Diego Arenas
En un movimiento que ha sacudido al sector del juego en Chile, el Servicio de Impuestos Internos (SII) emitió la Resolución Exenta N°69 que permite a plataformas extranjeras de apuestas online inscribirse y pagar IVA por operaciones en el país. La medida ha generado un fuerte rechazo de la industria de casinos autorizados, que la califica como un mecanismo de regularización encubierta de actividades declaradas ilegales por la Corte Suprema.
La Resolución Exenta N°69 del 2 de junio de 2026 busca incorporar al régimen tributario a operadores sin domicilio ni residencia en Chile que prestan servicios digitales gravados con el impuesto al valor agregado. Sin embargo, la Asociación Chilena de Casinos y Juego la interpreta no como un mero acto de recaudación, sino como una vía administrativa que otorga visibilidad y cierta legitimidad a actividades que la Corte Suprema ha calificado reiteradamente como ilegales.
Este episodio se produce en un momento clave para la industria del juego en Chile. Mientras el Congreso debate desde hace cuatro años el proyecto de ley que busca regular integralmente las plataformas de apuestas en línea —con licencias, fiscalización, protección al jugador y prevención de lavado de activos—, el SII avanza por la vía tributaria. La contradicción aparente entre instancias del Estado genera confusión en el mercado y debilita, según los críticos, los esfuerzos por construir un marco normativo coherente y protector.
La Asociación Chilena de Casinos y Juego, que agrupa a los operadores autorizados bajo la Ley N°19.995, no tardó en reaccionar. En un comunicado firme, el gremio presidido por Cecilia Valdés argumentó que “pagar impuestos no transforma una actividad ilegal en legal”. La señal que recibe el mercado, según la entidad, es que estas plataformas pueden continuar operando mientras regularizan únicamente su situación tributaria, sin asumir las obligaciones regulatorias, de fiscalización, trazabilidad de recursos, protección al consumidor, resguardo de menores y prevención de actividades ilícitas que sí pesan sobre los casinos autorizados.
Los casinos regulados operan bajo un régimen estricto supervisado por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y otras entidades. Deben cumplir con estándares de juego responsable, reportar operaciones sospechosas y contribuir significativamente al erario fiscal. Solo en el primer trimestre de 2025, su aporte tributario superó los 51.962 millones de pesos, según datos de la propia SCJ.
Paula Rojas, presidenta del directorio de Casino Marina del Sol, una de las principales operaciones autorizadas del país, sumó su voz a través de una carta en El Mercurio. La ejecutiva cuestionó la oportunidad de la medida, publicada el mismo día en que el Presidente de la República anunciaba ante el Congreso una “guerra total al crimen organizado”.
La Resolución Exenta N°69 del SII no deroga la anterior N°26 de 2023, que había excluido explícitamente a estas plataformas del régimen simplificado de tributación precisamente por considerar sus actividades ilícitas conforme a la opinión de la Superintendencia de Casinos. Esta inconsistencia interna del propio servicio fiscalizador es uno de los puntos más cuestionados por la industria regulada.
La Corte Suprema ha emitido fallos que declaran ilegales las apuestas online no autorizadas, ordenando a las empresas de telecomunicaciones el bloqueo de numerosos sitios. Estas resoluciones se basan en la Ley de Casinos de Juego y en el Código Civil, que reservan la explotación de juegos de azar a entidades expresamente autorizadas. Sin embargo, la efectividad de los bloqueos ha sido limitada debido a la proliferación de sitios espejo y el uso de VPN por parte de los usuarios.
Desde el punto de vista económico, la industria de casinos autorizados representa un pilar relevante para el desarrollo regional y los ingresos fiscales. Los establecimientos contribuyen con impuestos específicos al juego —equivalentes al 20% de los ingresos brutos del juego previa deducción de IVA y PPM—, generan empleo directo e indirecto, y dinamizan el turismo en regiones como Coquimbo, Biobío y Los Lagos.
La irrupción desregulada de operadores online ha erosionado parte de esa base, según denuncian los gremios, al capturar volúmenes crecientes de apuestas deportivas y juegos de casino virtual sin asumir costos regulatorios equivalentes. Miles de trabajadores chilenos dependen directa o indirectamente de la industria de casinos físicos: dealers, personal de seguridad, hotelería asociada y proveedores locales.
El proyecto de ley que regula las plataformas de apuestas en línea, con boletín 14838-03, lleva años en tramitación. Aprobado en general en la Cámara de Diputados, se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. El Ejecutivo ha impulsado urgencias en distintos momentos, pero la falta de indicaciones recientes y la reducción de prioridad han generado críticas.
Parlamentarios de oposición en la Comisión de Economía del Senado reaccionaron con dureza. El senador PS Gastón Saavedra señaló que la medida “legitima y valida apuestas en línea de carácter ilícito” sin conocer el origen de los recursos. Su par PPD Ricardo Celis la calificó como un acto que “se pasa tres pueblos” y anunció recursos ante la Contraloría General de la República.
