Irmina Herrera
El jefe de la bancada de Republicanos, Benjamín Moreno, confirmó la creación de una Comisión Especial Investigadora (CEI) para abordar los presuntos casos de tráfico de niños haitianos en Chile. Esta investigación, que abarcará desde 2014 hasta el presente, se desencadena tras un informe de la Contraloría General, que advierte sobre vuelos sospechosos, y una denuncia penal del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Este hecho evidencia la urgencia de revisar la política migratoria chilena en medio de un escándalo que trasciende administraciones.
La Contraloría ha identificado irregularidades en la entrada masiva de menores haitianos entre enero y octubre de 2025. Al menos 12 adultos han ingresado repetidamente a Chile como supuestos cuidadores de grupos de entre 2 y 18 niños haitianos. En respuesta, el Sermig ha interpuesto una denuncia por tráfico de menores, activando tanto la investigación judicial como la comisión parlamentaria.
Entre 2015 y 2019, Chile experimentó una ola migratoria haitiana impulsada por la crisis en Haití. Esta situación trajo consigo tensiones sociales, sobrecarga en servicios públicos y un aumento en las denuncias de trata de personas. La vulnerabilidad de los niños haitianos ha provocado alertas de organizaciones de derechos humanos sobre abandono y explotación.
Desde La Moneda, el ministro del Interior ha manifestado que todos los casos serán investigados, asegurando que no habrá impunidad. Sin embargo, el oficialismo critica la inclusión de gobiernos anteriores, tildándolo de una posible “cacería de brujas” política. En contraste, la izquierda acusa a los líderes de Republicanos y UDI de instrumentalizar la crisis migratoria para fines electorales.
Este escándalo reabre el debate sobre la gestión migratoria de Chile, la cual ha evolucionado de una política controlada a una situación de desorden. La creación de esta comisión representa una oportunidad para mejorar la supervisión y las prácticas migratorias, además de dar respuesta a las irregularidades denunciadas por la Contraloría y el Sermig.
La situación actual debe servir como catalizador para reformas profundas en la política migratoria chilena. Es necesario establecer controles más rigurosos en las fronteras y fortalecer la coordinación entre instituciones. La protección de los niños debe ser la prioridad.
En conclusión, la Comisión Especial Investigadora afronta un desafío monumental: esclarecer un asunto sensible que tiene implicaciones profundas para los derechos de los migrantes y el futuro del país. La esperanza radica en que, si se lleva a cabo con seriedad, pueda transformar esta crisis en una oportunidad para mejorar y proteger a quienes más lo necesitan.
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