
La Fiscalía Oriente y el Servicio de Impuestos Internos presentaron una apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago para revocar el sobreseimiento definitivo dictado a favor de Sergio Jadue, expresidente de la ANFP. La resolución del 13° Juzgado de Garantía, emitida el 28 de julio de 2026 por la jueza Paz Reyes, se basó en la prescripción de la acción penal. Ambas entidades cuestionan el criterio utilizado para calcular el plazo de diez años.
Detalles de la resolución de sobreseimiento
El tribunal acogió la solicitud de la defensa del exdirigente y declaró extinguida la responsabilidad penal por prescripción. La magistrada consideró que los hechos imputados ocurrieron principalmente en 2015 y que, al tratarse de simples delitos, el plazo de cinco años se duplica por encontrarse el imputado en el extranjero, alcanzando los diez años exigidos por la ley hacia abril de 2026.
La decisión dejó sin efecto las imputaciones por apropiación indebida y delitos tributarios.
Jadue había sido formalizado en ausencia el 18 de enero de 2017, con fines de extradición. Esa formalización y la solicitud de extradición a Estados Unidos constituyen el punto central de la discrepancia entre el tribunal y los organismos persecutores.
Argumentos de la Fiscalía y del SII
En el recurso de apelación, la Fiscalía Oriente y el SII sostienen que el plazo de prescripción debe computarse desde la formalización de enero de 2017 y no desde la fecha de los hechos originales. Según esta tesis, la acción penal seguiría vigente porque no han transcurrido los diez años desde ese hito procesal.
Los organismos señalan que Jadue se apropió de una cifra superior al millón de dólares.
Esos recursos, provenientes de la ANFP, habrían servido para financiar los honorarios de su defensa judicial tanto en Estados Unidos como en Chile. La Fiscalía remarca que el exdirigente “provocó que la ANFP incurriera en pagos que no se corresponden con el cumplimiento de sus fines y actividades, claramente establecidos en sus estatutos, en su directo beneficio y apropiándose de este modo de los mismos y provocándole el consiguiente perjuicio patrimonial”.
El SII, por su parte, había interpuesto querella en 2016 por declaraciones de impuesto a la renta maliciosamente falsas o incompletas, al omitir ingresos superiores a 1,6 millones de dólares percibidos a través de una sociedad constituida en Islas Vírgenes. En enero de 2017 amplió esa acción.
Contexto del caso FIFA Gate en Chile
La investigación contra Jadue se enmarca en el escándalo internacional conocido como FIFA Gate, que destapó una red de sobornos y corrupción en la adjudicación de derechos de transmisión de torneos de fútbol profesional. En Chile, las pesquisas se centraron en irregularidades financieras durante su gestión al frente de la ANFP entre 2011 y 2015.
Jadue reside en Estados Unidos desde hace más de una década.
Allí colabora con el FBI en el marco del mismo caso. La justicia estadounidense mantiene cargos pendientes en su contra. La resolución chilena de sobreseimiento, de quedar firme, eliminaría la orden de detención local y abriría la posibilidad teórica de un retorno al país, aunque la situación en Norteamérica depende de la soberanía de ese Estado.
Alcance procesal de la apelación
El recurso de apelación es el mecanismo ordinario para impugnar un sobreseimiento definitivo. La Corte de Apelaciones de Santiago deberá revisar los fundamentos de la jueza Reyes y determinar si el cómputo del plazo de prescripción se ajusta a derecho.
La Fiscalía había adelantado, inmediatamente después del fallo de julio, que la resolución era “esencialmente apelable” y que evaluaría interponer el recurso una vez notificada.
El SII anunció en su momento que estudiaría la misma vía. Ambas presentaciones se concretaron en las primeras semanas de agosto de 2026. Mientras se resuelve el recurso, Jadue permanece en territorio estadounidense.
Implicancias para la ANFP y el fútbol chileno
El caso reabre el debate sobre el perjuicio patrimonial causado a la asociación que administra el fútbol profesional chileno. Los pagos cuestionados se habrían destinado a gastos de defensa personal del entonces presidente, en desmedro de los fines estatutarios de la entidad.
La magnitud de los montos involucrados supera el millón de dólares según la Fiscalía.
Durante la investigación se examinó también la participación de otros exasesores. El sobreseimiento de Jadue no implica necesariamente el cierre de todas las aristas del expediente, pero sí elimina la posibilidad de continuar la persecución penal en su contra en territorio chileno si la apelación es desestimada.
Criterios de prescripción en delitos económicos
La discrepancia jurídica gira en torno a dos interpretaciones del inicio del cómputo. Una toma como referencia la fecha de los hechos delictivos y otra la de la formalización o de la última actuación procesal relevante. En casos de imputados que se encuentran en el extranjero, la ley duplica el plazo ordinario de los simples delitos.
La Fiscalía sostiene que la regla de determinación de pena justifica un plazo superior.
El tribunal aplicó el criterio de los diez años contados desde los hechos de 2015-2016. Esta diferencia de interpretación es la que la Corte de Apelaciones deberá dirimir. El resultado impactará no solo en la situación personal de Jadue, sino también en la doctrina aplicable a otros procesos de corrupción con elementos internacionales.
Próximos pasos judiciales
La Corte de Apelaciones deberá fijar fecha para la vista de la causa y escuchar los alegatos de las partes. La defensa de Jadue buscará que se confirme el sobreseimiento, mientras que la Fiscalía y el SII insistirán en la vigencia de la acción penal.
El proceso de resolución no está definido de antemano.
En paralelo, la colaboración de Jadue con las autoridades estadounidenses en el FIFA Gate continúa. Cualquier eventual retorno a Chile dependería, en primer lugar, de que el sobreseimiento quede ejecutoriado y, en segundo lugar, de la situación procesal en Estados Unidos.
El caso ilustra las dificultades de la persecución penal cuando los hechos se prolongan en el tiempo y el imputado reside en el extranjero. La presentación conjunta de la Fiscalía y el SII refleja la decisión de agotar las instancias disponibles para mantener abierta la investigación por los delitos económicos atribuidos al expresidente de la ANFP.
Para el detalle de los argumentos procesales se puede consultar el reporte de T13 sobre la apelación presentada. Información complementaria sobre el sobreseimiento original aparece en el seguimiento de Cooperativa.
El desarrollo del recurso ante la Corte de Apelaciones determinará si la acción penal contra Jadue se reactiva o si la prescripción queda confirmada. La investigación FIFA Gate y el sobreseimiento de Jadue continúan siendo referentes del debate sobre la eficacia de la justicia en casos de corrupción deportiva de alcance internacional.
La resolución final marcará un hito en la historia judicial del fútbol chileno y en la aplicación de las normas de prescripción a delitos económicos con componentes transnacionales.
