La discusión trasciende lo tributario y toca fibras sensibles de la política pública chilena: coherencia institucional, protección de consumidores vulnerables y combate al crimen organizado. El juego problemático —o ludopatía— afecta a miles de chilenos, con consecuencias en endeudamiento familiar, salud mental y dinámicas sociales. Las plataformas online, accesibles 24/7 desde cualquier dispositivo, amplifican estos riesgos al eliminar barreras físicas y temporales que sí existen en los casinos terrestres.
En materia de lavado de activos, la UAF ha reportado crecientes alertas vinculadas a transacciones de juego online. La trazabilidad es mucho menor cuando las operaciones ocurren a través de criptomonedas o procesadores de pago offshore. Los casinos terrestres, en cambio, operan con identificación obligatoria, límites y reportes automáticos.
En el plano internacional, Chile observa con atención experiencias como las de España, Reino Unido o varios estados de Estados Unidos, donde la regulación del juego online ha generado ingresos fiscales significativos pero también exige robustos sistemas de verificación de edad, límites de depósito, autoexclusión y monitoreo de patrones de juego adictivo. Sin estos mecanismos, la mera tributación puede equivaler a aceptar un mercado paralelo sin controles.
España implementó un modelo de licencias estatales con requisitos estrictos de solvencia, sistemas de verificación biométrica y aportes obligatorios a fondos de prevención de ludopatía. Colombia y México avanzan en direcciones similares. Chile podría aprovechar esas lecciones en lugar de fragmentar la política pública entre tributación y regulación.
Para comprender la magnitud del conflicto, es necesario remontarse a la Ley N°19.995 de 2005, que modernizó el marco de los casinos de juego en Chile tras décadas de prohibiciones y excepciones. Esa normativa estableció un sistema de concesiones por licitación pública, con plazos definidos, obligaciones de inversión y aportes fiscales específicos. Los resultados han sido visibles: creación de infraestructura turística, generación de empleo formal y contribución estable a las arcas regionales y nacionales.
La irrupción masiva de las apuestas deportivas y casinos virtuales a partir de la pandemia de COVID-19 alteró radicalmente el panorama. Con recintos físicos cerrados y población confinada, el volumen de apuestas online se disparó. Plataformas con licencias en Curazao, Malta o Kahnawake capturaron un mercado que antes pertenecía casi exclusivamente a Polla Chilena, Lotería de Concepción y los casinos terrestres autorizados.
Expertos en derecho tributario destacan que, si bien el SII tiene amplias facultades para fiscalizar y recaudar, no puede suplir funciones regulatorias que corresponden al legislador o a superintendencias sectoriales. La resolución podría ser impugnada por carecer de base legal suficiente o por contradecir normativa superior.
La Superintendencia de Casinos de Juego ha mantenido una postura consistente en cuanto a que solo las entidades autorizadas por ley pueden explotar juegos de azar. La resolución del SII no modifica esa competencia, pero sí crea un canal de interacción tributaria que, para los operadores regulados, diluye la distinción entre legal e ilegal.
Cecilia Valdés ha insistido en la necesidad de “coherencia institucional del Estado”. “Los casinos físicos aceptamos un marco regulatorio intenso —UAF, Superintendencia, estándares de juego responsable— con convicción. Nada de eso rige para quienes operan desde el exterior sin ningún anclaje en la jurisdicción chilena”, enfatizó.
Este caso ilustra tensiones clásicas en economías emergentes: la necesidad de recaudar versus la obligación de regular actividades de alto riesgo social. La resolución N°69 del SII abre un nuevo capítulo en esa disputa, cuya resolución definitiva probablemente dependerá del avance —o estancamiento— del proyecto de ley en el Senado y de eventuales pronunciamientos de la Contraloría y los tribunales.
En las próximas semanas, se esperan citaciones al director del SII en comisiones parlamentarias y posibles recursos judiciales. El desenlace definirá no solo el futuro del juego online en Chile, sino también los límites entre la potestad tributaria y la soberanía regulatoria del Estado en un mercado cada vez más digitalizado y transfronterizo.
La industria regulada llama a las autoridades a restablecer la consistencia entre los criterios de la Corte Suprema, la Superintendencia de Casinos y el propio SII. Mientras tanto, miles de chilenos continúan accediendo diariamente a plataformas extranjeras, generando flujos financieros que escapan en gran medida al control nacional.
Economistas consultados coinciden en que la mejor salida pasa por acelerar la tramitación del proyecto de ley con indicaciones que aseguren un campo de juego parejo: misma carga tributaria efectiva, mismos estándares de responsabilidad social corporativa y fiscalización cruzada entre SII, SCJ y UAF. Solo así se maximizaría la recaudación sin sacrificar la integridad del sistema.
Mientras tanto, la resolución del SII permanece vigente y las plataformas extranjeras ya exploran los mecanismos de inscripción. El reloj corre para el Congreso y para las autoridades encargadas de velar por la coherencia del Estado chileno en materia de juego y tributación.
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