Javier Saldívar Flores
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció el término del escrutinio al 100% de las actas de la segunda vuelta presidencial, confirmando a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, como la formal ganadora contra Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Con una ventaja de aproximadamente 48,000 votos, este resultado concluye semanas de tensiones electorales en el que ha sido uno de los procesos más ajustados de la historia reciente del Perú.
La segunda vuelta, celebrada el 7 de junio, fue marcada por un conteo lento, característico en los comicios peruanos, en el cual se revisaron actas y se incorporaron votos desde el extranjero. Con el 99.8% de las actas contabilizadas, la diferencia favorable a Fujimori ya superó los votos pendientes, llevando a la ONPE a declarar la victoria como irreversible.
Los votos emitidos desde el exterior jugaron un rol crucial, decantándose históricamente hacia opciones de centro-derecha, afectando los resultados en los días finales del escrutinio. A pesar de las impugnaciones de Sánchez, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó la mayoría de ellas, corroborando la legalidad del proceso electoral.
A sus 51 años, Keiko Fujimori asume la presidencia tras cuatro intentos fallidos. Ha enfrentado la sombra de un legado complicado: hija de Alberto Fujimori, quien gobernó Perú en un periodo de crisis, ha intentado distanciarse de los aspectos más oscuros de su historia, mientras reivindica ciertos logros en estabilidad económica y seguridad.
La campaña de Fuerza Popular se centró en el lema "Vuelve Fujimori, vuelve el orden", apelando a un electorado que teme la inseguridad y busca estabilidad económica. En la primera vuelta, Fujimori lideró con un 17.2% de los votos válidos en un panorama altamente fragmentado.
Keiko Fujimori ha mantenido un tono conciliador, admitiendo la división del país y prometiendo un gabinete "abierto" y "plural". Por otro lado, Roberto Sánchez insistió en no reconocer los resultados, alegando un “fraude en desarrollo” y llamando a movilizaciones.
La elección de Fujimori ocurre en un contexto de fragilidad institucional, con un país que ha vivido constantes crisis políticas en la última década. Como líder de un partido fuerte en el Congreso, tiene la posibilidad de facilitar reformas, pero enfrenta la oposición de fuerzas antifujimoristas que prometen vigilar de cerca su gestión.
El 28 de julio de 2026, fecha de su juramentación, simboliza un nuevo comienzo, aunque los desafíos son inmensos. Keiko deberá navegar un país dividido y responder a las demandas de seguridad y bienestar económico, creando consensos en un entorno profundamente polarizado.
La elección de Keiko Fujimori plantea interrogantes sobre su capacidad para redefinir su legado frente a la figura de su padre. La esperanza de estabilidad y progreso está en juego, dependiendo de su habilidad para unir a un país que anhela periodos de tranquilidad en medio de la incertidumbre.
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