Victor Manuel Arce Garcia
Antofagasta, Chile – En un fallo histórico, la Corte de Apelaciones de Antofagasta declaró ilegales las escuchas telefónicas a la psiquiatra Josefina Huneeus, exesposa del fundador de la Fundación ProCultura, Alberto Larraín, y cercana al presidente Gabriel Boric. Esta decisión, emitida el 16 de mayo de 2025, ordena la eliminación de todas las grabaciones recopiladas, que ya han sido calificadas como una violación a las garantías constitucionales. Una de las grabaciones anuladas incluye una controversia conversación del 14 de octubre de 2024 entre Huneeus y Boric, suscitando gran interés por sus implicaciones políticas.
El caso ProCultura es una de las ramificaciones del llamado Caso Convenios, que investiga presuntas irregularidades en el traspaso de casi $6 mil millones de fondos públicos a la fundación. Dirigida por Larraín, se indaga la posible comisión de delitos como fraude al fisco, lavado de activos y financiamiento irregular de campañas políticas, incluida la presidencial de Boric en 2021.
La fiscalía solicitó, en septiembre de 2024, la interceptación de 17 números telefónicos, incluyendo erróneamente uno asociado a Huneeus. Reportes de CIPER Chile indican que la solicitud carecía de fundamentos específicos, basándose en aspectos generales de la investigación, lo que permitió que se grabaran sus conversaciones privadas, incluida la del presidente Boric.
El 2 de octubre de 2024, el Juzgado de Garantía autorizó las escuchas, aunque la intervención del número de Huneeus se realizó bajo "suposiciones erróneas". La fiscalía, al reconocer el error, intentó justificar la continuación de las grabaciones argumentando que Huneeus era conocedora de los hechos investigados. No obstante, su defensa denunció la “grosera ilegalidad” de las escuchas, dado que Huneeus no era imputada y las grabaciones carecían de interés criminalístico.
El 10 de mayo de 2025, Huneeus presentó un recurso de amparo, exigiendo la anulación de las resoluciones y la eliminación de las grabaciones. La Corte de Apelaciones accedió a su petición el 16 de mayo.
La grabación del 14 de octubre de 2024 entre Huneeus y Boric es el corazón de esta controversia. Según Reportajes T13, la conversación reveló temas de "control de daños" sobre el caso ProCultura. Boric manifestó su preocupación por la investigación y su relación con Larraín, mientras Huneeus criticaría a este, sugiriendo que utilizaba la cercanía al presidente para aumentar su influencia.
La filtración de esta grabación originó serias críticas dentro del Frente Amplio, que acusó al fiscal Patricio Cooper de practicar “espionaje” político, planteando que la interceptación de una persona no imputada representaba una amenaza para la democracia.
El fallo fue celebrado por la defensa de Huneeus, considerándolo un triunfo de las garantías constitucionales. Sin embargo, la fiscalía, representada por el persecutor Eduardo Yáñez, defendió las escuchas, argumentando que Huneeus había pasado a ser imputada. Esta postura fue refutada por la corte, que subrayó la falta de fundamentos legales.
Desde Japón, el presidente Boric instó a “dejar que las instituciones funcionen”, defendiendo la necesidad de investigar “caiga quien caiga”. En contraste, el Frente Amplio insistió en la ilegalidad de las escuchas.
El fallo de la Corte de Apelaciones no solo agita el caso ProCultura, sino que también expone tensiones entre la justicia, el Ministerio Público y el gobierno de Boric. Este episodio subraya la compleja relación entre la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos fundamentales en un ambiente político tenso.
El cumplimiento de los derechos de Huneeus por parte de la corte retó la autorización inicial brindada por la jueza Sissi Bertoglio, resaltando inconsistencias en el sistema judicial. La decisión podría revolucionar el debate sobre los controles de interceptaciones telefónicas, un tema que va más allá del caso ProCultura.
En conclusión, el desarrollo del caso ProCultura no solo se centra en irregularidades financieras, sino que también sirve como termómetro de la salud democrática en Chile. La anulación de escuchas ilegales reafirma la importancia de las garantías constitucionales, aunque también pone de relieve los desafíos actuales del sistema judicial.
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