Victor Manuel Arce Garcia
En un paso crucial, el ministro de Hacienda de Chile, Jorge Quiroz, reveló el esperado decreto de política fiscal 2026-2030 este martes 9 de junio de 2026. El Gobierno ha reconocido que no cumplirá con su compromiso de alcanzar un balance estructural cero al final de su mandato, una promesa central de su campaña. En su lugar, se compromete a reducir el déficit estructural de un -2,6% del PIB actual hasta un -1,5% hacia 2030. Además, se establece un ancla de deuda bruta del Gobierno Central, limitándola a un máximo del 45% del PIB.
La presentación del decreto se produce poco después de tres meses desde que el equipo de José Antonio Kast asumió el poder el 11 de marzo de 2026. Quiroz argumentó que la situación fiscal dejada por el gobierno anterior obligó a una reevaluación de las metas inicialmente propuestas. “Nos hizo reformular nuestra aspiración inicial de tener un equilibrio fiscal el 2030,” afirmó, subrayando los llamados "errores metodológicos" que conllevaron a inconsistencias en las proyecciones de deuda. La crítica constructiva proviene también del exministro Felipe Larraín, quien valoró esta decisión como un acto de realismo fiscal. A pesar del ajuste, el mercado ha respondido positivamente al nivel de transparencia mostrado por el Gobierno, aunque advierte sobre la necesidad de mantener prudencia en la deuda.
El nuevo decreto establece un delineamiento claro de la trayectoria del déficit estructural, comenzando en -2,6% del PIB en 2026 y descendiendo anualmente hasta alcanzar -1,5% en 2030. Este enfoque implica que el Estado deberá mantener un déficit a lo largo de todo el período, enfatizando la necesidad de un enfoque gradual hacia una mayor disciplina fiscal. Adicionalmente, el Gobierno solicitará autorización al Congreso para aumentar el endeudamiento en US$6,200 millones para 2026, en un contexto donde ya se detectaron inconsistencias contables previas equivalentes a US$10,500 millones en proyecciones.
A pesar del compromiso del Gobierno, el Consejo Fiscal Autónomo ha expresado preocupaciones sobre un posible aumento de la deuda que podría sobrepasar el límite del 45% del PIB hacia el final del período, especialmente a la luz de gastos derivados de la megarreforma de reconstrucción y otras obligaciones heredadas por la administración anterior.
Este decreto fiscal no solo es una respuesta a desafíos internos, sino que también representa una prueba de credibilidad en un país con un legado de responsabilidad macroeconómica. Reconocer públicamente que no se alcanzará el balance cero podría suscitar inquietudes sobre la viabilidad de futuras metas fiscales. Analistas de mercados y bancos de inversión han destacado tanto el ajuste como una medida de transparencia que podría favorecer la estabilidad fiscal a largo plazo, aunque mantienen la alerta sobre el crecimiento económico necesario para evitar el sobreendeudamiento.
La reputación de Chile en los mercados internacionales, construida sobre reglas fiscales contracíclicas y disciplina, podría verse amenazada por un déficit estructural persistente. El control de la deuda será crucial para evitar un encarecimiento del financiamiento externo, especialmente en un entorno global marcado por tasas de interés elevadas y volatilidad geopolítica. Sin embargo, un incremento en la inversión pública puede fomentar un crecimiento sostenido, lo cual es un aspecto crítico que podría equilibrar la relación entre deuda y PIB.
La aprobación legislativa del incremento del endeudamiento abre un escenario de negociación compleja en el Congreso, donde el Ejecutivo deberá forjar consensos en un ambiente fragmentado. La oposición ha argumentado que este ajuste en las metas fiscales es indicativo de las limitaciones de un programa económico ambicioso, mientras que los partidarios sostienen que el nuevo enfoque realista puede fortalecer la credibilidad fiscal a mediano plazo.
El decreto establece cuatro pilares esenciales para asegurar un equilibrio entre responsabilidad fiscal y crecimiento económico: facilitación regulatoria, competitividad tributaria, convergencia fiscal y eficiencia en el gasto. El éxito de estas políticas dependerá en gran medida de la capacidad del Gobierno para ejecutar reformas efectivas en medio de variables externas incontrolables, tales como los precios de commodities y el contexto regional.
Este decreto de política fiscal representa un momento decisivo para el Gobierno de Kast, reconociendo las restricciones del pasado sin renunciar a la disciplina fiscal. La credibilidad fiscal chilena, construida durante décadas, enfrenta una prueba crítica que podría definir el espacio de maniobra de las finanzas públicas durante la próxima década, mientras la atención se centrará en la capacidad y eficacia de ejecución del Gobierno para enfrentar estos retos económicos.
Síguenos en nuestras Redes Sociales
