Victor Manuel Arce Garcia
El pleno de la Corte Suprema de Chile ha ordenado la apertura de 56 cuadernos de remoción contra jueces y funcionarios judiciales que viajaron fuera del país mientras se encontraban en reposo médico. Esta decisión, comunicada este martes 16 de junio de 2026, expone tensiones estructurales en el Poder Judicial chileno y reaviva el debate sobre estándares de probidad, accountability y confianza pública en la administración de justicia.
Entre los magistrados afectados destaca Daniel Urrutia Laubreaux, titular del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Su caso adquiere particular relieve no solo por los hechos disciplinarios, sino por su trayectoria controvertida y el contraste entre absoluciones previas en cortes de apelaciones y la severidad ahora impuesta desde el máximo tribunal.
El caso se enmarca en una investigación exhaustiva de la Contraloría General de la República iniciada en 2025. Mediante cruces de datos entre registros migratorios, licencias médicas y movimientos bancarios, se identificaron miles de irregularidades en el uso de permisos por parte de funcionarios públicos. Más de 25.000 casos involucraron viajes al extranjero o actividades incompatibles con el reposo prescrito, mientras los servidores percibían su remuneración completa con recursos fiscales.
En el Poder Judicial, la auditoría reveló 692 funcionarios —incluidos 84 jueces— que registraron salidas internacionales durante períodos de licencia médica. La mayoría de estas licencias correspondían a diagnósticos de estrés severo persistente u otras patologías psiquiátricas. Si bien estas condiciones son legítimas, su combinación con desplazamientos internacionales generó dudas razonables sobre el cumplimiento efectivo del reposo.
La Corte Suprema, en ejercicio de su facultad de superintendencia correccional, ordenó un catastro completo y la apertura de sumarios administrativos en todas las cortes de apelaciones del país. Lo que comenzó como una revisión interna se convirtió rápidamente en un examen de conciencia institucional de gran envergadura.
Daniel Urrutia fue investigado por dos episodios específicos. En enero de 2020 viajó a Costa Rica y en junio de 2022 a Ecuador, ambos períodos coincidiendo con licencias médicas por estrés severo persistente. La Corte de Apelaciones de Santiago, en resolución de mayo de 2026, sobreseyó el primer viaje por prescripción y absolvió en el segundo en votación dividida. Sin embargo, los ministros reprocharon con dureza “una falta de prudencia esperable de quien ejerce funciones en un tribunal de justicia” y el incumplimiento del reposo prescrito.
A pesar de esa resolución, el pleno de la Corte Suprema decidió abrir cuaderno de remoción invocando el artículo 80 de la Constitución. El abogado del magistrado, Carlos Quezada, confirmó que Urrutia acatará el procedimiento y ejercerá plenamente su derecho a defensa. Hasta el momento, el juez ha declinado realizar comentarios públicos.
El cuaderno de remoción no implica destitución automática, pero inicia un proceso formal que puede culminar en ella si se acredita infracción grave al deber de buen comportamiento. El debate central gira en torno a si estos viajes vulneraron la confianza pública depositada en la magistratura, especialmente tratándose de un juez que resuelve causas de alta sensibilidad social y política.
Nacido en Santiago en 1974, Daniel Urrutia Laubreaux egresó de Derecho en la Universidad de Chile e ingresó al Poder Judicial en 2000. Desde temprano se distinguió por posiciones críticas hacia prácticas tradicionales de la judicatura. En 2005 publicó un estudio sobre el comportamiento de jueces durante el período de la dictadura militar, lo que generó tensiones internas.
Como juez de garantía, ha sido protagonista de fallos que polarizan la opinión pública. Ha calificado como “presos políticos” a algunos imputados del estallido social de 2019, autorizado videollamadas de imputados por narcotráfico y mantenido una línea interpretativa progresista en materias de derechos humanos y garantías procesales. Su decisión más reciente de imponer prisión preventiva al exdiputado Joaquín Lavín León (UDI) en una causa por presunto fraude al fisco intensificó el escrutinio político sobre su figura.
La apertura de 56 cuadernos de remoción —de un total de 104 casos revisados— representa un endurecimiento significativo respecto a las resoluciones previas de cortes de apelaciones. La ministra presidenta Gloria Ana Chevesich detalló que se confirmaron propuestas de remoción y se abrieron nuevos procesos donde correspondía. Paralelamente, se absolvieron o sobreseyeron casos donde se acreditó fehacientemente la existencia de enfermedad real o licencias por Covid-19 sin incumplimiento evidente.
