Irmina Herrera
El Senado de Chile rechazó este martes los cuatro capítulos de la acusación constitucional presentada en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. La decisión generó reacciones encontradas: el oficialismo la valoró como un triunfo de la institucionalidad, mientras que sectores de la derecha expresaron frustración y hablaron de “impunidad”.
La acusación, impulsada principalmente por republicanos y el Partido Nacional Libertario (PNL), apuntaba a presuntas irregularidades en la gestión de las finanzas públicas durante la administración anterior. Sin embargo, votos en contra y abstenciones de senadores de Chile Vamos e independientes terminaron sepultando el libelo.
El propio Nicolás Grau agradeció a los senadores que evaluaron la acusación “en su propio mérito”, independientemente de las diferencias políticas. Destacó que hubo rechazos y abstenciones desde RN, UDI e independientes, lo que consideró “muy valioso”.
La senadora Vanessa Kaiser (PNL) lamentó el resultado y llamó a “darle dignidad” a la política. Otros parlamentarios republicanos, como Luis Sánchez y Agustín Romero, respetaron la decisión del Senado pero reafirmaron su convicción de que Grau debe seguir respondiendo por el estado de la economía.
Desde Chile Vamos, el senador Andrés Longton (RN), quien se abstuvo en uno de los capítulos, enfatizó la necesidad de coordinación entre partidos antes de impulsar acciones de esta envergadura. Defendió que las voces críticas dentro de la oposición son “aisladas” y llamó a priorizar la unidad en apoyo al gobierno del presidente Kast.
El presidente del PNL, Johannes Kaiser, fue más duro en redes sociales: habló de “impunidad” y criticó que la clase política defendiera “a los suyos”.
El rechazo transversal en el Senado pone fin a esta ofensiva opositora y deja en evidencia divisiones internas en la derecha entre posturas más intransigentes y aquellas que privilegian el diálogo y la construcción de acuerdos. El caso también reaviva el debate sobre el uso de las acusaciones constitucionales como herramienta de fiscalización versus posible judicialización de la política.
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