The Times Latino
Santiago, Chile, 11 de abril de 2025 La lucha contra la corrupción en el Congreso chileno suma un nuevo capítulo con las explosivas declaraciones del diputado Daniel Manouchehri, del Partido Socialista (PS), quien este viernes puso en jaque a parlamentarios que hayan celebrado contratos con el Estado. Desde la capital, el legislador anunció que su equipo ya trabaja en la recopilación de antecedentes para presentar requerimientos individuales ante el Tribunal Constitucional (TC), basándose en un fallo que considera estas prácticas como una violación grave de la Constitución.
“El fallo del Tribunal Constitucional ha señalado que la sola celebración de un contrato con el Estado vulneraría la Constitución, incluso si esto se hace a través de terceros o mediante sociedades. Eso configuraría un ilícito constitucional, y los ilícitos constitucionales no prescriben”, afirmó Manouchehri en una rueda de prensa que captó la atención de todo el espectro político. Sus palabras, cargadas de determinación, apuntan a un objetivo claro: sancionar a quienes hayan incurrido en estas prácticas, sin importar cuánto tiempo haya pasado.
El pronunciamiento del TC al que alude Manouchehri se refiere a una interpretación que prohíbe a parlamentarios mantener vínculos contractuales con el Estado, ya sea directamente o a través de sociedades o terceros, por considerar que estos actos comprometen la independencia y probidad exigidas a los legisladores. Según el diputado, esta resolución establece que tales conductas constituyen ilícitos constitucionales, los cuales, a diferencia de delitos penales, no estarían sujetos a plazos de prescripción, abriendo la puerta a sanciones incluso por casos antiguos.
“Estamos conversando con otros parlamentarios para contar con las 10 firmas necesarias y prontamente anunciar el primero de estos requerimientos”, adelantó Manouchehri, dejando entrever que la ofensiva no se limitará a un solo caso. Aunque no mencionó nombres, la declaración desató especulaciones sobre quiénes podrían estar en la mira, especialmente tras recientes revelaciones periodísticas que han puesto el foco en contratos suscritos por legisladores de distintos sectores.
El anuncio de Manouchehri llega en un momento de máxima tensión política. La confianza en el Congreso ha caído a niveles históricos, con encuestas que reflejan un rechazo ciudadano superior al 80%. En este contexto, el tema de los contratos con el Estado se ha convertido en un arma de doble filo: por un lado, alimenta la percepción de corrupción en la clase política; por otro, ofrece a figuras como Manouchehri una oportunidad para posicionarse como abanderados de la transparencia.
Desde el oficialismo, el PS busca capitalizar esta cruzada para proyectar una imagen de compromiso con la probidad, en momentos en que el gobierno de Gabriel Boric enfrenta críticas por su manejo de la seguridad y la economía. Sin embargo, el movimiento no está exento de riesgos. Parlamentarios de oposición, especialmente de Chile Vamos, han insinuado que estas acusaciones podrían ser una “cortina de humo” para desviar la atención de los problemas del Ejecutivo, mientras que otros advierten que una cacería indiscriminada podría fracturar aún más el ya polarizado Congreso.
Aunque Manouchehri evitó dar nombres específicos, fuentes cercanas al PS sugieren que los requerimientos podrían apuntar a figuras de diversos sectores, incluyendo a legisladores de Renovación Nacional, la UDI e incluso algunos independientes. Las revelaciones de medios como The Clinic han puesto en el radar a parlamentarios, por supuestos vínculos contractuales con organismos públicos. Sin embargo, The Times en Español no ha verificado de forma independiente estas acusaciones, y los aludidos han negado irregularidades, argumentando que los contratos habrían sido celebrados por familiares o socios, no por ellos directamente.
El diputado socialista, acompañado por sus pares Daniela Cicardini y Tomás de Rementería, enfatizó que los requerimientos serán individuales y basados en pruebas concretas. “No se trata de una persecución política, sino de hacer cumplir la Constitución. Nadie está por encima de la ley”, recalcó. La exigencia de 10 firmas para presentar un requerimiento ante el TC implica que el PS necesitará apoyo de otros sectores, lo que podría convertir esta iniciativa en un termómetro de las alianzas políticas en el Congreso.
Análisis de The Times en Español: Un desafío a la clase política
Desde The Times en Español, consideramos que la estrategia de Manouchehri es un movimiento audaz, pero de alto riesgo. Por un lado, responde a una demanda ciudadana por mayor transparencia y sanciones efectivas contra la corrupción, en un país donde casos como el “Convenios Gate” y el escándalo de Democracia Viva aún resuenan. Por otro, la falta de nombres concretos y la vaguedad sobre los plazos podrían alimentar acusaciones de oportunismo político, especialmente si los requerimientos no prosperan en el TC.
El Tribunal Constitucional, compuesto por 10 ministros y presidido por Nancy Yáñez, tendrá un rol crucial. Sin embargo, su historial de fallos divididos en casos políticamente sensibles, como la reciente controversia sobre la Ley de Presupuesto 2025, sugiere que cualquier resolución estará bajo escrutinio. Además, la imprescriptibilidad de los ilícitos constitucionales, aunque jurídicamente sólida, podría generar un efecto dominó, abriendo la puerta a cuestionamientos retroactivos que paralicen el trabajo legislativo.
La cruzada de Manouchehri no solo pone en jaque a los parlamentarios cuestionados, sino que interpela a toda la clase política. En un Chile hastiado de escándalos, la ciudadanía observa con atención si esta iniciativa será un paso hacia la probidad o una mera batalla de egos. Desde The Times en Español, hacemos un llamado a que las acusaciones se sustenten en pruebas irrefutables y a que el TC actúe con celeridad para evitar que la incertidumbre erosione aún más la confianza pública. La pelota está en la cancha del Congreso, pero el tiempo de los discursos vacíos se acabó.
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