Este “supremazo”, como lo han denominado fuentes judiciales internas, responde a la percepción de que las cortes intermedias aplicaron una vara blanda. Mientras en el sector salud y otros servicios públicos miles de funcionarios enfrentaron destituciones, en la judicatura predominaron las absoluciones. Tanto la Contraloría como la opinión pública exigen coherencia y uniformidad en la aplicación de las normas.
La judicatura chilena ha enfrentado recurrentes crisis de legitimidad desde la transición democrática. Críticas por lentitud procesal, sesgos ideológicos y falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas han motivado múltiples reformas: la creación de la Judicatura, el fortalecimiento de la superintendencia correccional y proyectos de modernización digital.
Sin embargo, episodios como el caso de los ministros de Rancagua, filtraciones en causas sensibles y ahora el escándalo de licencias médicas han mantenido viva la percepción de opacidad y corporativismo. Comparativamente, países como España y Colombia han enfrentado debates similares sobre abuso de permisos médicos en el sector público, pero en Chile la cuestión adquiere mayor gravedad por el rol constitucional del Poder Judicial como garante último de derechos y libertades.
Desde el punto de vista económico, el impacto fiscal directo es marginal. El costo de las licencias irregulares en la judicatura representa una fracción mínima del presupuesto del sector. Sin embargo, el daño simbólico es profundo: socava la legitimidad de las sentencias y alimenta narrativas de privilegios que erosionan la confianza ciudadana en las instituciones.
Desde sectores de la oposición, particularmente la UDI, se ha exigido máxima severidad, vinculando explícitamente el caso Urrutia con su actuación en causas de corrupción y orden público. El gobierno ha mantenido una distancia prudente, aunque persiste presión para que el Ejecutivo active las facultades constitucionales que le corresponden en materia de remociones.
En el ámbito judicial, fuentes internas describen un ambiente de división. Algunos ministros defienden la autonomía y advierten contra cualquier forma de politización. Otros ven en esta crisis la oportunidad de restaurar credibilidad mediante sanciones ejemplares y mayor transparencia.
Cada cuaderno de remoción seguirá un procedimiento formal que incluye defensa, producción de prueba y deliberación colegiada. Podrían transcurrir varios meses antes de resoluciones definitivas. Mientras tanto, los jueces involucrados continúan ejerciendo sus funciones, salvo suspensiones excepcionales que determine la Corte.
En un Chile polarizado donde la confianza en las instituciones supera apenas el 20-30% según las encuestas más recientes, este caso alimenta el debate sobre la necesidad de una reforma judicial profunda. Propuestas que antes parecían marginales —como la elección popular de jueces o el fortalecimiento de un Consejo de la Judicatura independiente— resurgen con fuerza en el debate público.
Desde el punto de vista económico, la predictibilidad jurídica y la calidad institucional son factores clave para atraer inversión extranjera directa y garantizar estabilidad contractual. Cualquier sombra sobre la imparcialidad o probidad de los jueces repercute directamente en la percepción de riesgo país.
Sectorialmente, el impacto es inmediato en el sistema de garantías. Jueces de garantía como Urrutia manejan decisiones críticas sobre libertad provisional, formalizaciones y medidas cautelares en causas de alta complejidad: corrupción, crimen organizado, derechos humanos y delitos económicos. Cualquier cuestionamiento a su idoneidad afecta miles de procesos en curso.
La decisión de la Corte Suprema no resuelve los problemas estructurales del Poder Judicial, pero envía una señal clara: ningún magistrado está por encima de los estándares mínimos de probidad y buen comportamiento. Para que esta señal sea creíble, deberá aplicarse con uniformidad, transparencia procesal y sin sesgos políticos aparentes.
El caso de Daniel Urrutia y los otros 55 magistrados se convierte así en un espejo de la institución. Refleja las tensiones permanentes entre independencia judicial y accountability democrática, entre derechos laborales de los funcionarios y deberes éticos de quienes imparten justicia, entre prácticas del pasado y exigencias de un futuro que demanda mayor rigor.
A medida que avancen los cuadernos de remoción, Chile observará no solo el destino individual de estos jueces, sino la capacidad real del Poder Judicial para autocorregirse. En un momento histórico marcado por desafíos económicos, de seguridad pública y creciente polarización, la respuesta institucional será definitoria para la confianza ciudadana en el estado de derecho.
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