Irmina Herrera
Santiago, Chile – En un acalorado intercambio televisivo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, desmintió las afirmaciones del diputado Johannes Kaiser, quien calificó el nuevo régimen tributario para feriantes como un "impuesto al patrimonio". Este episodio, transmitido en directo por un canal nacional, refleja las repercusiones de la reforma tributaria impulsada por el gobierno de Gabriel Boric y su impacto en los comerciantes de ferias libres, un sector crucial para la economía local chilena.
La controversia se originó cuando Kaiser, conocido por sus críticas al gobierno, argumentó que el nuevo impuesto sobre las transacciones electrónicas de los feriantes afectaría su capital de trabajo, constituyendo un gravamen encubierto al patrimonio. A lo que Marcel respondió: "¿Cómo se puede considerar un impuesto al patrimonio algo que se aplica sobre una venta?" Destacó que lo relevante son las ventas y no el patrimonio acumulado.
El protocolo de acuerdo firmado en julio de 2024 en la feria Curacaví establece un régimen tributario especial para los feriantes, beneficiando a cerca de 100 mil trabajadores. Este sistema sustituye el IVA por un impuesto basado en ventas electrónicas, permitiendo además a los feriantes eximir otras obligaciones contables, promoviendo así la formalización y la transparencia en sus transacciones.
Las declaraciones de Kaiser generaron preocupación en ciertos sectores, que ven en ello un posible aumento de costos operativos para los feriantes. Marcel acusó al diputado de “construir fantasmas” y desinformar a la población, lo que resalta la polarización en la discusión sobre la reforma tributaria y las estrategias comunicativas de ambos lados del espectro político.
El proyecto de ley, que será enviado al Congreso, establece que los feriantes deberán inscribirse en un registro del Servicio de Impuestos Internos (SII) y contar con un permiso municipal. El nuevo impuesto, calculado sobre las ventas electrónicas, busca simplificar la tributación y fomentar la digitalización en las operaciones comerciales. Los feriantes tendrán un plazo de 12 meses para adaptarse a este nuevo sistema tras su aprobación.
Marcel enfatizó que este esfuerzo resulta de un trabajo conjunto con las asociaciones de ferias libres desde julio de 2023, y hace hincapié en la necesidad de otorgarles un estatus económico adecuado que incluya reglas claras.
El enfrentamiento entre Marcel y Kaiser ilustra la dinámica política actual de Chile, donde la reforma tributaria es un campo de batalla entre el oficialismo y la oposición. Marcel, con su experiencia en el Banco Central, ha logrado posicionarse como una figura técnica. El desafío para el gobierno radica en comunicar eficazmente los beneficios de la reforma y contrarrestar las narrativas alarmistas.
Este debate no es nuevo; en 2023, Marcel defendió un impuesto sobre patrimonios superiores a US$5 millones, lo que generó críticas por su posible impacto en la inversión. La confusión generada por Kaiser al vincular el régimen de feriantes con un impuesto al patrimonio puede ser un intento de apelar a los temores de los pequeños comerciantes.
El firme desmentido de Marcel subraya la importancia de una comunicación clara en cuestiones tributarias, especialmente para sectores vulnerables. A medida que el gobierno avanza en su agenda económica, la oposición seguirá buscando oportunidades para cuestionar su gestión. El nuevo régimen presenta una oportunidad para que los feriantes se formalicen en un entorno cada vez más digitalizado, aunque su éxito dependerá de una implementación efectiva.
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