Irmina Herrera
En un cruce intenso, el biministro Claudio Alvarado ha respondido a Gabriel Boric sobre los embargos judiciales a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) en medio de un contexto fiscal complejo y retos políticos significativos. Este enfrentamiento refleja no solo diferencias ideológicas, sino también la profundidad de la crisis del CAE, que afecta a cientos de miles de familias chilenas.
El 10 de junio de 2026, Alvarado, quien ocupa simultáneamente los cargos de Ministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, replicó con vehemencia a las críticas de Boric, expresando que la promesa de condonación del CAE durante su gobierno había creado un efecto negativo. “Si no lo cumplió, no es problema de este gobierno que las personas hayan dejado de pagar,” enfatizó Alvarado, sugiriendo que la expectativa de condonación llevó a muchos deudores a abandonar su responsabilidad financiera.
Los deudores del CAE enfrentan una deuda acumulada que supera los US$10,000 millones, una cifra que refleja un problema estructural en el sistema de financiamiento de la educación superior en Chile. El CAE, creado en 2005, facilitó el acceso a la educación, pero también propició un aumento significativo de la deuda personal de los estudiantes, muchos de los cuales se encuentran atrapados en un ciclo de endeudamiento que les impide prosperar económicamente.
Alvarado defendió la decisión del gobierno actual de llevar a cabo embargos, argumentando que estos se aplican principalmente a deudores con ingresos superiores a $3,5 millones mensuales que no han buscado reprogramar sus deudas. “Tenemos el legítimo derecho de cobrar esas platas que corresponden a todos los chilenos,” declaró, defendiendo la ley de 2012 que autoriza embargos como parte de la recuperación de recursos del Estado.
Esta postura establece un claro contraste con la administración anterior, marcada por intentos de aliviar la carga de los deudores. La aplicación rigurosa de la ley por parte del gobierno de José Antonio Kast se enmarca dentro de un enfoque de responsabilidad fiscal y equidad intergeneracional, enfatizando la necesidad de recuperar los recursos que han sido aportados por los contribuyentes.
Gabriel Boric, ante el anuncio de embargos, ha denunciado una “inflexibilidad y castigo” contra los deudores de clase media, sugiriendo que el gobierno actual está priorizando la recaudación sobre el bienestar de las familias. Boric ha entrelazado sus críticas al CAE con otros asuntos de gran relevancia social, como la resistencia del gobierno a levantar el secreto bancario para combatir el crimen organizado, señalando que las prioridades de la administración Kast son erróneas.
Alvarado, sin embargo, se mostró firme al separar los temas y caracterizó la crítica de Boric como una manipulación excesiva. “Son dos cosas totalmente distintas,” afirmó, desmarcando la conversación sobre el CAE de cualquier asunto relacionado a la seguridad pública.
El conflicto CAE añade presión al gobierno en un momento de tensión, enfrentándose al déficit estructural y acusaciones en torno a la gestión de funcionarios como Nicolás Grau. La incidencia del CAE se convierte, así, en un elemento crucial en la lucha por la representación de los intereses de los sectores medios, una base electoral vital para el oficialismo.
Cualquier posibilidad de condonación masiva significaría un alto costo fiscal en un contexto ya difícil, ya que los recursos del CAE son fundamentales para la sostenibilidad del sistema educativo. La opción del gobierno, reprogramaciones y cobranzas selectivas, busca equilibrar el imperativo de recuperar recursos sin generar agobios adicionales sobre los deudores.
Este embrollo reitera la urgencia de reformar un sistema de financiamiento educativo que ha mostrado ser ineficaz y perjudicial. La solución al dilema del CAE no reside ni en la condonación universal ni en la cobranza dura, sino en la implementación de un modelo sustentable que trabaje con un mix de becas, créditos contingentes al ingreso y mayor gratuidad selectiva. Este enfoque buscaría fomentar la responsabilidad de pago entre los deudores, al tiempo que se aborda la inequidad inherente en el sistema actual.
Mientras el clima político se agita, miles de familias chilenos enfrentan embargos y situaciones financieras complicadas. La capacidad del gobierno de demostrar que las acciones tomadas son parte de un enfoque institucional responsable será crucial. Por otro lado, la oposición tiene la oportunidad de capitalizar el descontento social, posicionándose como defensores de quienes se ven afectados por decisiones pasadas y presentes.
