo” al 1% más rico a costa del 99%, con riesgo de abismo fiscal y mayor endeudamiento que recaerá sobre contribuyentes medios. Del otro, el Gobierno y analistas liberales defienden la reforma como esencial para romper el estancamiento económico, atraer capital y generar empleo a largo plazo. En la fase actual del debate, según registros institucionales y opiniones del Consejo Fiscal Autónomo, predomina la preocupación por la sostenibilidad fiscal, aunque con llamados a evaluar el impacto real en inversión productiva.
Tras la revisión de los balances fiscales y proyecciones del Banco Central, el aumento de US$6.200 millones en autorización de endeudamiento representa un giro significativo respecto a las metas iniciales de consolidación fiscal anunciadas por el ministro Jorge Quiroz. Operadores de mercado estiman que esta medida podría presionar el tipo de cambio, las tasas de interés locales y la percepción de riesgo país, especialmente si se percibe como un financiamiento de rebajas tributarias sin contrapartidas.
Implicancias sectoriales son claras: en minería y energía —sectores de alto peso en exportaciones—, la rebaja impositiva podría atraer proyectos greenfield; sin embargo, el mayor endeudamiento elevaría el servicio de la deuda pública, reduciendo espacio fiscal para inversión en infraestructura en regiones como Valparaíso, Biobío y La Araucanía. En barrios de ingresos medios como San Bernardo, Maipú y Renca, el impacto indirecto se sentiría a través de mayor presión inflacionaria o eventuales ajustes en subsidios.
Según analistas de banca de inversión consultados bajo reserva, el spread de los bonos soberanos chilenos podría ampliarse entre 15 y 30 puntos básicos en los próximos trimestres si el Congreso aprueba la medida sin modificaciones. Fuentes cercanas al proceso indican que el Ejecutivo busca equilibrar la ecuación con mayor disciplina en gasto corriente, pero la oposición advierte que el “candado” de 25 años de invariabilidad tributaria limitará futuras correcciones fiscales.
La narrativa se inicia en marzo de 2026 con la asunción de Kast y la promesa de austeridad fiscal. En abril, el Gobierno anuncia su Plan de Reconstrucción Nacional con foco en rebajas tributarias. Durante mayo, la “Ley Miscelánea” avanza en la Comisión de Hacienda pese a advertencias del Consejo Fiscal Autónomo. El 1 de junio, en la Cuenta Pública, se enfatiza reactivación; al día siguiente, 2 de junio, el diputado Manouchehri publica su denuncia en X, alertando sobre el proyecto de aumento de endeudamiento. En las semanas siguientes, se espera votación en Sala y eventual intervención del Tribunal Constitucional si la oposición impugna la tramitación.
Hacia adelante, dos escenarios principales se perfilan. En uno optimista para el Gobierno, las rebajas impositivas generan un boom de inversión que eleva el crecimiento al 4% anual y reduce el desempleo, justificando el mayor endeudamiento como inversión productiva. En el escenario de riesgo, el déficit fiscal se amplía, la deuda/GDP supera el 40% y los mercados castigan la calificación crediticia, forzando ajustes más drásticos en gasto social.
Los principales riesgos incluyen erosión de confianza institucional, mayor polarización en el Congreso y efectos distributivos regresivos que alimenten tensiones sociales en comunas vulnerables. Fuentes cercanas al proceso enfatizan que, en la fase actual del debate, la predictibilidad fiscal dependerá de la transparencia en el uso de los recursos y de una evaluación independiente del impacto de la “Ley de los Súper Ricos”. Analistas coinciden en que el legado de esta administración en materia económica se medirá por su capacidad de equilibrar incentivos al capital con sostenibilidad de las finanzas públicas en regiones como Coquimbo, Metropolitana y el sur del país.
En síntesis, la solicitud de US$6.200 millones adicionales de endeudamiento encapsula la tensión central de la política económica chilena actual: priorizar crecimiento vía incentivos al sector privado versus mantener disciplina fiscal y equidad distributiva. Su resolución en las próximas semanas definirá no solo el balance presupuestario 2026, sino la trayectoria de la deuda pública y la percepción de riesgo país para los próximos años.
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