Irmina Herrera
El Congreso despachó a ley el primer reajuste del ingreso mínimo mensual del gobierno de José Antonio Kast. El Senado aprobó el proyecto el 16 de junio de 2026, fijando el salario mínimo en $553.553 para trabajadores mayores de 18 y hasta 65 años, un alza de $14.553 (2,7%) respecto de los $539.000 vigentes desde enero. El incremento es retroactivo al 1 de mayo de 2026, lo que obliga a las empresas a ajustar los pagos pendientes.
Esta decisión refleja la tensión entre el compromiso de prudencia fiscal y laboral del Ejecutivo —en un contexto de desempleo elevado— y las demandas de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. El reajuste, aunque superior a la propuesta inicial del Gobierno, queda lejos de las aspiraciones sindicales y marca el tono pragmático de la administración Kast en materia de política laboral.
El proyecto establece que el nuevo ingreso mínimo mensual de $553.553 rige desde el 1 de mayo de 2026 y será reajustado nuevamente el 1 de enero de 2027 según la variación acumulada del IPC entre mayo y diciembre de 2026, según informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Para trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años, el mínimo sube a $412.938. El ingreso mínimo para fines no remuneracionales queda en $356.815. Ambos montos también se reajustarán en enero de 2027 en la misma proporción que el salario general.
Además, se actualizan las asignaciones familiares y de maternidad: $22.601 por carga para ingresos hasta $649.039; $13.870 para el tramo siguiente hasta $947.990; y $4.382 para ingresos entre $947.990 y $1.478.539.
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió la medida como “realista” ante una tasa de desempleo nacional de 9,1% (10,5% en mujeres) y cerca de 950.000 personas sin ingresos. “No podemos desconectarnos de la realidad del mercado laboral”, señaló tras la aprobación.
El Gobierno de Kast ingresó originalmente una propuesta más modesta de alrededor de $7.500-$23.000 según las etapas de negociación. La CUT exigía incrementos cercanos al 18% para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada. Tras críticas de parlamentarios y centrales sindicales, el Ejecutivo elevó la oferta hasta los $14.553 que finalmente se aprobaron.
Esta dinámica ilustra un patrón recurrente en Chile: el salario mínimo se convierte en arena política donde convergen consideraciones económicas, sociales y electorales. El reajuste retroactivo busca mitigar el impacto inflacionario de los primeros meses de 2026, pero también genera costos administrativos y financieros para las pymes, que emplean a la mayoría de los trabajadores mínimos.
El alza responde a la variación del IPC entre enero y abril de 2026. Aunque modesta, busca preservar —al menos parcialmente— el poder de compra de los sectores más vulnerables. Sin embargo, economistas coinciden en que el verdadero desafío no es solo el monto nominal, sino su relación con el costo de vida real, especialmente en vivienda, transporte, salud y educación.
Chile arrastra una recuperación laboral incompleta tras la pandemia y las reformas de gobiernos anteriores. El desempleo estructural, la informalidad y la brecha de género en el mercado de trabajo limitan el impacto redistributivo de los aumentos del mínimo. Estudios del Banco Central y think tanks independientes muestran que alzas abruptas por encima de la productividad tienden a generar efectos negativos sobre el empleo juvenil y de baja calificación.
Las pequeñas y medianas empresas, que representan más del 70% del empleo asalariado, enfrentan el mayor desafío. El reajuste retroactivo implica pagos pendientes que pueden afectar liquidez en un entorno de tasas de interés aún elevadas y demanda interna moderada. El Gobierno ha señalado que complementará la medida con incentivos tributarios y simplificaciones administrativas para mitigar este efecto.
Desde los $350.000 de 2022, el salario mínimo experimentó alzas significativas durante el gobierno anterior, alcanzando $539.000 en enero de 2026. El incremento actual representa una continuidad en la tendencia alcista, pero a un ritmo más cauteloso.
Esta prudencia se alinea con la doctrina económica de Kast: priorizar el crecimiento y la creación de empleo por sobre ajustes distributivos que puedan desincentivar la contratación. Críticos argumentan que este enfoque subestima la urgencia social; defensores sostienen que es la única vía sostenible para evitar destrucción de puestos de trabajo.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) calificó el reajuste de insuficiente y “una burla” para las familias. Su presidente, José Manuel Díaz, advirtió que no compensa la pérdida de poder adquisitivo frente al alza de combustibles y alimentos.
Desde la oposición, sectores de centroizquierda criticaron la “austeridad excesiva”. En cambio, parlamentarios oficialistas y de derecha celebraron la responsabilidad fiscal y el equilibrio alcanzado. El rol de la Democracia Cristiana y otros partidos bisagra fue clave para destrabar la negociación en el Congreso.
El salario mínimo representa alrededor del 40-45% del ingreso promedio en Chile. Su ajuste afecta directamente la curva de costos laborales, la inflación subyacente y la competitividad internacional. En un país con baja productividad relativa en América Latina, aumentos por encima de la ganancia de eficiencia tienden a presionar márgenes empresariales y precios finales.
Expertos del Consejo Fiscal Autónomo y académicos destacan la necesidad de vincular el salario mínimo a una fórmula más estructural: combinación de inflación, productividad y crecimiento del PIB per cápita. La actual negociación anual genera incertidumbre y costos transaccionales elevados tanto para trabajadores como empleadores.
El debate sobre el salario mínimo revela problemas más profundos de la economía chilena: estancamiento de la productividad, informalidad persistente, brechas educativas y rigideces laborales. Un salario mínimo más alto sin mejoras en capital humano y eficiencia tiende a generar desempleo encubierto o informalidad.
El Gobierno de Kast ha señalado que complementará este reajuste con un paquete de medidas para estimular la contratación: incentivos tributarios, reducción de trámites y enfoque en sectores de alto potencial como minería verde, energías renovables y agroindustria.
En América Latina, países como Uruguay y Costa Rica han combinado salarios mínimos elevados con políticas activas de empleo y capacitación, logrando mejores resultados en formalización. En contraste, alzas aisladas en Argentina o Bolivia han generado frecuentemente inflación y desempleo.
Experiencias de Alemania (con salario mínimo sectorial) o Australia (ajustes por comisión independiente) sugieren que fórmulas técnicas y consensuadas reducen la politización del debate. Chile podría evolucionar hacia un modelo similar mediante un consejo tripartito fortalecido.
El reajuste automático de enero de 2027 dependerá de la inflación acumulada del segundo semestre. Si la economía chilena logra una recuperación sostenida del crecimiento —impulsada por inversión privada y commodities—, el espacio para futuros aumentos será mayor.
El verdadero test para la administración Kast no será este primer ajuste, sino su capacidad para combinar prudencia salarial con reformas que eleven la productividad y reduzcan la dependencia del salario mínimo como principal herramienta redistributiva. Modernización laboral, capacitación técnica y simplificación tributaria aparecen como prioridades complementarias.
Para millones de chilenos que viven del salario mínimo, el incremento de $14.553 representa un alivio tangible aunque modesto. Para la economía en su conjunto, plantea la pregunta recurrente: ¿cómo avanzar hacia salarios dignos sin comprometer la creación de empleo formal?
La ley despachada ofrece una respuesta temporal. La sostenibilidad de ese equilibrio dependerá de las decisiones económicas más amplias que tome el Gobierno en los próximos meses.
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