La resolución de la crisis del CAE es esencial no solo para aliviar la carga de una generación entera de chilenos, sino también para restaurar la confianza en el compromiso del Estado con la educación y el bienestar financiero de sus ciudadanos en las próximas décadas.# Alvarado y Boric en la Controversia del CAE: Promesas inequívocas y realidades fiscales
Este 10 de junio de 2026, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, respondió enérgicamente a las críticas del expresidente Gabriel Boric acerca de los recientes embargos judiciales a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). Alvarado enfatizó que muchas de las dificultades que enfrentan estos deudores se deben a las promesas de condonación hechas durante el gobierno anterior, las cuales, según él, llevaron a miles a dejar de pagar. “Si no lo cumplió, no es problema de este gobierno que las personas hayan dejado de pagar”, afirmó, desatando un renovado enfrentamiento político en torno a una deuda que superó los US$10.000 millones.
Mientras Boric denunció un enfoque de “inflexibilidad y castigo” contra deudores de clase media, el actual gobierno, encabezado por José Antonio Kast, defiende la necesidad de cumplir con la ley y recuperar los recursos que pertenecen a los contribuyentes chilenos. “Es un derecho de todos los chilenos”, aseveró Alvarado, impulsando la discusión hacia los principios de responsabilidad fiscal y equidad intergeneracional.
Boric había cuestionado la falta de coherencia entre los embargos a deudores del CAE y la resistencia del actual gobierno a levantar el secreto bancario en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, Alvarado dejó en claro que los dos temas son independientes y pidió a Boric no mezclar situaciones. “Yo le pediría al expresidente que se refiera como corresponde a cada tema”, declaró.
Alvarado no se limitó a defender la postura de su gobierno, sino que también arremetió contra la retórica de Boric: “Él hizo un llamado permanente durante su gobierno prometiendo la condonación del CAE”. Esta insistencia generó un efecto predecible: muchos deudores interrumpieron sus pagos esperando que esa condonación se materializara. “Es lógico pensar que al anunciar que una deuda será condonada, la gente deje de pagar”, afirmó.
Alvarado explicó que los embargos están dirigidos principalmente a deudores con ingresos superiores a $3,5 millones mensuales que no han buscado alternativas para reprogramar sus deudas. Enfatizó que el gobierno tiene el derecho legítimo de cobrar esos recursos. La norma que lo permite fue aprobada en 2012 y autoriza el embargo de cuentas corrientes como opción de recuperación de deudas.
Esta postura refleja el enfoque del actual Ejecutivo en términos de disciplina fiscal, destacando que los fondos del CAE provienen de los contribuyentes y deben ser recuperados para mantener el sistema de educación superior en Chile.
El Crédito con Aval del Estado, instaurado en 2005, facilitó el acceso a la educación superior, pero a su vez originó una crisis de endeudamiento. Durante el gobierno de Boric, se propusieron iniciativas de alivio, pero enfrentaron oposición en el Congreso. La promesa de condonación impulsó expectativas que el actual gobierno califica de irresponsables. Expertos apuntan que este dilema trasciende el ámbito político y refleja un modelo de financiamiento que no se alinea con la realidad económica de muchos graduados.
El intercambio entre Alvarado y Boric se produce en un contexto delicado para el gobierno de Kast. La situación fiscal del país, con un déficit estructural, se complica con acusaciones políticas como la que afecta a Nicolás Grau. La cuestión del CAE añade una presión adicional en sectores medios, una base electoral crucial para la derecha. Mientras el gobierno prioriza la cobranza disciplinada, la oposición busca aprovechar el descontento para erosionar el apoyo al mandato actual.
Cualquier condonación masiva de deudas representaría un costo considerable en un escenario fiscal restrictivo. Por lo tanto, la estrategia del gobierno se enfoca en reprogramaciones y políticas de cobranza diferenciadas que busquen equilibrar la recuperación de recursos con la sensibilidad social.
Este episodio resalta la urgencia de una reforma estructural en el sistema de financiamiento de la educación superior en Chile. Ni la promesa de condonación universal ni la cobranza inflexible ofrecen soluciones sostenibles. Los expertos sugieren un enfoque mixto que combine becas focalizadas, créditos contingentes al ingreso y mayor gratuidad selectiva. Este modelo buscaría preservar incentivos de pago sin generar desigualdades.
Mientras el debate político se intensifica, miles de familias se encuentran enfrentando embargos. Para el gobierno de Kast, la tarea es demostrar que su enfoque no es indiferente, sino un ejercicio responsable de la ley. Para Boric y la oposición, esta situación presenta una oportunidad para posicionarse como defensores de los deudores. En este contexto, lo que está en juego no solo es la situación de la deuda de una generación, sino también la credibilidad del Estado en sus promesas educativas y su responsabilidad fiscal para las décadas venideras.
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