Victor Manuel Arce Garcia
Este miércoles 10 de junio de 2026, la Comisión de Hacienda del Senado aprobó con 8 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones un proyecto del Ejecutivo que autoriza un aumento de endeudamiento público por US$6.200 millones durante el presente año. Esta medida, ingresada con suma urgencia, busca cubrir las brechas financieras identificadas en la Ley de Presupuestos 2026 y garantizar la continuidad operativa del Estado. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció la severidad de esta solicitud, justificándola por inconsistencias heredadas y por el aumento de necesidades de financiamiento.
La aprobación en comisión es un paso crucial en el camino legislativo, aunque aún debe pasar por la Sala del Senado y luego a la Cámara de Diputados. El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha alertado que este aumento de deuda podría llevar la deuda bruta del Gobierno Central hasta un 43,6% del PIB, acercándose al límite de prudencia establecido en el reciente decreto de política fiscal. Este contexto ha intensificado el debate sobre la sostenibilidad fiscal y la disciplina económica en Chile.
Al concluir la sesión, Quiroz subrayó: “A uno no le gustaría tener que solicitar esta autorización para un endeudamiento adicional, pero la realidad es muy cruda”. Según el ministro, la solicitud responde a tres factores clave: un déficit mayor al proyectado, los efectos del tipo de cambio sobre la deuda existente y obligaciones fiscales no contempladas en el presupuesto original. Este contexto resalta la vulnerabilidad de la administración actual ante una herencia fiscal complicada.
Recientemente, el Gobierno también postergó el equilibrio estructural al 2030, con un déficit meta del 1,5% del PIB, lo que añade presión sobre la gestión fiscal. La administración ha aceptado que el Presupuesto 2026 heredado incluía omisiones que incrementan las necesidades de financiamiento en aproximadamente US$10.500 millones.
La votación reveló divisiones. Sectores opositores, como la Democracia Cristiana, han sostenido que esta medida es contradictoria con la idea de recortes presupuestarios y la eliminación de mecanismos como el MEPCO. En Chile Vamos, el apoyo no fue unánime, reflejando las tensiones entre el pragmatismo fiscal y la disciplina prometida en campañas previas.
El Consejo Fiscal Autónomo ha sido claro en sus observaciones sobre el riesgo de que la deuda bruta alcance niveles peligrosos. En escenarios de crecimiento bajo, como el 1,7% proyectado por la OCDE, el indicador podría aproximarse al umbral del 45%, lo que plantea graves inquietudes sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Este aumento se traduce en un 34,4% adicional respecto al límite original, elevando el total autorizado a cerca de US$24.200 millones.
Este proceso legislativo se desarrolla en medio de otros conflictos políticos, como la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, y discusiones sobre el secreto bancario y el endurecimiento de la cobranza del CAE. El oficialismo enfrenta la urgente necesidad de formar mayorías en un Congreso fragmentado, no solo para avanzar en la autorización del endeudamiento, sino también en la prometida megarreforma estructural.
El Gobierno de Kast se enfrenta al desafío de equilibrar una narrativa de orden y eficiencia fiscal con las críticas sobre su consistencia. Cada autorización de deuda tiene el potencial de alimentar críticas, pero se considera esencial para evitar un ajuste fiscal que podría comprometer la prestación de servicios públicos y limitar el crecimiento.
Con el proyecto avanzando a la Sala del Senado, su aprobación final dependerá de las negociaciones con la oposición y los aliados. La atención del CFA y de las agencias calificadoras se centrará en si este endeudamiento será acompañado de medidas concretas para contener el gasto y aumentar los ingresos estructurales.
Esta aprobación representa un nuevo capítulo en el proceso de sinceramiento fiscal impulsado por el actual Ejecutivo. Refleja la dificultad de gobernar con un lastre de brechas presupuestarias, pero también evidencia la voluntad de mantener la continuidad del Estado. La gestión de este aumento de deuda —y su efecto final en el crecimiento versus la carga financiera— tendrá un impacto decisivo en la credibilidad macroeconómica de Chile en los años venideros.
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