The Times Latino
Santiago, Chile - 7 de abril de 2025 La Corte Suprema dio un paso decisivo este lunes al confirmar el desafuero de la diputada Catalina Pérez, abriendo la puerta para que la Fiscalía de Antofagasta la formalice por tres delitos de fraude al fisco relacionados con el caso Democracia Viva. Con esta resolución, Pérez se convierte en la cuarta legisladora de la Cámara de Diputados en perder su inmunidad parlamentaria en el actual periodo, sumándose a María Luisa Cordero, Francisco Pulgar y Mauricio Ojeda. El fallo del máximo tribunal, que desestimó los argumentos de la defensa, marca un nuevo capítulo en un escándalo que ha puesto en jaque la credibilidad de una generación política que llegó al poder con promesas de transparencia.
El Pleno de la Corte Suprema, tras una sesión que se extendió desde las 14:00 hasta pasadas las 16:30, respaldó la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta del 10 de febrero, que acogió la solicitud del Ministerio Público. La defensa de Pérez, encabezada por el abogado Gonzalo Medina, había insistido en que “no existen antecedentes serios” para justificar el desafuero y cuestionó la validez de pruebas basadas en mensajes de telefonía móvil “sacados de contexto”. Sin embargo, los ministros desecharon estos planteamientos tras una deliberación privada, notificando su resolución a las partes.
Con este fallo, Pérez queda inhabilitada para participar en sesiones de Sala o comisiones, y su escaño se resta del cálculo de mayorías legislativas, aunque conservará su dieta parlamentaria. La Fiscalía, que aguardaba esta confirmación, procederá ahora a formalizarla y podría solicitar medidas cautelares. En el caso ya están formalizados su expareja Daniel Andrade, su excolaborador Carlos Contreras y la exconcejal Paz Fuica, todos vinculados a los polémicos convenios de la fundación Democracia Viva.
El escándalo estalló el 16 de junio de 2023, cuando el medio regional Timeline reveló que Contreras, entonces seremi de Vivienda de Antofagasta, autorizó tres convenios por $426 millones en favor de Democracia Viva, dirigida por Andrade, pareja de Pérez en ese momento. Según el fiscal Cristian Aguilar, este entramado buscaba desviar recursos estatales “con fines políticos”. Todos los involucrados eran militantes de Revolución Democrática (RD), partido clave en el ascenso de Gabriel Boric al gobierno y del que Pérez fue presidenta durante la proclamación del mandatario.
Pérez, quien ejerció como segunda vicepresidenta de la Cámara entre noviembre de 2022 y junio de 2023, suspendió su participación en el cargo tras las críticas por su presunto rol en el caso. Su caída simboliza el ocaso de una generación que prometió renovar la política chilena, pero que ahora enfrenta cuestionamientos por prácticas que evocan los viejos vicios que juraron erradicar.
La confirmación del desafuero de Pérez refleja la contundencia del sistema judicial, pero también expone las grietas en la coalición que sustenta al gobierno de Boric. La repetición de desaforos en este periodo parlamentario —cuatro en total— sugiere una crisis de legitimidad que trasciende colores políticos. Si bien la Fiscalía tiene ahora vía libre para avanzar, la defensa de Pérez podría apelar a la percepción de una persecución desproporcionada, lo que exige al Ministerio Público una acusación sólida y bien fundamentada. Para la Cámara, este caso es una oportunidad para reforzar la transparencia, pero también un recordatorio de que la renovación política requiere más que discursos: demanda coherencia entre palabras y hechos.
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