El subsecretario de Justicia, Luis Silva, reveló que adelantar la ampliación del complejo penitenciario de Rancagua constituye la principal alternativa si se mantiene el bloqueo judicial al proyecto de Santiago 1. La declaración, formulada en una entrevista televisiva, provocó una inmediata reacción del alcalde de esa comuna, quien cuestionó la falta de comunicación oficial previa con las autoridades y vecinos locales.
El contexto del freno judicial a la ampliación de Santiago 1
A comienzos de junio, el 17° Juzgado Civil de Santiago acogió una solicitud presentada por la Municipalidad de Santiago y ordenó paralizar el avance de las obras de ampliación del penal Santiago 1. Paralelamente, la Contraloría General de la República no tomó razón del decreto del Ministerio de Vivienda destinado a modificar los instrumentos de planificación urbana necesarios para concretar el proyecto. Estas decisiones judiciales y administrativas han dejado en suspenso una iniciativa que el Ejecutivo considera parte de una política de Estado orientada a enfrentar el hacinamiento carcelario.
El establecimiento penitenciario Santiago 1, ubicado en pleno sector céntrico de la capital, forma parte de los esfuerzos por aumentar la capacidad del sistema en una década marcada por un aumento significativo de la población penal. Pese al revés judicial, el Gobierno ha reiterado su intención de defender el proyecto en instancias superiores, específicamente ante la Corte de Apelaciones, donde se revisará si corresponde mantener la medida precautoria que detiene los trámites.
El plan alternativo del Ejecutivo: adelantar obras en Rancagua
Durante su participación en el programa Estado Nacional de TVN, el subsecretario Luis Silva expuso con claridad cuál es la estrategia de contingencia. “Ahí hay un proyecto de ampliación que, evidentemente, en el tiempo, estaba más adelante. Ese sería el plan B. Nosotros no queremos activarlo”, señaló. La opción de adelantar las obras en el complejo penitenciario de Rancagua surge como respuesta directa al escenario de incertidumbre que rodea a Santiago 1.
Esta alternativa se inscribe dentro del Plan Nacional de Infraestructura Penitenciaria, que contempla nuevas cárceles y ampliaciones en distintas regiones del país. Entre las iniciativas mencionadas figuran un nuevo penal en Copiapó, otro en Calama, además de proyectos en Antofagasta, Arica, Alto Hospicio y Rancagua. El objetivo declarado es sumar 24 mil nuevas plazas penitenciarias hacia 2031, en respuesta al crecimiento sostenido de la población privada de libertad registrado en los últimos años.
Silva enfatizó que la prioridad sigue siendo la ampliación de Santiago 1 y que el Ejecutivo mantendrá su postura de que se trata de una medida que obedece a una política de Estado de largo plazo. “Nosotros vamos a insistir, por supuesto. Lo hemos dicho hasta el final”, afirmó la autoridad.
Reacciones en Rancagua: exigencia de respeto y participación
Las declaraciones del subsecretario generaron molestia inmediata en la capital de la región de O’Higgins. A través de redes sociales, el alcalde Raimundo Agliati expresó su rechazo a que la comuna se enterara por medios de comunicación de una decisión que podría impactar directamente su territorio. “Rancagua no puede enterarse por televisión de una decisión que pueda afectar directamente a nuestra ciudad”, señaló el jefe comunal.
Agliati sostuvo que cualquier proyecto de esta envergadura debe ser informado de manera formal a las autoridades locales y a la comunidad antes de su anuncio público. “Si el Gobierno está evaluando adelantar la ampliación de un recinto penitenciario, primero debe siempre informar oficialmente a la comunidad y a sus autoridades”, agregó. El edil concluyó que “hoy Rancagua merece respeto y participación frente a cualquier decisión que pueda afectar la calidad de vida de nuestros vecinos y el futuro desarrollo de nuestra ciudad”.
La reacción del alcalde pone de manifiesto las tensiones que surgen cuando decisiones de infraestructura nacional se comunican sin coordinación previa con los territorios directamente involucrados. En este caso, la eventual activación anticipada del proyecto en Rancagua —originalmente programado para etapas posteriores— genera inquietud sobre el impacto en la dinámica local, la percepción de seguridad y el desarrollo urbano de la comuna.
Entre la urgencia penitenciaria y las sensibilidades territoriales
El episodio refleja las complejidades que enfrenta el Gobierno al implementar su estrategia de infraestructura carcelaria. Por un lado, existe la necesidad de responder con celeridad al aumento de la población penal y a los requerimientos de seguridad del sistema. Por otro, los proyectos de esta naturaleza generan legítimas expectativas de participación por parte de las comunidades y autoridades locales, especialmente cuando se trata de adelantar obras que inicialmente no estaban contempladas en el corto plazo.
Mientras el Ejecutivo mantiene su compromiso de insistir en la ampliación de Santiago 1 y de avanzar en el conjunto del plan nacional que apunta a las 24 mil nuevas plazas para 2031, el malestar expresado desde Rancagua evidencia que la ejecución de estas políticas requiere mecanismos más fluidos de diálogo interinstitucional. La controversia, por ahora, queda abierta tanto en el ámbito judicial —con la revisión pendiente en la Corte de Apelaciones— como en el plano político-territorial, donde las autoridades locales reclaman un rol más protagónico en las decisiones que afectan directamente a sus comunas.
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